El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, pretendía hacer del 2025 el año de la regulación del sector del Juego. Se abrieron varios flancos que impactaban en su publicidad, en las promociones y sacudían la industria de los videojuegos. Sin embargo, a pocos días para que las campanadas sellen la entrada al 2026, no solo no se ha concretado ninguna de las iniciativas, sino que buena parte del paquete ha naufragado.
De un plumazo y sin mucho ruido, el Congreso de los Diputados se cargó toda la propuesta de regulación del sector del Juego. Bustinduy intentó consumar su propuesta mediante una enmienda al Proyecto de Ley de Atención al Cliente, pero la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado la suprimió y, al regresar el texto a la Cámara Baja, el Pleno no la rescató. ¿Y ahora qué?
Fuentes del Gobierno consultadas por Demócrata apuntan que no renuncian a la batería de propuestas, pero desde el Ministerio están sopesando los próximos pasos. El escenario dibuja, principalmente, dos opciones:
- Vía enmienda a cualquier ley: el Caballo de Troya escogido en primer lugar fue el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública; y al decaer, se aprovechó la tramitación del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela. En consecuencia, se podría utilizar cualquier otra iniciativa en tramitación, pues no sería la primera vez, aunque recurrir a una enmienda intrusa ya fue duramente criticado por el sector.
- Vía proyecto de ley: esta fórmula es la que pide el sector. En declaraciones a Demócrata, Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), aseguró que no se oponía a la revisión de la Ley del Juego, pero pidió que “una modificación legislativa de tal envergadura debe realizarse mediante un proceso legislativo transparente, que permita la participación de todos los actores involucrados en la actividad”. El trámite de Consulta Pública Previa y la fase de Audiencia e Información pública lo permitirían; no así la proposición de ley, aunque es una posibilidad real, sobre todo si el PSOE no termina de compartir todos y cada uno de los elementos que conforman la propuesta de Bustinduy. En este último caso, se impulsaría a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
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¿Y transaccionar?
El Reglamento del Congreso deja claro en su artículo 118 que las enmiendas transaccionales deben guardar relación con las ya presentadas. En el marco del Proyecto de Ley de Protección de menores en red, el Ejecutivo incluyó la prohibición de las denominadas cajas botín (loot boxes) y podría haber sido otro buen Caballo de Troya para aterrizar la reforma del Juego. No obstante, el periodo de enmiendas al articulado ya se cerró el pasado 26 de noviembre y ni Sumar, ni el PSOE, registraron enmiendas en este sentido.
Las únicas que podrían usarse para transaccionar y allanar el camino al resto son sendas enmiendas registradas por Junts y Vox relacionadas con las loot boxes. ERC, EH Bildu y el BNG (Mixto) también tienen una registrada que podría servir; pero ninguna se antoja como una posibilidad real porque, para transaccionar, se ha de retirar la enmienda original, por lo que se requiere del beneplácito de los grupos implicados.
¿Qué son las loot boxes?
Las cajas botín o loot boxes son un sistema de premios aleatorio cada vez más extendido en los videojuegos. Pueden contener futbolistas, cartas, armas especiales, etc. deseadas por los jóvenes, en muchas ocasiones menores de edad, que emplean dinero de sus padres para intentar obtener dicho contenido.
El problema de las loot boxes
Según un estudio de la UNIR, un 30,4% de los 6.603 españoles de entre 11 y 30 años encuestados había comprado al menos una caja botín en el último año (entre los menores, el porcentaje es el 28,9%). Además, la investigación señala que las ‘loot boxes’ funcionan como “bisagra” entre los problemas de adicción a los videojuegos y a las apuestas online: es 4,5 veces más frecuente que quien adquiere estas cajas en el último año tenga problemas con las apuestas. Por otra parte, un estudio de 2020 de la universidad de Nueva York reflejó que más del 58% de los juegos para móvil de Google Play e iPhone ya contenían estos mecanismos de recompensa aleatorios, que pueden aparecer de manera aparentemente inocente en formato de cofre, sobre, ruleta, animal o caja, contribuyendo con estas apariencias, a un comportamiento de riesgo y a la normalización de los juegos de azar desde edades muy tempranas.
Fuera de Juego
Las medidas que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pretendía aprobar mediante la enmienda a la Ley de Atención al Cliente y que finalmente fue tumbada son:
- Cambios en publicidad
Bustinduy quería prohibir el envío de comunicaciones comerciales ni por correo electrónico -o semejantes- ni por correo postal sin la previa autorización del destinatario.
La difusión de anuncios en servicios de la sociedad de la información solo sería posible si se emplazan en páginas web o aplicaciones de los operadores o de los medios de comunicación que sirvan de soporte.
En los motores de búsqueda, únicamente podrían aparecer fruto del posicionamiento orgánico o en casos en que sean fruto de un acuerdo comercial entre el anunciante y el titular del mismo; supeditado a que coincidan con palabras clave o frases conectadas directamente.
Las páginas web o aplicaciones cuya actividad principal sea la oferta de productos o información sobre actividades de juego y aquellas que ofrezcan cobertura de eventos deportivos y/o hípicos también podrían albergar este tipo de publicidad. Como condición, deben tener una sección específica, han de contar con mecanismos que impidan el acceso de menores y difundir periódicamente mensajes sobre “juego seguro”.
El propósito, en definitiva, era rescatar los puntos del Real Decreto 958/2020 que fueron tumbados por la sentencia 537/2024 del Tribunal Supremo.
- Plataformas de vídeo y redes sociales
Los servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma y las redes sociales quedarían bajo un paraguas normativo diferente con sus propias características.
Las empresas de juego solo podrán dirigir comunicaciones comerciales audiovisuales en servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas en canales cuya actividad principal consista en ofrecer contenidos sobre el juego; adoptando, además, los mecanismos necesarios para evitar el acceso de los menores a su cuenta o canal y difundiendo de forma periódica mensajes de “juego seguro”.
En el caso de las redes sociales, solo podrían enviar publicidad aquellos que empleen instrumentos que aseguren que no se dirige a menores y que segmenten el público potencial.
Asimismo, los anuncios únicamente podrían enviarse a las personas que sigan en redes sociales a las cuentas o canales del operador de juego, que hayan manifestado un interés activo en el mismo y/o a clientes registrados.
- Promociones
Las empresas no podrían recurrir a las promociones y descuentos para captar nuevos clientes. La enmienda del Ejecutivo establece que solo podrán dirigirse a clientes con una cuenta abierta de al menos 30 días y cuyos perfiles hayan sido verificados documentalmente.
Por último, las promociones deberían figurar en una sección independiente en la página web o aplicación y difundirse en establecimientos dedicados al juego.
- Personajes prohibidos
Entre las modificaciones que pretendían los socialistas y Sumar estaba la prohibición de personas o personajes (reales o ficticios) de relevancia y notoriedad en las comunicaciones comerciales. Tampoco podrían hacer lo propio los narradores de retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos (la difusión comercial solo podrá producirse en el contexto de la narración del evento) y presentadores de televisión o radio.
Todas estas exigencias quedan ahora en el aire, a expensas de lo que el Ministerio decida hacer.