Tras forzar la retirada de la reforma del Gobierno a la Ley del Suelo en mayo del año pasado, el PP anunció su propia propuesta. Compartían la necesidad de acometer los cambios planteados por el Ministerio de Vivienda para permitir modificaciones en los planes urbanísticos pero creían que la propuesta se quedaba corta. Y, dicho sea de paso, no quisieron aprovechar la situación de debilidad del Ejecutivo.
La propuesta se anunció para la vuelta del verano, pero no ha sido hasta los últimos días de enero cuando los ‘populares’ registraron en el Senado su proposición de ley, culminando un proceso de seis meses de diálogo con operadores y asociaciones del sector. Contempla medidas planteadas por el Gobierno –particularmente en materia de nulidad y anulabilidad y las limitaciones a la acción pública– pero las complementa con nuevas reformas.
Además de llevar más lejos el silencio administrativo positivo en la tramitación urbanística, traslada los cambios judiciales a la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, agiliza y facilita los desahucios y, por encima de todo, deroga aspectos troncales de la Ley de Vivienda, como la regulación de precios. De todo ello, y de aspectos que quedan fuera de la iniciativa pero forman parte de la propuesta del PP para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, viene a hablar Paloma Martín Martín (Madrid, 1970), senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular.
¿Cuáles son las diferencias con la propuesta que presentó el Gobierno el pasado año en el Congreso y con la proposición de ley que volvió a tramitar el Partido Socialista y el PNV?
No nos limitamos a hacer una modificación cosmética de la Ley del Suelo, sino que buscamos reformar otros cinco textos legales –Ley de Vivienda, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas— para dar las soluciones que el mercado de la vivienda necesita.
Tenemos una situación de la vivienda absolutamente estrangulada, los precios son prohibitivos, la ‘inquiocupación’ y la ocupación son graves problemas que están hundiendo la oferta de alquiler. No puede ser que las políticas fracasadas estén marcando la agenda en materia de vivienda.
No nos limitamos a una modificación cosmética de la Ley del Suelo. Buscamos reformar otros cinco textos legales para dar soluciones al mercado de la vivienda
Por eso el Partido Popular, desde una visión constructiva, hemos presentado no sólo una ley muy ambiciosa y reformista, sino también un plan de vivienda hablado con organizaciones sociales, sectores del mercado de la vivienda, organizaciones juveniles afectados por la ocupación y la ‘inquiocupación’… Un plan que está hecho conociendo cuáles son las dificultades a las que se enfrentan ciudadanos, sector y colegios profesionales, y dando respuesta a sus necesidades.
En mayo del año pasado lamentaba en Demócrata que a la propuesta de Gobierno le faltaban las reformas procesales necesarias para acompañar los cambios en su reforma de la Ley del Suelo. ¿Cuáles son los cambios que propone ahora el PP para acompañarla?
Junto a la Ley del Suelo, que lo que propone es una administración más eficaz para que todas las administraciones públicas emitan sus informes en plazo y den las licencias en plazo, hemos dado fiel reflejo de lo recogido en ahí en la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, para que los jueces tengan una norma clara.
Pero nuestra reforma no se acaba ahí. De nada serviría avanzar si no se derogan los aspectos más lesivos de la Ley de Vivienda: vamos a derogar las zonas de mercado tensionado, los índices de los precios de los alquileres y queremos acabar con la banalización que se hace de la vulnerabilidad para que los ‘inquiocupas’ y los ocupas no puedan campar a sus anchas.
¿A qué se refiere cuando habla de “banalización de la vulnerabilidad”?
A día de hoy se está produciendo una situación en la que personas que entran con un contrato de alquiler en una casa pero que, transcurridos los primeros meses, dejan de pagar ese alquiler. Y el Gobierno, a través de la Ley de Vivienda, vino a blindar la ‘inquiocupación’ hasta el punto que se ha retrasado la recuperación de la posesión por el legítimo propietario de once meses a veintiún meses.
Vamos a derogar las zonas de mercado tensionado, los índices de los precios del alquiler y la banalización que se hace de la vulnerabilidad para la ‘inquiocupación’
No se puede permitir. Se tiene que desalojar a los okupas en 24 horas, se tienen que incrementar las penas para aquellos okupas y para aquellas mafias que alientan y promueven la ocupación. Hemos de ser capaces de dar herramientas a las comunidades de propietarios para que puedan llevar a cabo actuaciones preventivas y evitar la ocupación, pero también para que, cuando esa ocupación se produzca, tengan la posibilidad de acudir directamente a las autoridades y denunciarlas.
Pero en la proposición de ley que ha registrado ahora no se contemplan medidas contra allanamiento u usurpación…
Hemos tramitado una ley contra la ocupación ilegal, que es una ley que está bloqueada y secuestrada por la señora (Francina) Armengol en el Congreso de los Diputados. Hemos requerido al Congreso para que active su votación. Y esa ley sí que tiene las medidas orientadas directamente a combatir la ocupación.
En esta ley de medidas para el suelo y la vivienda hemos incluido medidas para frenar la ‘inquiocupación’, todas aquellas que tienen que ver con la recuperación de la posesión por parte del legítimo propietario.
¿No le preocupa que pueda haber un aumento exponencial de desahucios o de desalojos a partir del rigor de esa medida?
El Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que dice el sentido común. En vez de poner a las administraciones públicas para que den solución a los problemas que pueden tener familias que quieren cumplir con sus obligaciones de pagar el alquiler, pero que tienen una situación sobrevenida y necesitan ayuda de la Administración, hace ‘tabla rasa’ y considera que una persona, aunque gane 1.800 euros al mes, está en una situación de vulnerabilidad. Una persona que cobra 1.800 no está en situación vulnerable porque el salario medio en España no llega a los 1.140 euros. A eso llamamos nosotros banalizar la situación de vulnerabilidad.
El sistema de avales es una medida equivocada, se vincula a un mantenimiento de la posesión en manos del ‘inquiocupa’ y prorroga un año más la suspensión de los desahucios
La Administración tiene que dar solución a las familias que de verdad tienen una situación sobrevenida y no pueden hacer frente al alquiler, pero no hacer recaer sobre los particulares la carga que supone una situación de impago. Muchas veces utiliza esos ingresos de la renta de alquiler para hacer frente a otros pagos, como pueden ser los cuidados que necesita una persona mayor que está en una residencia.
¿Qué le parece el sistema de avales públicos planteado por el Gobierno en el último decreto-ley? ¿Puede ser compatible con sus medidas de vivienda?
La medida es equivocada, porque la vinculan a un mantenimiento de la posesión de la propiedad en manos del ‘inquiocupa’. Prorroga un año más la suspensión de los desahucios y evita así la recuperación de la posesión. Además, plantea unos avales que cubren también todos los desperfectos que se ocasionen en la vivienda y establecen que el propietario no puede solicitar esas ayudas hasta seis meses después de haber recuperado la posesión. Está pensado para las familias que tienen pulmón y que pueden aguantar dos años o más sin esos ingresos que le genera el alquiler de una vivienda. Nos parece una medida absolutamente equivocada.
Volviendo a las medidas específicas para reformar la Ley del Suelo, el PP propone ir más lejos que el Gobierno en materia de silencio administrativo positivo. ¿Cuáles son las actuaciones que se verían afectadas por el cambio?
Entendemos que la Administración ha de ser eficaz en el ejercicio de sus competencias y por eso facilitamos silencio positivo a aquellos informes sectoriales que deben emitir las distintas Administraciones, que en algunas ocasiones no sólo no los emiten en el plazo necesario, a los tres meses, sino que ni siquiera se llegan a pronunciar, provocando que los proyectos se alarguen en el tiempo. Queremos que los informes sectoriales se emitan en el plazo de tres meses y, en caso contrario, la consecuencia sea el silencio positivo.
Cuando nos reunimos con el sector y con los ayuntamientos nos dicen que los informes de las confederaciones hidrográficas tardan meses, cuando no años, en llegar. Los informes de Navegación Aérea, Puertos, Carreteras, Costas… son informes que se demoran muchísimo en el tiempo y eso encarece la construcción de una vivienda.
Las licencias para nueva construcción o para realizar obras en edificios existentes deben emitirse en plazo. Si no, se darán por emitidos
La segunda modificación que hacemos es la de licencias urbanísticas de nueva construcción para levantar nuevos pisos o para realizar obras en edificios existentes, siempre que estén protegidos porque tengan un valor patrimonial. En esos casos, son licencias clave que te paralizan un desarrollo urbanístico. Deben de emitirse en el plazo correspondiente y su no emisión supondrá también darlos por emitidos.
La iniciativa prevé garantías para evitar una nulidad en cascada de los planos urbanísticos y limitaciones para recurrir los planes. ¿Qué efectos se buscan conseguir y cómo afectaría a la tramitación de planes y a la construcción de nuevas viviendas?
En España hay decenas de municipios que tienen sus planes urbanísticos declarados nulos por cuestiones meramente formales o de procedimientos de mínima incidencia. Eso significa que, años después de haber aprobado un planeamiento y de que haya transformado la ciudad, el plan sea declarado nulo y, por extensión, todos los actos que se hayan producido como consecuencia de aquella aprobación
Queremos que, con la reforma de la Ley del Suelo, puedan subsanarse aquellas cuestiones que sean de procedimiento menor, que no supongan desde luego un cambio radical en el procedimiento, y que aquellos defectos formales se den ya por solventados.
Queremos dar seguridad jurídica a los ayuntamientos, que son los primeros afectados, pero luego también a todo el sector que construye, a todo el sector que solicita una licencia para desarrollar una actividad en un local y que luego, como consecuencia de esa nulidad en cascada, ve que hasta su propia licencia de actividad económica está en entredicho.
Una de las diferencias con la propuesta del Gobierno es que el PP propone salvar de posibles anulaciones a planes que estén incluso recurridos, siempre que no haya una sentencia firme.
Hemos incluido artículos, con asesoramiento de expertos, para que exista un régimen transitoria que dé la mayor seguridad jurídica a aquellos procedimientos que estén tramitándose, o sobre los que se hayan dictado sentencias pero que estén pendientes de ejecución. Y para que no se produzca indefinición con el cambio de la ley, si resulta aprobada, con aquellas sentencias que a día de hoy están pendientes de ejecución o los planes que están recurridos.
En la propuesta no se incluye ninguna propuesta de carácter tributario, cuando es uno de los puntos en los que el PP siempre incide dentro de sus políticas. ¿Cuál es la razón?
Esta ley se complementa con nuestro plan de vivienda, un plan muy ambicioso en que ahí sí hay modificaciones que afectan a la fiscalidad. Por ejemplo, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han acordado rebajar al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el presidente (del PP, Alberto Núñez) Feijóo se ha comprometido a rebajar también el IVA.
Hay decenas de municipios con planes urbanísticos declarados nulos por meras cuestiones formales o de procedimiento. Queremos que puedan subsanarse o se den por solventados
En el acuerdo que citaba entre el presidente Feijóo y las comunidades gobernadas por el PP se incluye también la previsión de aprobar incentivos al sector privado para favorecer la construcción o la promoción de vivienda protegida. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos incentivos?
El primer de los incentivos es poner suelo público para la colaboración público-privada. Los tres niveles de la Administración tienen mucho suelo en desuso, que lleva tiempo vacante y que ha de cumplir una finalidad, como es la construcción de vivienda asequible.
Las comunidades del PP se han comprometido también a poner ese suelo público para la construcción de vivienda a precio asequible y por eso exigimos también que la Administración General del Estado, que es uno de los mayores propietarios de suelo a través de SEPES, los ministerios de Defensa, de Interior y de toda la red de transporte de Adif, ponga ese suelo también a disposición.
La Administración General del Estado es también uno de los mayores tenedores de vivienda a través de la SAREB. Por eso es importante que, en un momento de emergencia como el que nos encontramos, donde la vivienda se ha convertido en un bien de lujo, todas las administraciones hagan un esfuerzo para poner suelo en disposición de construir vivienda a precios asequibles. Y las viviendas que hay, o bien se rehabiliten, o que se transformen en viviendas también a precios asequibles.
¿Una de las posibilidades puede ser incluir en los contratos ayudas o compensaciones a las promotoras en concesiones de régimen de alquiler o venta a precios más reducidos?
Una buena parte de los fondos euros se podía destinar precisamente a eso, y el Gobierno ha decidido que una parte muy pequeña de los fondos que ha recibido España se destine precisamente a la rehabilitación de vivienda a costa de requisitos de eficiencia energética, y luego transformarlo en una vivienda a precio asequible. Las comunidades autónomas del PP han venido pidiendo mayores esfuerzos porque, habiendo recibido muchos recursos para transformar la economía española y para hacerla más competitiva, el Gobierno no ha querido que su prioridad fuera la vivienda.
Todas las administraciones tienen que poner suelo para construir viviendas a precio asequible. Es un momento de emergencia
Hay que recordar que por cada vivienda que se construye se generan dos empleos y medio, y que hay una sequía inmobiliaria en España porque la diferencia entre las casas que se construyen y los hogares que se crean cada año es enorme. Y sigue agrandándose esa brecha porque se acumulan años de una muy baja construcción.
Hace unas semanas el Gobierno planteó un PERTE para la construcción. ¿Va a proponer el PP medidas para su inclusión en este proyecto?
Hay tres medidas muy específicas entre las treinta planteadas por el PP para invertir en nuevas formas de construcción, con construcción industrializada, en I+D+i y también en la formación de los trabajadores que se necesitan en el sector, especialmente en formación profesional dual y políticas activas de empleo.
Entre esas medidas se incluyó una propuesta para flexibilizar la regulación en el acceso a vivienda protegida. ¿A qué aspectos se refieren?
Los tiempos de tramitación desde que se tiene un suelo rústico hasta que se levanta la vivienda son muy dilatados, están tardando entre diez y quince años. Lo primero que hay que hacer es agilizar. No puede ser que se tarden quince años en transformar un suelo y en construir, porque eso tiene una incidencia directa en el precio final.
No puede ser que se tarden 15 años en transformar un suelo y construir vivienda. Eso tiene incidencia directa en el precio final
Igualmente, la carga impositiva que tiene la vivienda es muy alta y por lo tanto ahí proponemos rebajar al 4% el ITP, y nos gustaría que el Gobierno rebajara también el IVA al 4%.
Y luego están otras cuestiones que generan inseguridad jurídica en el mercado: la intervención del mercado como las zonas de mercado tensionado, el índice de los precios y la tolerancia con la ocupación.
Ni en esta ley ni tampoco en el Plan Estratégico que ha presentado el PP se hace alusión al auge de los pisos turísticos. Quería preguntarle por qué y también qué planes o qué propuestas hace el PP en este sentido.
Los pisos turísticos no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que tienen la regulación que corresponde al sector turístico. Es decir, son competencias que tienen las comunidades autónomas y luego los ayuntamientos tienen ordenanzas municipales donde establecen su tipología y dan la autorización de generar la actividad económica.
El Gobierno ha utilizado con mucha frecuencia los pisos turísticos como chivo expiatorio y nos parece un error, pero hay que escuchar a los alcaldes de los municipios, que son los que mejor conocen la realidad. Nada tiene que ver la situación que se produce en el centro de una ciudad con la situación de una zona costera donde muchas veces no hay ni oferta hotelera en las zonas de playa. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso y escuchar a los alcaldes, y permitir que tomen sus decisiones.
El Gobierno utiliza los pisos turísticos como chivo expiatorio. Hay que escuchar a los alcaldes. Y hay que hacer planes muy completos de inspección
Luego hay que complementarlo, eso sí, con un control sobre la actividad económica. A todos perjudica a todos que haya pisos turísticos que no estén cumpliendo con la norma. Hay que hacer planes muy completos de inspección para garantizar la calidad y la certeza al usuario que esa vivienda cumple con los requisitos, pero no usemos el problema de los pisos turísticos como chivo expiatorio. Sólo hay que acudir al caso de Barcelona. Llevan años prohibiendo los pisos turísticos, ya no se dan licencias de actividad y la ciudad tiene los precios más altos de alquiler de toda España.
En referencia al control, ¿no le parece que los ayuntamientos no cuentan con los recursos suficientes o los instrumentos para hacer cumplir la normativa?
Los ayuntamientos llevan tiempo reclamando al Gobierno una financiación adecuada a los servicios que prestan, porque prestan unos servicios muy importantes a los ciudadanos y luego no ven reconocido ese esfuerzo en la financiación que reciben. Desde luego, compartimos esa petición que hacen los ayuntamientos de mejorar el modelo de financiación que tienen.
Volviendo a la tramitación de la proposición de ley, ¿han tenido encuentros previos o han negociado la iniciativa con otros grupos parlamentarios?
La negociación empezará ahora, que se ha registrado en el Senado. Estamos abiertos a hablar con los distintos grupos parlamentarios, a que conozcan a fondo nuestra ley, las ventajas y consecuencias positivas que va a tener su aprobación, y esperamos concitar el mayor número de apoyos posibles. Incluido, desde luego, el del PSOE porque es absolutamente necesaria para dar un vuelco a la situación de emergencia en la que se encuentra la vivienda.
Aquí puede consultar la entrevista completa con la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín