La línea de avales públicos a la compra de vivienda por parte de jóvenes no convence a Sumar. El socio minoritario ve riesgo de que, lejos de facilitar el acceso, la medida acabe encareciendo la vivienda y acabe beneficiando fundamentalmente a promotores y entidades financieras.
Por ello, desde esta formación han pedido al PSOE poner en marcha otras medidas dirigidas a contener los precios de la vivienda. Entre ellas, la prohibición de la compra de viviendas en mercados tensionados cuando no sea para establecer una residencia permanente.
Esta propuesta sigue la estela de medidas planteadas en otros países y ciudades. En Amsterdam, por ejemplo, la compra de vivienda está condicionada a tener que vivir durante los primeros cuatro años, impidiendo su alquiler.
Sumar también quiere que todas las administraciones públicas tengan derecho de tanteo y retracto en las operaciones inmobiliarias y prohibir las llamadas ‘golden visa’, que facilitan un permiso de residencia a extranjeros no residentes de la Unión Europea por motivos económicos. Entre ellos, la adquisición de una vivienda de más de 500.000 euros.
A estas medidas se le añade la retirada de ventajas fiscales que Sumar ya ha planteado a la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia el pasado enero en el Congreso. Los de Yolanda Díaz quieren que toda rebaja fiscal relacionada con vivienda esté condicionada a que el precio del alquiler se sitúe por debajo del precio de referencia.
Ampliar la Ley de Vivienda
Esta formación ha anunciado que unirá estas medidas a las ya trasladadas a su socio en la negociación que mantienen para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que pasan fundamentalmente por ampliar la recientemente aprobada Ley de Vivienda.
Sumar pide ampliar su cobertura y aplicarla en aquellas comunidades autónomas que rechazan hacerlo, regular los alquileres de temporada y una normativa más exigente para los alquileres turísticos.
Pese a que la Ley de Vivienda contempla mecanismos de intervención de precios para contener rentas o incluso rebajarlas, estos sólo pueden aplicarse a iniciativa de ayuntamientos y comunidades autónomas, administraciones estas últimas competentes en materia de vivienda. Y la mayoría de ellas, gobernadas por el PP, rechazan aplicarla.
Por el momento, sólo Cataluña ha mostrado su disposición por aplicar esta regulación de precios, pero la ausencia de un índice de precios de referencia no lo ha permitido. Hace semanas, el Ministerio de Transportes informó de que este índice estaría listo este mes de febrero. Por su parte, Sumar exige que este indicador esté publicado “cuanto antes” y su diseño propicie un descenso de los precios.
También pide invertir en vivienda pública con el objetivo de alcanzar un 20% del parque público en alquiler social, movilizando para ello suelo público y viviendas en propiedad de la Sareb (el conocido como ‘banco malo’) hacia las comunidades autónomas.
Otras propuestas en materia de vivienda, estas en relación al mercado hipotecario, son la obligatoriedad de portabilidad de hipotecas entre bancos y vincular a la deuda pública el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo.