Este martes echará a andar una de las prioridades del Gobierno: el Proyecto de ley de Protección de menores en entornos digitales. Tras la celebración de la Comisión de Justicia a las 11:30 horas, se constituirá la ponencia que elaborará el informe. La iniciativa incluye la prohibición de usar redes sociales a menores de 16 años anunciada por Pedro Sánchez, así como varios aspectos que mantienen agitado al sector. ¿Qué se espera de la norma, cuáles son los puntos calientes, cómo sacudirá al sector y qué posibilidades reales tiene?
Qué plantea la ley
El proyecto de ley recoge que los menores de edad tienen derecho a ser eficazmente protegidos en los entornos digitales, para lo cual, se implementará un paquete de medidas, a destacar, el control parental, que es además uno de los puntos más calientes.
El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. La disputa es entre fabricantes y operadores; y entre los que se decantan por que los productos lo tengan activado por defecto y quienes optan por aplicarlo durante la configuración inicial.
Por otra parte, la nueva norma establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones.
El PSOE pretende -vía enmiendas- endurecer el Código Penal en dos flancos: la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la suplantación de identidad en red. También se pretende blindar la protección de datos de niños, niñas y adolescentes y reforzar la de las personas con discapacidad. En concreto, plantean una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien “sin autorización de la persona o personas afectadas, revele o ceda a terceros material íntimo que tenga a su disposición con el consentimiento de dichas personas, tanto en soporte perdurable como limitado o en emisiones en directo, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad”.
El matiz con respecto a la vigente normativa es la referencia a “material íntimo que tenga a su disposición”. Actualmente, el CP habla de materiales que “hubiera obtenido con su anuencia”. El propósito, según justifica el PSOE, es evitar problemas interpretativos con el vocablo “obtener”. La víctima puede enviar voluntariamente las imágenes y el destinatario las “obtiene”, al igual que si son grabadas. La obtención siempre parte del consentimiento de la víctima, pero lo realmente relevante es la conducta típica del delito, que es la difusión no consentida de esas imágenes, no su “obtención”. Con esta enmienda, se subsana la posible laguna.
Otra de las aristas que habrá de discutir la ponencia será la regulación del uso de la tecnología en los ámbitos educativos. El texto que salió del Consejo de Ministros pretende conjugar las competencias digitales con la obligación de que los centros educativos regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y similares (tablets, ordenadores, relojes inteligentes, etc.), tanto en las aulas como en las actividades extraescolares, de acuerdo con las normativas autonómicas que ya existen o que tendrán que aprobarse. Los grupos parlamentarios coinciden en lo nuclear, que es la necesidad de regulación, pero plantean cambios de calado tales como límites de tiempo de uso o, incluso, la prohibición absoluta.
El debate sobre las redes sociales
El presidente del Gobierno anunció que se impulsaría una enmienda transaccional para que el texto recogiera explícitamente la prohibición; una medida que desde Sumar aceptan con matices.
A juicio de los magenta, el redactado ya lo contemplaba de forma lo suficientemente garantista. Además, consideran que el debate no debe pivotar en torno a la prohibición, sino que debe centrarse en hacer de la red un entorno seguro para que los menores puedan navegar sin riesgo. De hecho, plantean la posibilidad de impulsar una red social pública, no controlada por “caudillos tecnológicos” con “algoritmos dañinos para nuestros hijos”.
Etiquetado, un pulso de continente y contenido
Los fabricantes de dispositivos tecnológicos son reticentes al actual redactado en lo tocante a las obligaciones de etiquetado por dos motivos. En primer lugar, porque consideran que genera inseguridad jurídica, ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico, pues dependen de factores individuales. Por otro lado, esgrimen que incrementaría el uso de papel (manuales y etiquetas) y tinta.
Como alternativa, el sector plantea a los grupos parlamentarios que se pueda integrar la información en la página web o en un formato digital fácilmente accesible, además de que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen una etiqueta con información estandarizada para que sea uniforme, independientemente del fabricante.
En una entrevista con Demócrata, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica que el Gobierno está digiriendo todas las enmiendas y que la decisión podría ejecutarse a través de un desarrollo reglamentario posterior.
El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, a través de su grupo parlamentario, propone como alternativa que los fabricantes puedan disponer un formato digital fácilmente accesible, como en la página web, pero manteniendo la información en el embalaje y en los libros de instrucciones, manuales o guías de uso. Y en sintonía con el sector, consideran que deben ser las autoridades y organismos públicos los que determinen reglamentariamente el conjunto de información estandarizado.
Otros grupos, como PNV, ERC o Junts, a través de sus respectivas enmiendas, apuestan por flexibilizar la exigencia y que la información se pueda disponer en cualquier soporte para evitar que el exceso de la misma pueda confundir a unos consumidores que, en ocasiones, no prestan la debida atención al embalaje de un nuevo producto.
¿Posibilidades reales?
La pregunta del millón es si, todo lo antecitado, encontrará acomodo finalmente en el BOE o se truncará en algún punto de la tramitación parlamentaria.
La ruptura anunciada por Carles Puigdemont afecta en concreto a esta propuesta, pues no integra la lista de cinco a las que garantizaron que facilitarían su tramitación. Para más inri, se trata de una ley Orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto, Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 172.