Estas son las medidas derogadas por el Congreso con el decreto-ley ómnibus

El rechazo del Congreso acaba con los descuentos en transporte, la subida de las pensiones, el escudo 'antiopas' o la prohibición de desahucios. También anula la actualización de cotizaciones o la vigencia del SMI

(Foto de ARCHIVO) La vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid / Fernando Sánchez / Europa Press

(Actualización a las 14:40 horas del 22/01 tras la votación del decreto-ley en el Congreso)

Cinco años después del primer decreto-ley con medidas de emergencia social, el Congreso tumbó la última prórroga de medidas económicas y sociales de lo que primero se denominó como ‘escudo social’ y después simplemente ‘anticrisis’.

A la pandemia le sucedió la crisis energética y la guerra de Ucrania. Las sucesivas prórrogas añadieron medidas y fueron descartando otras, como las rebajas fiscales a la electricidad, no incluidas ya. La última sí contemplaba, entre otras cuestiones, la prohibición de desahucios y lanzamientos hipotecarios, y de cortes de suministros en hogares vulnerables, o los descuentos en el bono social.

También los descuentos al transporte aprobados para combatir la crisis de precios y prorrogados una última vez hasta la aplicación de un nuevo sistema a partir de julio. Con ellos, también otras medidas como la prolongación del llamado ‘escudo antiopas’ para restringir inversiones extranjeras, las ayudas a la industria electrointensiva o a la compra de vehículos eléctricos.

Y, junto a ello, una batería de medidas en Seguridad Social y el sistema tributario que, ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos, el Gobierno decidió incluir en el decreto-ley. Como, por ejemplo, la revalorización de las pensiones con el IPC o la prórroga de la vigencia del salario mínimo interprofesional.

Descuentos en el transporte

Prórroga de los descuentos en el transporte público terrestre hasta el 30 de junio: gratuidad de abonos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas de autobús estatal; y ayudas directas a comunidades y ayuntamientos que promuevan descuentos del 50% en abonos de transporte público urbano y metropolitano. La rebaja del 50% de los abonos Avant se prorroga todo el año.

Descuentos en los servicios de bicicleta pública del 50% en las mismas condiciones que el transporte urbano y metropolitano (30% asume el Gobierno si las administraciones titulares cubren el 20% restante)

El decreto-ley también prevé un nuevo esquema de bonificaciones a partir del 1 de julio, con un billete único de Cercanías de 20 euros para todas las zonas de España, gratuidad para menores de 15 años y descuentos para jóvenes. Los abonos tendrán descuentos del 40% si la administración titular asume la mitad del descuento.

Programa de ayudas para la compra de bicicletas eléctricas por ciudadanos y empresas de reparto.

La estimación presupuestaria de las medidas asciende a 1.608 millones, de los cuales ya existen dotaciones ordinarias por 1.108 millones, debiéndose de solicitar créditos extraordinarios por 500 millones.

Medidas tributarias

IRPF

Elevación del umbral para estar obligado a presentar declaración cuando hay más pagadores. Si hay más de uno, el umbral se fijará en 22.000 euros cuando las rentas del segundo o restantes no superen los 2.500 euros (antes era 1.500 euros).

Prórroga de las deducciones por obras de eficiencia energética durante todo el año. Permite una deducción de entre el 20% y el 60% de los gastos. Impacto: 210 millones de euros.

Prórroga de la deducción por compras de vehículos eléctricos enchufables e instalación de puntos de recarga durante todo el año (15% del valor de adquisición o de la instalación). Impacto: 110 millones de euros.

Prórroga de los límites del régimen de estimación objetiva de autónomos en el IRPF. Impacto:185 millones de euros.

Prórroga de los límites en los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca, y en el régimen simplificado del IVA Impacto: 35 millones de euros.

Impuesto sobre Sociedades

Extensión a 2025 de la libertad de amortización de inversiones en energía renovable.

Otras medidas

Retraso hasta abril de la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos.

Recargo del 15% del nuevo impuesto a la banca si hay compra o fusión con otra entidad.

Actualización de la tabla de coeficientes máximos para la aplicación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como ‘impuesto de plusvalía’, con recorte significativo en las transmisiones de inmuebles con más años de generación.

Régimen fiscal exento de impuestos para la celebración de las finales de la Champions League femenina y la Europa League.

Financiación Autonómica

Prórroga de las entregas a cuenta a partir de su actualización en 2024, a la espera aplicar las correspondientes en 2025.

Trabajo y Seguridad Social

Revalorización de las pensiones al 2,8%, conforme al incremento del IPC (7.296,8 millones)

Límite máximo para percibir pensiones públicas hasta 3.267 mensuales

Actualización de las bases mínimas y máximas de cotización, con una estimación de los ingresos por cotizaciones para este año de 177.314 millones (un 6,5% más que en 2024).

Aumento del mecanismo de equidad intergeneracional del 0,7% al 0,8% (a repartir entre empresa y trabajador 0,67 puntos y 0,13 puntos, respectivamente), y una previsión de ingresos de 4.403 millones (690 millones más que en 2024)

Aplicación, por primer año, de la cotización adicional de solidaridad prevista en la reforma de pensiones de 2023, con una recaudación adicional de 200 millones sobre aquella parte de los salarios que superen la base máxima.

Prórroga de la vigencia del decreto que fija el salario mínimo interprofesional.

Exclusión del nuevo sistema de cotización de autónomos y del proceso de regularizaciones a los cooperativistas con sistemas intercooperativos de prestaciones sociales complementarios.

Devolución de las ayudas recibidas si hay despidos derivados del aumento de los costes energéticos.

Modificación a la previsión de devolución de ayudas del Mecanismo RED, con la introducción de un límite temporal de dos años a partir de la finalización del ERTE.

Derecho a autónomos que coticen en otro régimen al reintegro del 50% del exceso en sus cotizaciones por contingencias comunes que superen los 16.672 euros (máximo del 50% de las cuotas ingresadas en el régimen de autónomos en razón por contingencias comunes).

Vivienda

Aportación de los inmuebles patrimonio del Estado a la Entidad Pública del Suelo SEPES adscrita al Ministerio de Vivienda

Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar y simplificar la tramitación de expedientes para construir y rehabilitar sobre suelos o inmuebles de titularidad pública y se destine a vivienda social o a precios asequibles.

La duración máxima de 40 años prevista para los contratos de concesión de obras se podrá ampliar hasta los 80 años.

Prórroga durante todo el año de la suspensión de desahucios y lanzamientos en hogares vulnerables en los casos ya previstos.

Energía

Prórroga de las ayudas a la industria electrointensiva. Reducción del 80% de los peajes a la industria durante todo el año 2025. Impacto: 200 millones de euros.

Extensión temporal de los descuentos del bono social eléctrico, con una senda descendente durante los doce meses siguientes. A partir de enero pasan al 50% para consumidores vulnerables y al 65% para vulnerables serenos, y se irán reduciendo en julio y en enero del próximo año hasta el 35% para vulnerables y 50% para vulnerables severos. Antes del decreto-ley el Gobierno preveía ya un coste de los descuentos de casi 260 millones, que se incrementa con los porcentajes previstos hasta los 290 millones. Impacto: 30 millones de euros con cargo al sistema eléctrico.

Garantía de suministro de agua y energía a consumidores finales vulnerables durante todo 2025.

Otras medidas

Prórroga del ‘escudo antiopas’ hasta el 31 de diciembre de 2026. Se trata de un régimen transitorio que suspende la liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos y de interés nacional bajo determinadas circunstancias.

Ampliación del programa de ayuda a la compra de vehículos eléctricos, de pila de combustible y puntos de recarga MOVES III hasta el 30 de junio.

Suspensión de la causa de disolución por pérdidas ante acontecimientos naturales, ante la catástrofe de la DANA en valencia.

Modificación de la Ley del servicio postal universal para designar a Correos operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal.

Prórroga de medidas para la reconstrucción económica de La Palma tras la erupción del volcán, como el sistema extraordinario de ERTE, el aplazamiento y la exención del pago de cuotas a la Seguridad Social, y la prestación extraordinaria de autónomos. También se prevé un aplazamiento de pagos a deudores cuyos ingresos principales provengan de la agricultura.

Concesión directa de una subvención de 4,5 millones a la ciudad de Ceuta para la protección de menores migrantes no acompañados.

Traspaso al PNV de un edificio situado en París y compensación a este partido por la privación de otros dos situados en las localidades franceses de Noyon y Compans, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

CNMC – Servicios Digitales

Modificación de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para otorgar a este organismo la condición de Coordinadora de Servicios Digitales para supervisar y controlar la aplicación del Reglamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales (Digital Services Act), vigente desde febrero de 2024.

Se reconocían facultades de inspección y sanción sobre los operadores establecidos por España, a los que podrá solicitar el acceso a datos y los sistemas algorítmicos de moderación y recomendación de contenidos.

Se dotaba a la CNMC de una nueva Dirección de Servicios Digitales, con una asignación de recursos adicionales de 350.000 euros al año para la dotación de personal cualificado y especializado.

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