QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Información actualizada el 30/07/2024
Con el fin de no dilatar más su tramitación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió al Congreso el mismo proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que remitió la pasada legislatura.
Esto excluía cualquier cambio introducido por la Cámara, que llegó a aprobar el proyecto –la legislatura acabó cuando la iniciativa se tramitaba en el Senado–, pero adelantó enormemente los tiempos: al ser el mismo expediente, no ha hecho falta someterlo de nuevo a audiencia pública ni recabar los informes previos.
Durante esta fase, el anteproyecto recibió más de seiscientas propuestas de modificación de agentes interesados: empresas, patronales, entidades del tercer sector u organizaciones que plantearon cambios.
Estas son las que, hasta ahora, han sido descartadas por el Ministerio y que, por tanto, siguen ‘vivas’ y pueden traducirse en futuras enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
PATRONALES
ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) – ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados)
Plantean sustituir el término ‘jerarquía de prioridades’ por ‘criterios de gestión’, y que los planes para la prevención de las pérdidas y el desperdicio sean sectoriales y no individuales.
Quieren que las obligaciones previstas para los establecimientos comerciales de venta de alimentos afecten a todos los negocios, independientemente de su tamaño y su ubicación.
En todo caso, su apuesta es por acabar con las obligaciones para las empresas de la distribución y que la norma se limite a recomendaciones de buenas prácticas para estas empresas.
Proponen eliminar el fomento de productos locales, de proximidad, de temporada o a granel por parte de las administraciones públicas dentro de las obligaciones específicas de las administraciones públicas.
Reclama aplicar un tipo 0% a las donaciones realizadas y revisar la normativa Sandach (subproductos animales no destinados a consumo humano) para la prevención del desperdicio, siempre que se garantice que no vuelven a la cadena humana.
Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados)
Cree que existe “clara desproporción” entre los objetivos a cumplir y las obligaciones que se imponen, planteando como alternativa el fomento de sistemas de autorregulación.
Esta organización plantea que existan incentivos para favorecer el cumplimiento de los planes de prevención de pérdidas y desperdicio y que la normativa de autorregulación opere como “una suerte de estándar de lealtad”, y que el cumplimiento de las medidas permitiera presumir buena fe en posibles procedimientos administrativos sancionadores, permitiendo una exención o reducción de la culpabilidad.
También plantea un sistema de certificación para las empresas que cumplan la normativa autorregulada, siempre que la gestión de este sistema se reserve a terceros privados, independientes y ajenos a las partes-
Critica que las obligaciones no sean exigibles a todos los agentes de la cadena por igual y también la falta de concreción de algunas de ellas. Propone la posibilidad de contar con incentivos para favorecer el cumplimiento de los planes de prevención de pérdidas y desperdicio.
Respecto al régimen sancionador, lamenta el carácter abierto del abanico de infracciones y sanciones (detecta una redacción de tipos confusa y poco clara) y la puerta abierta a que las comunidades endurezcan las multas. Por ello, propone especificar el fundamento competencial de cada tipo para saber cuál puede ser agravado.
UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos)
Propone fomentar en la ley relaciones contractuales plurianuales para fijar estimaciones previas de compra, pues cree que beneficiaría la reducción de desperdicios.
Otra propuesta es establecer un mecanismo de recogida de producto excedentario que cubra los costes de la cosecha y lo dirija a donación alimentaria.
AECOC (Asociación de Empresas de Gran Consumo)
Ven absolutamente necesario actuar en el lado fiscal en el caso de las donaciones, al ser estas obligatorias.
Pide incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Tiene dudas del impacto de la jerarquía de prioridades sobre el modelo de negocio de empresas como Too Good To Go o Phenix.
Pide acotar la tipificación de infracciones por parte de las comunidades para lograr una mayor armonización normativa.
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Pide aplicar un tipo del 0% a las donaciones, en la línea de lo dispuesto en otros países europeos como Italia, Francia o Bélgica.
Propone incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Quiere incluir en la ley los subproductos para aclarar su distinción con los residuos alimentarios, de acuerdo con la definición que se da de ellos en la Ley de residuos y suelos contaminados.
Pide acotar la tipificación de infracciones por parte de las comunidades para lograr una mayor armonización normativa.
MdR (Asociación Empresarial de Marcas de Restauración)
Entiende que en la propuesta del Gobierno falta una regulación fiscal, proponiendo eximir del pago del IVA las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos.
Pide incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Propone que los productos con fecha de consumo preferente también incluyan una fecha de caducidad para proteger a las empresas ante un posible problema de seguridad.
Propone incluir un anexo con una ficha técnica para definir la responsabilidad de cada agente de la industria alimentaria obligado a suscribir un convenio con organizaciones o entidades sociales para la donación de sus excedentes.
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
Pide incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Rechaza que se distinga entre establecimientos en función de su superficie a la hora de fijar obligaciones en la reducción del desperdicio de alimentos y pide una mayor uniformidad. También flexibilizar algunas exigencias y que la donación sea voluntaria y no obligatoria.
Assocat (Asociación de Mataderos de Aves y Conejos de Cataluña)
Entre las obligaciones de la norma a la hostelería y demás proveedores de servicios de alimentación plantea que precisen en sus menús la procedencia u origen de los alimentos ofertados (proximidad local, ecológico, nacional, europeo o terceros países). La distancia máxima de producción y transformación propuesta para ser considerado de proximidad es de 300 km.
Argumentan que incentivaría el consumo de productos frescos de proximidad en el sector Horeca, beneficiando al sector agroalimentario español
FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, Flores y Plantas Vivas)
Pide que la jerarquía de prioridades se modifique para relegar la donación de alimentos a otras de rentabilidad económica como la transformación de productos que siguen siendo aptos para su consumo, la alimentación animal o su uso como subproducto en la industria.
Propone que la donación gratuita de alimentos no sea obligatoria en caso de existir una alternativa onerosa.
Quiere que los productores a nivel explotación no estén obligados a cuantificar e informar anualmente las pérdidas y el desperdicio alimentario, pues cree que esta tarea es muy compleja en el campo.
Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (APROA)
Rechaza la consideración de desperdicio alimentario de productos agrarios y alimentarios que quedan en las explotaciones y se reincorporan al suelo o se utilizan para compost. Defiende que son prácticas ecológicas y que nada tienen que ver con la pérdida.
Propone que, una vez se aplique la jerarquía de prevención-alimentación humana-transformación-alimentación animal, el productor decida, sin aplicar ninguna jerarquía entre las mismas, la valorización de material, energética o subproducto en otras industrias de un alimento.
Cedecarne (Confederación Española de Detallistas de la Carne)
El sector de comercio especializado artesanal de la carne plantea que la norma permita la transformación de productos aptos para el consumo, cuando sean pequeñas cantidades y la elaboración de escasa entidad, en comercios de venta al por menor sin obrador específico (el obrador es la parte del establecimiento cerrada al público para la manipulación, preparación, elaboración y almacenamiento de productos cárnicos).
Pide que las empresas y las asociaciones representativas de la cadena alimentaria participen en la elaboración del Plan Nacional de control de pérdidas y el desperdicio.
Mensa Cívica
Plantea que las administraciones estén obligadas a incorporar como condición en los pliegos de contratación de servicios de alimentación prácticas adecuadas para la prevención del desperdicio alimentario.
También pide impulsar la creación de empresas para asesorar y acompañar a los agentes de la cadena para elaborar los planes de prevención y realizar su seguimiento, o de intermediación entre el origen del excedente y el destino final. Propone para ello líneas de ayuda o incluso una homologación de empresas consultoras.
Advierte de la falta de recursos y controles para asegurar la eficacia de la norma, atendiendo al “amplio desarrollo de infracciones y sanciones”, y “mecanismos reales” para aplicar el castigo.
Cree que no aplicar la jerarquía de prioridades debería ser infracción grave, y no leve, al igual que la destrucción intencionada de alimentos aún válidos para su consumo.
Propone que las sanciones económicas se acompañen de acciones de educación y sensibilización
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
En el régimen de infracciones quiere tipificar como infracción muy grave toda práctica comercial desleal que fomente la pérdida y el desperdicio alimentario
Propone incluir en un anexo de la norma una serie de prácticas comerciales desleales que provocan pérdidas y desperdicio, como modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la ausencia de contrato, carencias de información, la anulación repentina e injustificada de un contrato, la presión para reducir precios, la transferencia desleal del riesgo comercial o la imposición de la devolución incondicional de mercancías no vendidas.
Cooperativas Agroalimentarias de España
Cree que la ley sólo debe tener por objeto la prevención del desperdicio, que es evitable, y no las pérdidas, que son inevitables al tratarse de productos que no cumplen con las exigencias de comercialización y, por tanto, de donación para su consumo. Por ello, pide poner el foco en los últimos eslabones de la cadena, con mayor nivel de desperdicio e impacto medioambiental.
Plantea clarificar la definición de ‘pérdida de alimentos’ para subrayar que es ajena al control de su tenedor e inevitable. Además de aquellos que se reincorporan al suelo o se emplean para compost, añade aquellos que quedan excluidos de la comercialización por no cumplir las condiciones (y que, por tanto, no podrían ser donados).
Propone no considerar desperdicio o pérdida los productos retirados –aquellos que se dejan de comercializar al amparo de un mecanismo de prevención y gestión de crisis o de regulación del mercado europea– ni los productos dañados –los que se excluyen de comercialización por daños derivados de accidentes climáticos o fitosanitarios–.
Rechaza que se priorice la donación de alimentos para consumo humano frente a la alimentación animal y la transformación en otros productos. Pide clarificar la responsabilidad de las entidades sociales de garantizar la trazabilidad de los productos donados y asumir su gestión, coste incluido, a partir del momento de su recepción.
Fedepesca (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados)
Llama a exonerar a los comercios detallistas de productos frescos con establecimientos de menos de 100 metros cuadrados de la obligación de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio.
EMPRESAS
El Corte Inglés
Ve con buenos ojos la ley ante el riesgo de que las comunidades autónomas desarrollen normativas poco armonizadas, si bien expresa su preocupación por que los planes autonómicos contra el desperdicio tengan un alcance desigual para las empresas.
Cuestiona la posibilidad de autorizar la venta o donación de productos una vez venza la fecha de consumo preferente por una cuestión de seguridad, responsabilidad y el debate de ‘ciudadanos de primera y segunda clase’.
Too Good To Go
Propone que la cuantificación de las pérdidas y el desperdicio alimentario se realice acorde a la metodología común europea y los datos recabados en las mediciones se publiquen anualmente.
Plantea que la regulación no sea voluntaria, sino obligatoria, y diseñada por las administraciones.
Pide que las entidades locales promuevan programas de colaboración con el sector privado para la reducción de desperdicios alimentarios.
Llama a acortar el período de seguimiento de los planes de prevención, y que en lugar de hacerse cada cuatro años sea cada dos.
Propone endurecer las sanciones hasta los 20.000 euros en el caso de infracciones leves y subir a un mínimo de 20.001 euros las de carácter grave, además de eliminar la posibilidad de librar las infracciones leves con un apercibimiento. [En una versión anterior de esta información se indicaba por error que la empresa había pedido elevar hasta 150.000 euros las infracciones graves y a un millón las muy graves.]
Plantea incentivar la donación con una exención del IVA a todos los productos que vayan dirigidos a ese fin.
Universidad de Deusto – Foodrus – Eroski
Propone que los planes de prevención de las pérdidas y el desperdicio sean sectoriales, y no individuales.
Propone eliminar las obligación prevista para la industria alimentaria y establecimientos a partir de una determinada superficie de alcanzar acuerdos con entidades sociales para la donación de sus excedentes.
Quiere que la infracción de no donar o distribuir excedentes a entidades sociales por parte de la industria alimentaria se condicione a que las entidades sociales demuestren capacidad de gestión, pues cree que su carencia de medios es la que explica en la mayoría de ocasiones que no se donen estos alimentos.
Exención del IVA a los productos destinados a donación y revisión de la normativa Sandach (subproductos animales no destinados a consumo humano) para la prevención del desperdicio, siempre que se garantice que no vuelven a la cadena humana.
Tetra Pack Iberia
Incluir entre los principios rectores de la norma la colaboración con el sector de la transformación y el envasado con el fin de aumentar la durabilidad de los alimentos.
ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y OENEGÉS
Hispacoop (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios)
Cree que la propuesta del Gobierno “ahonda poco en aquellas fases donde se producen mayores pérdidas y desperdicio. Pide una “visión integral de toda la caden” e introducir más medidas que abarquen a todos los agentes y en las causas estructurales que provocan las pérdidas y el desperdicio.
Incide en la necesidad de información, formación y sensibilización a los consumidores. Más concienciación y sensibilización. ante la dificultad de controlar los hábitos de consumo dentro del hogar.
Expresa su preocupación sobre la vida útil de los alimentos donados y pide castigar como infracción grave la venta de un producto que ha sido previamente donado.
Asociación Encuentro y Solidaridad
Considera que el objetivo de la ley debe ser únicamente la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, y no la reducción de la pobreza.
Plantea la posibilidad de que los agentes de la cadena se acojan a un plan de prevención del desperdicio colectivo o sectorial.
Propone sancionar prácticas comerciales que inviten a un sobreconsumo, como las ofertas 3×2, promociones de consumo sin límite con precio fijo. También quiere una regulación específica para los establecimientos de bufé libre.
Pide recoger en la ley la posibilidad de que los propios empleados aprovechen alimentos destinados a la basura cuando no se haya encontrado otra solución mejor, una vez se hayan aplicado medidas de prevención.
Propone que los descuentos en productos con fechas de consumo preferente y caducidad próxima sean de un mínimo del 50% para incentivar su venta y evitar la pérdida.
Cree que no contar con un plan de prevención debería ser una infracción tipificada como muy grave, y no aplicar la jerarquía de prioridades, como grave. En caso de reiterarse las infracciones graves, plantea que se llegue a castigar con el cierre del establecimiento.
Quiere fijar un plazo de un año para la elaboración de una guía de buenas prácticas para la gestión alimentaria por parte del Gobierno, y de las medidas complementarias por parte de las comunidades.
CCU (Consejo de Consumidores y Usuarios)
Pide medidas regulatorias y no regulatorias para ajustar la producción a las necesidades reales, promocionar canales cortos de venta, comercio de proximidad y en origen; combatir el desecho de alimentos relacionado a la estética de los productos; informar
Cree que la norma ahonda poco en las fases de producción y consumo final, fases donde se producen más pérdidas y desperdicio, ni en la de transformación, centrando sobre todo esfuerzos en la fase de distribución.
Cuestiona el objetivo de garantizar las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. Considera que el acceso de alimentos con distintas fechas de consumo, según su situación económica, puede aumentar la desigualdad. Pide mayor información sobre las fechas de consumo de los alimentos frente a la confusión que existe entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad.
Propone tipificar como infracción grave la venta de un producto que ha sido donado y castigar la venta de productos con fecha de consumo preferente vencida.
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos)
Reclama medidas fiscales en las donaciones y sugiere incluir la definición de alimentos excedentarios, como aquellos productos aptos para consumo que cumplen las normas sanitarias y de trazabilidad pero que han sido descartados al no satisfacer la demanda.
Universidad de Deusto – FoodRUs – Elika (Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria)
Lamenta la falta de incentivos fiscales para los agentes de la cadena pese a las obligaciones (“muchas y muy exigentes”) y propone combinar estos con las sanciones para aumentar la eficacia de la norma. Propone eximir del IVA a los productos donados a entidades benéficas y sin ánimo de lucro y aplicar IVA reducido la venta de un producto denominado ‘feo’ o cuya fecha de caducidad está próxima.
También pide la creación de empresas que asesoren y acompañen a los agentes de la cadena para elaborar sus planes de prevención y realizar su seguimiento; o empresas que ejerzan de intermediación en la cadena para garantizar la trazabilidad y buen estado de excedentes donados. Otra propuesta es contemplar líneas de ayuda o una homologación de consultoras.
Otra propuesta es fomentar acuerdos con la distribución para controlar promociones en productos perecederos, al entender que parte del despilfarro es provocado por campañas de promoción para deshacerse de stock (3×2, 50% segunda unidad). Así, plantea incentivar campañas de venta de productos con fecha cercana de caducidad o consumo preferente, y prohibir las que llevan a adquirir más cantidades que luego no pueden consumir.
Plantea revisar los estándares de calidad que retiran del mercado productos de gran calidad sólo por su aspecto exterior o tamaño, entre otros factores. También el desarrollo de líneas de venta específicas y acuerdos de colaboración con proveedores locales.
Fundación Espigoladors
Propone incluir como objetivo de la ley la investigación y estudio de la problemática del desperdicio y las pérdidas en todas las etapas de la cadena.
También la definición de espigueo, como la rebusca de alimentos que quedan en el campo después de la cosecha principal, o de las cosechas sembradas no recogidas, con la autorización del titular de la explotación como actividad complementaria y sin ánimo de lucro. Propone un plazo de un año para la regulación de esta actividad con una serie de condiciones.
Plantea que, además de estar obligados a cuantificar y a informar anualmente de las pérdidas y el desperdicio, los agentes de la cadena estén obligados a detallar las causas de los volúmenes generados.
Enraíza Derechos
Critica que la propuesta deje fuera al consumo doméstico, uno de los focos de mayor desperdicio, y no mencione grupos de interés, organizaciones de consumidores, centros educativos, universidades en tareas como las de concienciación o sensibilización ciudadana.
Incorpora la definición del espigueo o rebusca, una actividad contemplada en varias normas y estrategias autonómicas y que permite reducir y visibilizar y cuantificar las pérdidas generadas en el sector primario.
Pide que el Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio incorpore el monitoreo de acciones encaminadas a la promoción de canales cortos de comercialización y también incluir información sobre el sistema de fijación de precios y prácticas comerciales desleales.
Cree que no aplicar la jerarquía de prioridades, atendiendo a su relevancia en la ley, debería estar tipificada como infracción grave, y no leve.
A la hora de establecer la metodología para la medición de pérdidas y desperdicio plantea que se realice una aproximación mixta, no sólo cuantitativa sino también cualitativa, analizando las causas del desperdicio generado.
Cáritas-Banc de Recursos-Formació i Treball-Nutrició Sense Fronteres-Aprofitem els Aliments
Piden no hacer referencia a la donación dentro de la jerarquía de prioridades (dejarla únicamente en ‘utilización para la alimentación humana’) para no dar mayor peso o relevancia que a otras posibilidades de redistribución.
Proponen eliminar las obligación prevista para la industria alimentaria y establecimientos a partir de una determinada superficie de alcanzar acuerdos con entidades sociales para la donación de sus excedentes.
Abogan por establecer un régimen sancionador para castigar la ausencia de diferenciación entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad y reducir el período de evaluación y revisión de los planes y programas y que sea cada dos años.
CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)
Considera que falta concreción y adaptación en las obligaciones y buenas prácticas establecidas para los agentes de la cadena alimentaria, pide planes tipo para empresas pequeñas y que las empresas del canal Horeca estén obligadas a informar sobre el tamaño de las raciones en la carta o a través de medios online.
WWF España
Pide comprometer mecanismos para incentivar el cumplimiento de los objetivos, ya sean fiscales (como la exención de la tributación del IVA a los productos donados) o de otro tipo.
Otra propuesta es que las licitaciones de servicios de alimentación incluyan en sus pliegos condiciones dirigidas a la prevención del desperdicio.
Plantea incluir en el Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio información sobre el sistema de fijación de precios, primando buenas prácticas y penalizando las prácticas comerciales desleales.
Quiere que el informe anual que elabore el Ministerio de Agricultura incorpore una evaluación de los planes, estrategias y demás normativa desarrollada por el resto de administraciones.
En el régimen sancionador ve conveniente tipificar como infracción grave la destrucción intencionada de alimentos aún válidos para el consumo humano. Propone un plazo de un año para la regulación del espigueo, con una serie de condiciones.
