QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Plurinacional de Sumar ha registrado una Proposición de Ley Orgánica para reformar el sistema de acceso a la carrera judicial. Plantean, entre otras cosas, invertir el orden de las fases, de tal manera que primero los aspirantes ingresen en la Escuela Judicial en base a sus expedientes académicos y, después, afronten unas oposiciones que estarían becadas.
En la actualidad, tal y como recoge el artículo 301 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ingreso a la Carrera Judicial por la categoría de juez se produce mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. El texto propuesto por los de Yolanda Díaz modificaría este punto para que, habiendo obtenido la licenciatura o el grado universitario en Derecho, aquellos que acrediten mejores expedientes académicos, soliciten el acceso y superen un test psicotécnico, ingresen en la Escuela Judicial.
En esta, se cursaría una formación práctica y teórica durante dos cursos académicos, con sus respectivas evaluaciones periódicas. Una vez superado el ciclo formativo de la Escuela Judicial, los alumnos podrán afrontar el concurso de oposición.
La iniciativa homologa el ciclo formativo de la Escuela Judicial con la obtención del máster de acceso profesional a la abogacía.
Sumar considera que el actual sistema no permite garantizar el principio constitucional de igualdad de todas las personas en el acceso a cargos públicos. “La persona que quiera opositar a judicatura debe abonar el precio de la preparación (entre 100 y 300 euros mensuales), así como su sostenimiento personal durante el tiempo que tarde en superar la fase teórica (de cuatro a cinco años de media). Todos estos costes son asumidos, en la mayoría de los casos, por las propias familias, lo que evidentemente excluye a muchos candidatos y candidatas que no pueden permitírselos”, alegan.
Con la reforma propuesta, dicen, se pretende garantizar el acceso en condiciones de igualdad, ya que el articulado establece la concesión de una beca para los alumnos de la Escuela Judicial, con la dotación económica que se determine adecuada atendiendo a la situación económica y social de cada uno.
Sumar también aspira a incluir en el tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal del alumnado de la Escuela Judicial a dos juristas de reconocido prestigio cuya designación quedaría en manos del Defensor del Pueblo. De igual forma, se integraría a la persona adjunta en la Comisión de Selección.
Solo el principio
La Disposición adicional primera de la proposición de ley recoge que el Gobierno, en un plazo de un año, debería presentar un proyecto de ley para regular la Escuela de Funcionarios Jurídicos del Estado y el sistema de acceso y de especialización de los cuerpos funcionariales de la Judicatura, la Fiscalía, los Letrados/as de la Administración de Justicia, la Abogacía del Estado y los Letrados/as del CGPJ.
El propósito es que la reflexión sobre el acceso a la carrera judicial dé paso a una revisión más amplia del sistema de acceso a los antecitados cuerpos funcionariales; propiciando un nuevo modelo que descanse sobre los principios de igualdad de oportunidades en el acceso, la eficiencia en la selección y la calidad de la formación teórica y práctica.
En sintonía, proponen que el nuevo sistema conste de una fase de selección con una prueba de tipo test, un máster de dos años y, tras elegir la especialización, una formación específica teórica y práctica.
Sumar también quiere cambiar el juramento o promesa, pasando de: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todo” a: “Prometo o juro guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos.
