QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, ha defendido este jueves ante la Junta General la necesidad de incrementar la inversión educativa en la comunidad y de abordar de forma decidida la elevada temporalidad que afecta al profesorado asturiano.
Llorente ha intervenido como uno de los expertos llamados a comparecer en la comisión parlamentaria que está examinando las cuentas diseñadas por el Gobierno asturiano para el ejercicio 2026.
En su exposición, ha recordado que “este año ha habido una serie de novedades en el presupuesto, no quizás tanto por voluntad del Gobierno como por la voluntad del profesorado expresada en una huelga que tuvo lugar entre los meses de mayo y junio y cuyo desenlace fue un acuerdo que incluyó numerosas partidas que se trasladan al presupuesto de este año”.
Pese a ello, ha subrayado que persisten cuestiones “pendientes”, entre ellas la ausencia en Asturias de una política de becas propia que permita apoyar al alumnado con mayores necesidades económicas y sociales.
El responsable sindical ha señalado igualmente “grandes problemas” en el ámbito de las infraestructuras educativas, con déficits relacionados con la eficiencia energética de muchos centros.
Asimismo, Llorente ha advertido sobre la maquinaria “obsoleta” en numerosos centros de formación profesional, así como sobre instalaciones que todavía no se ajustan a la normativa vigente en materia eléctrica.
Aun así, ha admitido que “también ha habido algunos elementos positivos en el último año”, como “la implementación de las 23 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros a partir de septiembre” o “la aprobación para el curso 27-28 de la reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años”.
No obstante, ha lamentado que Asturias continúe “a la cola” en la reducción de la temporalidad en el sector educativo y ha remarcado que “en el empleo público en el ámbito de la educación seguimos con un 25% de puestos docentes que están ocupados por personal interino y eso hay que solucionarlo”.
En relación a la etapa de cero a tres años, Llorente ha incidido en que “en la red educativa de cero a tres años el esfuerzo inversor puede que exista, pero es totalmente insuficiente”. A su juicio, “estamos hablando de una red que va a ser pública, que va a ser gratuita, pero desde luego que no va a ser universal”.
Críticas de CSIF y Suatea a la gestión de la Consejería
En la misma sesión ha intervenido también Jorge Caro, representante del sindicato CSIF, que ha cargado con dureza contra el “caos organizativo” que, a su entender, impera en la Consejería de Educación.
Según ha explicado, no se trata de fallos puntuales, sino de una “crisis de gestión estructural” que se arrastra en el tiempo. Ha asegurado que los problemas no se han solucionado con el acuerdo Educa, al que se ha referido como “pacto de la foto”, y ha recordado que CSIF decidió no suscribirlo porque entendía que el Gobierno asturiano no tenía intención de cumplirlo. Por su parte, Francisco José Rey (Suatea) ha apuntado que, pese al aumento presupuestario, siguen existiendo importantes carencias por atender.
Enseñanza concertada: temor a una oportunidad perdida
En el bloque dedicado a la enseñanza concertada, Juan Antonio Arango, responsable de Acción Sindical de la Federación Sindical de Enseñanza de USO, ha advertido del riesgo de que el incremento de los presupuestos se convierta en una “oportunidad perdida”, al considerar que “no basta con gastar más, hay que gastar mejor”.
También han intervenido los portavoces de FSIE Asturias y Otecas. Tanto José López-Sela (FSIE) como José Villaamil (Otecas) han coincidido en denunciar que el profesorado de la concertada sufre una discriminación respecto al de la red pública.
“La situación actual es insostenible”, ha afirmado López-Sela, aludiendo a una brecha retributiva entre docentes de la enseñanza pública y la concertada que, en el caso de los profesores con mayor antigüedad, puede llegar a 1.400 euros al mes.
Villaamil ha detallado que, mientras la partida destinada a la concertada aumenta un 3,6%, el presupuesto para la enseñanza pública crece un 10%. Ha recalcado que “ambas redes prestamos de forma complementaria el mismo servicio público educativo”, criticando con ello la diferencia de trato presupuestario.
