¿Por qué la futura Ley de Movilidad sostenible obvia el despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos? Esa es la pregunta que ha trasladado este martes la directora de Industria y Medio Ambiente de Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), Arancha García, a los diputados de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso.
La patronal no entiende cómo la única mención a estos puntos se limita a un registro de puntos de acceso ya contemplados en la vigente Ley de Cambio climático y que, ha criticado García, ya debía estar disponible el pasado mes de mayo.
Llamada para ofrecer su visión del proyecto de ley que tramita el Congreso, Anfac ha planteado que la nueva norma centralice en un solo organismo la planificación, gestión, coordinación y financiación de una «red de recarga mínima» en cantidad, calidad (potencia) y capilaridad en todo el territorio.
«Sería una oportunidad excelente para definir lo que Europa nos va a pedir que definamos en dos meses», ha animado García, recordando que el nuevo reglamento europeo AFIR (Regulación de Infraestructuras de Combustibles Alternativos, por sus siglas en inglés) obligará a España a definir objetivos vinculantes y calendarizados para este despliegue.
Y España está lejos de sus propias previsiones. A la espera de un registro oficial, la estimación lanzada por Anfac es de unos 18.000 puntos de recarga de acceso público. El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estimaban para 2023 contar con 80.000-110.000 puntos de recarga. Para 2030 serían 250.000-300.000.
La directiva de la patronal critica que en España son necesarios hasta 20 pasos para poner en marcha un punto de recarga y que hay cientos de ellos a la espera de la autorización para conectarse a la red.
La patronal ha pedido mirar a Portugal, con un 20% de su parque electrificado frente al 10% en España. El país vecino planificó el despliegue de puntos de acceso a través de una entidad semipública que garantizó una red mínima, identificando regiones o zonas en las que era necesario instalar electrolineras.
También destaca su régimen fiscal –«muy favorable», ha dicho a la movilidad eléctrica– y el plazo máximo de tres semanas para facilitar sus ayudas. Reconociendo las ayudas del Plan Moves, García ha pedido agilizar y facilitar el acceso a las ayudas. «No pueden tardar un año», ha asegurado.