Será el primer examen del año para el Gobierno. Previsiblemente, la primera votación de 2026 en el Congreso será para convalidar o no un decreto-ley (o varios decretos-ley) con diversas medidas económicas.
La principal de ellas, la actualización de las pensiones, si bien está por ver si esta medida va en un decreto-ley aparte o dentro de un ómnibus que, por exigencias del guion (o la oposición, más bien), será menos ómnibus que nunca.
Para empezar, el Consejo de Ministros dará ‘luz verde’ a la creación del nuevo abono de transportes único para todo el país y la prórroga de los descuentos, vía decreto-ley.
A partir de ahí, y no necesariamente en el mismo decreto-ley, una batería de medidas económicas en dos sentidos.
Por un lado, aquellas medidas correspondientes al conocido como ‘escudo social’ –un conjunto de medidas dirigidas a afrontar, en primer momento, la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, pero que después han ido prorrogándose periódicamente.
Junto a ellas, otras medidas de actualización para su entrada en vigor el 1 de enero, como la subida de pensiones, propias de unos Presupuestos Generales del Estado. Pero que, ante la ausencia de unas nuevas cuentas públicas, el Gobierno ha venido aprobando por decreto-ley en el último Consejo de Ministros del año.
Y, como complemento, una ristra de medidas a propuesta de prácticamente todo ministerio. El pasado año, por ejemplo, se incluyó la ampliación del programa de incentivos a la compra del vehículo eléctrico Moves III, la trasposición de la directiva sobre servicios digitales y cambios legales para favorecer el traspaso de inmuebles a la empresa pública Sepes.
Spoiler: no se repetirá
El portazo del Congreso al decreto-ley de hace un año obliga al Gobierno ir con pies de plomo. Una derrota en un momento de especial debilidad, y a la espera de presentar unos nuevos Presupuestos, no es la mejor manera de empezar el año.
El riesgo de concentrar en un sólo decreto-ley es que una sola medida que no convenza a la oposición provoque la derogación de todo el paquete. La previsión es, en principio, presentar lo mínimo imprescindible y con el máximo equilibrio.
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Junts rompió relaciones y su voto es, de entrada, no. Sólo apoya lo poco que no puede permitirse votar en contra. Una subida de pensiones, por ejemplo. O la subida de sueldo de funcionarios de hace unas semanas. Un poco como el PP. Así que, alegrías, las justas.
Qué medidas hay en juego
Subida de pensiones. Conforme a la ley, será en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual, que es un 2,7%. Peligro cero.
Pensiones mínimas y no contributivas. Tendrán una subida mayor, vinculadas por ley a indicadores de suficiencia. En el caso de las mínimas, la estimación lanzada hace unos días por el Instituto Valenciano de Investigación Económicas (Ivie) será del 11% para quien tenga familiar a cargo, y del 7% para quien no. En las no contributivas, la subida se estima en el 11%.
Otras medidas de Seguridad Social propias de este decreto-ley serían la actualización de la base máxima de cotización y otros ajustes de cotización derivados de la regulación del sistema de pensiones. El último decreto-ley, por ejemplo, reguló el nuevo recargo de solidaridad.
Decae también, y quedaría a expensas de una hipotética prórroga, la prohibición de despedir por causas objetivas, en base a la crisis energética, por empresas que hayan recibido ayudas públicas, o acometan reducciones de jornada o suspendan contratos.
Moratoria antidesahucios para supuestos de especial vulnerabilidad. Es la medida que más peligra. Para salvar la última prórroga el Gobierno aprobó compensaciones para propietarios y contempló la creación de la línea de avales por cuenta del Estado para posibles impagos (es la razón por la que hace unas semanas el Gobierno pudo completar su desarrollo en un decreto y no en un decreto-ley).
Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerable severo o en riesgo de exclusión. Es difícil pensar que se pueda quedar fuera, pero en el Ministerio de Transición Ecológica no confirman su inclusión.
Caduca también el régimen de descuentos, en senda descendente, del bono social eléctrico (actualmente del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos). En 2026 se preveía un régimen permanente.
Medidas fiscales. No se descarta la inclusión de medidas, pero no de gran calado, según informan fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero. Junts, apoyo imprescindible si el PP se opone, justificó su rechazo en que las actualizaciones fiscales que contenía el decreto-ley suponían subidas de impuestos.
Prórroga de ayudas al transporte. Sánchez prometió la prórroga del régimen de descuentos en el transporte público, si bien en Moncloa no confirman que vaya a ser en idénticas condiciones.
El actual régimen de descuentos en el transporte urbano e interurbano prevé la gratuidad del servicio para menores de 14 años, un descuento del 50% en abonos y títulos multiviaje para jóvenes de hasta 26 años y del 40%, como mínimo, para el resto de usuarios. La Administración General del Estado subvenciona el 20% del precio siempre y cuando las comunidades financien un mínimo del 20%.
También existen descuentos en los servicios de Cercanías y Media Distancia y los servicios de autobús de régimen estatal.
Y la guinda. Creación del abono único para los servicios de transporte de todo el país de 60 euros y 30 euros para personas de hasta 26 años. Por ahora, cubrirá los desplazamientos en Cercanías, Media Distancia y los servicios estatales de autobús, pero la vocación es incorporar el resto de sistemas de transporte público. La previsión es ponerlo en marcha el 19 de enero.