No se hará esperar una de las grandes medidas del año. El Gobierno espera aprobar en las próximas semanas el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una norma marco con las líneas generales para desplegar la política de vivienda durante los próximos cinco ejercicios.
Bueno, bonito y ‘barato’. Directo a la gran preocupación de la sociedad española y ‘gratis’ desde el punto de vista parlamentario. No necesita el aval del Congreso al aprobarse como Real-Decreto.
Sin castigo... Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran a Demócrata que no existirán penalizaciones en el reparto de fondos por no aplicar la Ley de Vivienda, como exigía Sumar, ante el bloqueo de las comunidades del PP --la gran mayoría-- a declarar zonas tensionadas.
El reparto de fondos nace de un acuerdo en la conferencia sectorial, en el que participan las administraciones autonómicas y no estará condicionado a la aplicación de la norma. Los criterios y los números están ya pactados.
... Pero con premio. Lo que sí habrá son fondos adicionales para las comunidades que sí apliquen la ley y declaren zonas tensionadas. Es un desarrollo de lo reconocido en la propia norma, que prevé mayores recursos para aumentar la oferta de vivienda.
Línea roja. La obsesión del Gobierno es que todo el esfuerzo inversor por aumentar el parque público no sea en balde en los próximos años por su desclasificación y trasvase al mercado privado.
La Ley de Vivienda incorporó la prohibición de venta de la vivienda protegida, una previsión que el Tribunal Constitucional anuló por tratarse de una competencia autonómica. Las competencias en materia de vivienda residen en las comunidades autónomas.
Sin embargo, en el Ministerio defienden que lo que sí es competencia del Gobierno es decidir qué tipo de inversiones van a financiar, y la decisión en este caso es financiar sólo vivienda que no pueda ser desclasificada.
Buena onda. Un alto cargo de Vivienda destaca a Demócrata la voluntad trasladada por las administraciones autonómicas, incluso entre las gobernadas por el Partido Popular, por conservar el carácter público del parque de vivienda.
Cláusula preventiva. En todo caso, prevén una garantía legal para garantizar su permanencia en el parque público, independientemente del blindaje que exista en la normativa autonómica. Según informan desde el Ministerio, toda vivienda financiada con recursos estatales irá ligada a una anotación registral condicionada, una nota provisional en el Registro de la Propiedad para garantizar su carácter público.
Los números del plan. El Gobierno anticipó una dotación histórica de 7.000 millones de euros dirigidos fundamentalmente a aumentar el parque de vivienda asequible y la rehabilitación del parque existente.
Construcción y compra. Este vector concentrará el 40% de los recursos, a través de fórmulas de colaboración público-privada, la incorporación de promotores sociales y la movilización de vivienda vacía a través de su compra o cesión. El Ministerio anunció hace semanas la movilización de 100 millones de euros para la compra de vivienda para sumarla al parque de la nueva empresa Casa 47.
Ayudas a la promoción. El borrador del Plan que el Ministerio sacó a audiencia pública contemplaba ayudas de hasta 1.000 euros por metro cuadrado a promotoras de vivienda destinadas a alquiler social o asequible, pero podrán ser más elevadas si se utilizan técnicas de construcción industrializada o se acometen en zonas de mercado tensionado. Y aún más si se dan ambas circunstancias.
Rehabilitación. Copará, en principio, el 30% de los fondos del plan con ayudas específicas para viviendas, edificios y entornos urbanos. Las ayudas aumentarían si la vivienda está en una zona de protección patrimonial o la vivienda se alquila después a precio asequible.
La ayuda cañón. El plan contendrá líneas de ayudas específicas para jóvenes, entre ellas ayudas al alquiler, al alquiler con opción a compra –con subvenciones de hasta 30.000 euros–, ayudas a la compra en la España vaciada o avales para propietarios que alquilen a personas jóvenes.
Garantía de asequibilidad. El compromiso es que todo alquiler esté topado para impedir que la renta sobrepase el 30% de los ingresos. En el caso de viviendas de Casa 47, el precio máximo será el 30% de la renta media de cada territorio y los contratos tendrán una vigencia máxima de 75 años, con prórrogas cada 14 años siempre y cuando se sigan cumpliendo las condiciones de acceso.