El Ministerio de Cultura pretendía llegar a la Gala de los Premios Goya 2026 (28 de febrero) con el Proyecto de Ley del Cine encarrilado. Ya en la pasada edición, en 2025, Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, recordó que el sector espera el articulado desde hace años. Queda menos de dos semanas para el evento y nada ha cambiado. El bloqueo continúa, aunque este martes podría iniciarse el deshielo.
Según ha podido saber Demócrata, a las 10:00 horas el nuevo portavoz en la Comisión de Cultura del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Nahuel González, se ha reunido con el Ministerio de Cultura, encabezado por Ernest Urtasun. El propósito de la cita es que González tome el pulso a las iniciativas en tramitación para conocer su estado, posibilidades, puntos de fricción y, en definitiva, el momentum de cada propuesta.
El elemento vertebrador de la reunión será el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que permanece bloqueado a pesar de que se trata de una iniciativa heredada de la pasada legislatura y sobre la que la industria ha presionado.
Revolucionando la cartera
Jorge Pueyo, candidato de la CHA en las elecciones de Aragón, era el portavoz de Sumar en la Comisión de Cultura hasta que entregó su acta el pasado 30 de enero para centrar sus esfuerzos en la campaña autonómica y emprender su nuevo camino.
Nahuel González era el portavoz adjunto y, tras la marcha de Pueyo, le ha sustituido. En declaraciones a Demócrata, no esconde su afán de revolucionar la cartera: “La Comisión tiene que echar humo”.
“Hay que ir con valentía” y “avanzar en leyes, aunque se pierdan votaciones”
El diputado de Sumar (IU), defiende que “hay que ir con valentía” y “avanzar en leyes, aunque se pierdan votaciones”. Considera que se han de negociar las iniciativas para recabar apoyos suficientes, pero en caso de que no esté asegurada la mayoría, no se debe detener la maquinaria: “Tienen que llegar a Pleno. Tenemos que ser ambiciosos, para eso hemos venido”.
Primero Derechos de Autor, luego, Cine
El Gobierno en su conjunto, no solo los departamentos que lidera Sumar, considera que primero se ha de encarrilar el Proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos.
Esta iniciativa está más avanzada que la del Cine, puesto que ya hay ponentes designados y la Comisión de Cultura aguarda el informe de la ponencia desde el pasado 31 de octubre.
Su propósito es crear un organismo que dote a los creadores de una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en materia de derechos de autor, así como reforzar la actividad administrativa del Estado en esta materia para adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo y difusión de contenido.
Según declara Nahuel González a Demócrata, la idea es que la ponencia “se constituya ya” para ir desbloqueando la iniciativa puesto que “hay bastante consenso” -a diferencia de la Ley del Cine, que atesora no pocos puntos de fricción-.
El diputado de Sumar pretende acelerar el Proyecto de ley del Cine para “dejar claro que estamos del lado del sector, no de intereses ajenos a la industria española”. “Hay que trabajar desde ya para que sea una realidad”, insiste, al tiempo que admite que existe el riesgo de que se incluyan enmiendas que no les gustan durante la tramitación parlamentaria.
¿En qué punto está?
El proyecto de ley del Cine fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de junio del 2024 y remitido al Congreso para su tramitación. Desde entonces, dormita al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Puntos calientes
Al mantener el grueso de la redacción de la pasada legislatura, el texto hereda, de facto, una serie de puntos calientes que deberán ser pulidos durante la tramitación parlamentaria. En concreto, según fuentes del sector, serían dos: la cuota de pantalla y la ventana de exhibición.
La ley vigente fija a las salas de cine un porcentaje mínimo del 25% para cine comunitario como medida de protección. El proyecto de ley relaja esta imposición en cinco puntos, hasta el 20%; y para su cumplimiento se incluiría, además del cine europeo, el cine iberoamericano; a lo que habría que sumar una serie de factores de valor doble a la hora de calcular el cómputo global anual.
Para las productoras independientes esto no es suficiente. Tal y como publicó Demócrata, urgen a endurecer la cuota y elevar el porcentaje al 40%, estableciendo además un límite de pantallas por película.
Las productoras independientes celebran esta iniciativa mientras desde FECE (Federación de Cines de España) no ven con buenos ojos la rebaja de la cuota de pantalla porque entienden que no es suficiente. En su lugar, apuestan por suprimirla y dar incentivos al espectador, invirtiendo en promoción y publicidad para las películas. En sintonía, además de la supresión de la cuota de pantalla, FECE pide eliminar las infracciones y sanciones que conllevaría su incumplimiento.
La ventana de exhibición, es decir, el margen de tiempo que los cines tienen para poder mostrar una película en exclusiva antes de que salga en formato físico, en streaming o en plataformas de VOD (video-on-demand) es otro de los grandes puntos de fricción.
La legislación actual no lo regula y las salas de cine piden que sí se ataje. FECE solicita que las películas cinematográficas y demás obras audiovisuales que se proyecten o estén destinadas a proyectarse en primer término en salas de cine, habrán de disponer de un periodo de exclusividad de proyección de cuatro meses antes de ser difundidas por cualquier otro medio o soporte. Este plazo podría ser negociado entre las organizaciones intervinientes en la cadena cinematográfica.
Otras claves
Tiempo ha que el sector en su conjunto demanda una actualización que tenga en cuenta los avances tecnológicos y los nuevos formatos de consumo. En este sentido, el objetivo de la Ley del Cine es fortalecer y apoyar a toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial del ámbito de la cinematografía, con especial interés en los independientes; al tiempo que se respalda a los autores y autoras y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en un contexto que salvaguarde la autonomía creativa.
También aspira a dotar a la industria de las herramientas para adaptarse a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo; apostando por el valor del patrimonio audiovisual, a través de su reivindicación, del desarrollo de audiencias y de programas educativos.
A lo largo de todo el cuerpo normativo, se hace especial hincapié en los nuevos lenguajes y definiciones, los nuevos formatos, el catálogo de incentivos fiscales y ayudas, así como un nuevo régimen sancionador.
Asimismo, se flexibilizan los requisitos para la obtención de la nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales ya que, según el Gobierno, en determinados casos se daban circunstancias que obstaculizaban la creación.
Ayudas
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA) elaborará un presupuesto cada ejercicio con ayudas para el fomento de la creación, producción, distribución, exhibición y promoción de películas y otras obras audiovisuales, con especial interés en los sectores independientes y de obras de interés cultural.
También se facilitará el acceso a créditos en condiciones favorables a proyectos que incorporen medidas de accesibilidad como traducción a la lengua de signos, subtitulado y audiodescripción; así como proyectos con medidas de sostenibilidad. Además, fomentará medidas para promover la igualdad de género en el sector.
Además, la ley recoge ayudas para la escritura de guiones y el desarrollo de proyectos audiovisuales. Los beneficiarios deberán cumplir con los tiempos y las condiciones establecidas. De igual forma, se explicita la concesión de ayudas a aquellos proyectos cuya versión original sea de alguna de las lenguas oficiales españolas o del lenguaje de signos español; y una serie de incentivos fiscales aplicables que favorecerán e impulsarán el sector a diferentes niveles.
La nueva ley establece una enumeración de películas y otras obras audiovisuales que no podrán acceder al catálogo de ayudas ni beneficios:
- Las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual. En el caso de otras obras audiovisuales, podrán recibir ayuda las coproducidas por una productora independiente y una prestadora del servicio de comunicación audiovisual comunitaria, según las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras correspondientes.
- Las financiadas íntegramente por Administraciones públicas.
- Las que tengan un contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política.
- Las que hubieran obtenido la calificación de película «X».
- Las producciones que vulneren o no respeten los derechos morales y de que integran los derechos de autor, así como resto de los derechos de propiedad intelectual establecidos en la normativa española. f) Las que, por sentencia firme, fuesen declaradas en algún extremo constitutivas de delito.
- Las producidas por empresas que no hayan cumplido sus obligaciones con el personal e y con las industrias técnicas de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3.