Europa tiene el foco puesto en la regulación de los entornos digitales para blindar la seguridad de los jóvenes, y una de las decisiones más trascendentales que hay sobre la mesa es la prohibición de uso de redes sociales a menores de 16 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se incluiría expresamente en el Proyecto de ley de protección de menores en red, que se encuentra en tramitación en el Congreso y que esta semana se ha reactivado con la constitución formal de la ponencia que deberá elaborar el informe.
La iniciativa recoge que los menores de edad tienen derecho a ser eficazmente protegidos en los entornos digitales, para lo cual, se implementará un paquete de medidas que los diputados y diputadas designados por sus grupos deberán plasmar negro sobre blanco en un informe (que será posteriormente sometido a votación). Los puntos más calientes son el control parental y el etiquetado de dispositivos tecnológicos (smartphones, tablets, ordenadores, televisores inteligentes y cualquier producto con conexión a la red); y hay aún muchos aspectos que negociar, tal y como publicó Demócrata. ¿Quiénes son los encargados de hacerlo?
El quién es quién de la ley
De los 15 integrantes de la ponencia, Partido Popular y PSOE atesoran tres cada uno, en calidad de grupos mayoritarios. Vox y Sumar, en un segundo escalafón, dos cada uno; y el resto de formaciones, uno por bancada. Incluida la Mixta.
El equipo del Partido Popular ejemplifica lo multidisciplinar de la materia, que impacta no solo en la Comisión de Justicia, sino en políticas de Juventud e Infancia y de digitalización. La terna popular la conforman los diputados Fernando de Rosa, Juan Andrés Bayón y Juan Luis Pedreño. El primero, De Rosa, es el vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es uno de los hombres fuertes del PP en el Congreso en este ámbito. Fue magistrado, vicepresidente del CGPJ y conseller de Justicia en la Comunidad Valenciana. Junto a la portavoz popular en la Comisión, María Jesús Moro, son los dos rostros que pilotan Justicia.
Le acompañan Juan Andrés Bayón, portavoz adjunto de la Comisión de Juventud e Infancia; y Juan Luis Pedreño, Doctor Ingeniero de Telecomunicación en Neurotecnología, Control y Robótica y portavoz en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital y en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Por su parte, el equipo del PSOE encarna un perfil muy técnico con una derivada más social y, sobre todo, con perspectiva de género. Adriana Maldonado, portavoz socialista en la Comisión de Industria y Turismo, estará acompañada por Milena Herrera, experta en evaluación de impacto de género y portavoz en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, y por Inés Plaza, la voz autorizada en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, además de vocal en la de Igualdad, Juventud e Infancia, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y de ser ponente en la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio.
Por su parte, Vox ha designado como ponentes a Blanca Armario, diplomada en Magisterio, fue directora de un colegio público de Educación Infantil y Primaria en Arcos (Sierra de Cádiz) y portavoz del grupo en la Comisión de Juventud e Infancia; y a Alberto Rodríguez, portavoz de la Comisión de Industria y Turismo (como Adriana Maldonado) y en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Sumar ha encomendado la labor de negociar varias enmiendas y redactar el informe a Nahuel González, portavoz y vicepresidente primero de la Comisión Constitucional, portavoz de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Juventud e Infancia. Es la voz magenta en asuntos relacionados con jóvenes y con el ámbito cultural. De hecho, es de Izquierda Unida, misma familia política que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cuya fluida comunicación permitirá aterrizar cuestiones pendientes, como la apuesta por que el control parental se active por defecto. González hace binomio con Enrique Santiago, portavoz en la Comisión de Justicia.
En cuanto al resto de grupos, sus representantes acostumbran a amasar varios asuntos simultáneamente por la corpulencia de sus respectivas bancadas. Son los siguientes:
- Por ERC, Pilar Vallugera.
- Por Junts, Pilar Calvo.
- Por EH Bildu, Isabel Pozueta.
- Por el Grupo Vasco EAJ-PNV, Nerea Rentería.
- Por el Mixto, la representante de Podemos, Martina Velarde.
Yolanda Díaz compromete la ley
Los antecitados diputados ya se han visto las caras de forma oficial en la sesión constitutiva de la ponencia y, ahora, toca trabajar a puerta cerrada. La pregunta es cuándo arrancarán.
Habitualmente, se suele fijar una fecha, pero no en esta ocasión. Fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata aseguran que la idea es verse “pronto”, pero el último choque entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Carles Puigdemont “no ayuda”.
Este proyecto de ley no es uno de los que Junts anunciara que iba a facilitar tras su ruptura con el PSOE, por lo que su acomodo en el BOE no está ni mucho menos garantizado. Para más inri, se trata de una ley Orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto, Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un escueto montante de 172.
El plan del Ejecutivo pasaba por ir seduciendo a Junts, sin embargo, Díaz ha hecho saltar todo por los aires calificando al partido de Puigdemont de “racista” y “clasista”; a lo que el expresident catalán no tardó en reaccionar: “La próxima vez, que le pida los votos al PP para ser vicepresidenta”.
Una app en camino
Uno de los asuntos más relevantes y que, llegado el momento, la ponencia deberá aterrizar, es el control parental. El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. La disputa es entre fabricantes y operadores; y entre los que se decantan por que los productos lo tengan activado por defecto y quienes optan por aplicarlo durante la configuración inicial.
En este sentido, la semana pasada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, impulsó un cónclave en el que participaron tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como Pedro Sánchez, entre otros líderes de la UE. En él, Macron se posicionó a favor de que sean las plataformas las que asuman el control parental. Von der Leyen confirmó que ya tiene “técnicamente lista” una app que verifica la edad de los usuarios, e invitó a todos los Estados miembros a usar dicha arquitectura para desarrollar sus propias aplicaciones, adaptadas a sus respectivas necesidades nacionales.
Etiquetado, otro asunto a resolver
La nueva norma establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones.
Los fabricantes de dispositivos tecnológicos son reticentes al actual redactado en lo tocante a las obligaciones de etiquetado por dos motivos. En primer lugar, porque consideran que genera inseguridad jurídica, ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico, pues dependen de factores individuales. Por otro lado, esgrimen que incrementaría el uso de papel (manuales y etiquetas) y tinta.
Como alternativa, el sector plantea a los grupos parlamentarios que se pueda integrar la información en la página web o en un formato digital fácilmente accesible, además de que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen una etiqueta con información estandarizada para que sea uniforme, independientemente del fabricante.
En una entrevista con Demócrata, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica que el Gobierno está digiriendo todas las enmiendas y que la decisión podría ejecutarse a través de un desarrollo reglamentario posterior.
El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, a través de su grupo parlamentario, propone como alternativa que los fabricantes puedan disponer un formato digital fácilmente accesible, como en la página web, pero manteniendo la información en el embalaje y en los libros de instrucciones, manuales o guías de uso. Y en sintonía con el sector, consideran que deben ser las autoridades y organismos públicos los que determinen reglamentariamente el conjunto de información estandarizado.
Otros grupos, como PNV, ERC o Junts, a través de sus respectivas enmiendas, apuestan por flexibilizar la exigencia y que la información se pueda disponer en cualquier soporte para evitar que el exceso de la misma pueda confundir a unos consumidores que, en ocasiones, no prestan la debida atención al embalaje de un nuevo producto.