El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a encender las alarmas en el sector energético europeo después de que el PSOE haya abierto oficialmente la puerta a un nuevo impuesto extraordinario que ya no afectaría solo a petroleras y gasistas, sino también a las grandes eléctricas.
La polémica llega apenas unas semanas después de que el presidente del Gobierno lanzara un mensaje muy distinto en un importante foro energético celebrado en Madrid, donde tranquilizó al sector eólico europeo asegurando que el objetivo del Ejecutivo era gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las compañías vinculadas al petróleo y el gas tras la escalada de precios derivada de la guerra con Irán.
De tranquilizar a las eléctricas… a incluirlas en el impuesto
Todo comenzó el pasado 21 de abril durante la reunión anual de WindEurope, una de las principales asociaciones energéticas europeas, celebrada en Ifema. Allí, Sánchez recorrió los stands, se mostró cercano con los directivos del sector e incluso mantuvo una imagen cordial con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, pese a los choques que ambos habían protagonizado en el pasado.
El mensaje que dejó el presidente parecía claro: el impuesto iría dirigido únicamente a petroleras y gasistas. “Hemos pedido a la Comisión Europea que cree un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas”, afirmó entonces.
Aquellas palabras fueron interpretadas en el sector eléctrico como un alivio. Las grandes compañías eólicas y eléctricas entendieron que quedaban fuera del foco fiscal del Gobierno.
Pero apenas unos días después, el discurso empezó a cambiar.
Moncloa amplía el foco a “todas las energéticas”
En unas declaraciones posteriores desde Nicosia, durante un Consejo Europeo, Sánchez amplió el alcance del gravamen y comenzó a hablar ya de un impuesto dirigido a las “grandes empresas energéticas”, sin excluir a las eléctricas.
“Tenemos que volver a crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas”, afirmó el presidente, recuperando además la idea de gravar los llamados “beneficios caídos del cielo”.
El giro terminó de confirmarse el pasado 6 de mayo, cuando el PSOE presentó una proposición no de ley para impulsar un “gravamen europeo temporal sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas”.
Fuentes oficiales del grupo socialista reconocen que el planteamiento afecta también a las eléctricas: “Sí, a todas, también a las eléctricas”, admiten.
El sector habla de “engaño”
La reacción de las compañías no se ha hecho esperar. Un alto directivo del sector eléctrico que asistió al encuentro de WindEurope acusa directamente al presidente de haber ocultado sus verdaderas intenciones. “Sánchez nos engañó a todos aquel día”, asegura.
La propia asociación WindEurope, en la que participan empresas como Iberdrola, Acciona, EDP, Enel o Nordex, sostiene que volver a implantar un impuesto extraordinario provocaría “inseguridad jurídica” y podría ahuyentar inversiones justo cuando Europa intenta acelerar la transición energética.
Los socialistas europeos se desmarcan
Paradójicamente, la resistencia no llega solo desde las empresas. Parte del propio bloque socialista europeo tampoco quiere que el nuevo gravamen alcance al sector eléctrico.
Según una carta enviada al comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, varios dirigentes socialdemócratas del Parlamento Europeo defienden gravar a petroleras y gasistas, pero evitar medidas equivalentes para las eléctricas, argumentando que las renovables necesitan estabilidad para seguir creciendo.
El documento está firmado, entre otros, por el vicepresidente del grupo socialista europeo, Mohammed Chahim, y el coordinador de Industria, Dan Nica.
Bruselas enfría el plan de Sánchez
Por ahora, Sánchez no cuenta con una mayoría clara en la Unión Europea para sacar adelante el impuesto, aunque algunos países, como Portugal, también estudian fórmulas similares para aumentar la recaudación pública aprovechando los elevados beneficios del sector energético.
Mientras tanto, el Gobierno español parece intentar preparar el terreno político para recuperar un modelo parecido al impuesto extraordinario aplicado en 2022.
Repsol y Moeve también cargan contra el impuesto
Las petroleras tampoco han ocultado su rechazo. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió recientemente de que volver a imponer este tipo de medidas sería “dañino y contraproducente”.
“Si sufres confiscaciones, no vas a invertir más para garantizar el suministro”, aseguró.
El debate sobre el precio de la luz
La controversia llega además en un momento delicado para el Gobierno tras los últimos datos publicados por Eurostat. Pedro Sánchez había defendido en el mismo foro energético que España tenía “la electricidad más barata de Europa”, pero las cifras europeas reflejan otra realidad.
Según Eurostat, una vez incluidos peajes, cargas fiscales y costes adicionales, el recibo eléctrico español se sitúa entre los diez más caros de la Unión Europea en términos comparables de poder adquisitivo.