El sector del taxi se considera «el gran olvidado» de la futura Ley de Movilidad Sostenible. En sus más de cien artículos, el proyecto que aspira a sentar las bases para un nuevo modelo de movilidad, no dedica un apartado específico a este sector.
Así lo denunció el pasado 20 de febrero el coordinador y portavoz de Taxi Project, Tito Álvarez, ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, que espera en los próximos días al registro de sus enmiendas.
Y, ante esta situación, la organización ha movido ficha y ha elaborado una batería de propuestas que ya ha empezado a presentar y negociar con varios grupos parlamentarios.
Control de los ayuntamientos
Defienden que los ayuntamientos tienen que tener control del tráfico urbano y regular la cantidad de vehículos que pueden acceder y circular.
Para ello, proponen modificar la Ley 16/1987 de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para habilitar a las entidades locales y áreas metropolitanas para poner límites a las licencias de transporte que puedan operar por sus calles por razones de interés general.
Esta enmienda serviría de cláusula ante la posible anulación de los límites vigentes por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero también ante regulaciones como las de la Comunidad de Madrid y Andalucía. Creen estas normas vulneran las competencias reconocidas a los ayuntamientos en la Ley de bases del Régimen Local y en la propia Constitución, así lo han denunciado ante el Tribunal Constitucional.
Qué es el taxi y qué es un operador de transporte
Quieren garantizar en la LOTT que el taxi es un servicio público municipal bajo licencia para ofrecer transporte urbano en condiciones sostenibles.
«Se necesita tipificar jurídicamente varias figuras que existen en la práctica pero no en la legislación, lo que lleva a muchos actores del transporte a aprovecharse de vacíos legales que desprotegen al usuario», esgrime Taxi Project.
También en la LOTT, esta organización quiere definir la figura de operador de transporte de viajeros para incluir en la regulación a las plataformas que se presentan como intermediarios de información.
Argumentan que empresas que cobran y designan servicios, fijan o modifican los precios en base a bonificaciones o descuentos, o imponen criterios de calidad, no son meros intermediarios de información como se definen, sino operadores en el negocio.
Y, por tanto, deben someterse a la normativa sectorial y tributar en España por los ingresos que perciben por estos servicios. «Si el coche va de un punto a otro, ¿por qué tributas en Holanda y no en España?», se pregunta Tito Álvarez.
Su propuesta es definir como operador a quien pretenda intermediar en la contratación de transportes de viajeros regulares y discrecionales, ya sea en concepto de creación de una oferta de transporte de viajeros y/o ejerzan una influencia decisiva o de control en las condiciones del servicio de transporte, debiendo para ello obtener una autorización de operador de transporte.
Dudas sobre los datos compartidos
La Ley prevé el almacenamiento y publicación de datos de movilidad proporcionados por autoridades, operadores de transporte e infraestructuras y gestores para la planificación de las políticas de movilidad.
Sin embargo, en Taxi Project recelan de los usos que puedan hacerse de estos datos, pues consideran que supone una entrega masiva de datos a grandes empresas multinacionales, advirtiendo de los riesgos que eso supone en términos de soberanía y privacidad.
Por contra, llaman a abrir la caja negra de los algoritmos e imponer exigencias de transparencia a las grandes plataformas sobre su funcionamiento para la fijación de tarifas, ya que dudan que se vaya a obligar a Uber o Cabify a compartir sus datos de movilidad.
Acotar el transporte a demanda
A la organización del taxi tampoco le convence la falta de concreción de la nueva regulación de transporte a demanda, que se prestan previa solicitud del usuario, a través de un contrato del sector público, pero sin necesidad de estar sujetos a itinerario, calendario y horario prefijado.
Al no especificarse qué es una zona de escasa demanda, creen que puede usarse en un barrio de gran ciudad, y tampoco les vale la garantía contractual. Bastaría con un contrato menor sin concurso. “Es un coladero de transporte desregulado y casi pirata si un Gobierno neoliberal se dispone a desguazar el transporte”, espetan.
Rechazo al ‘sandbox’ y la incógnita del coche autónomo
Tampoco convence la inclusión de ‘sandbox’ o caja de prueba para la realización de pruebas. Entienden esta ventana como un espacio sin ley para que las grandes empresas puedan hacer experimentos en los municipios eximiéndoles de toda responsabilidad.seguridad.
“Es muy peligroso, una locura. Si quieres hacer pruebas y experimentos con un coche autónomo te vas al circuito de Montmeló o del Jarama, pero no hacer pruebas por los municipios”, critica Álvarez, que además espera que, si empieza a haber taxis con coche autónomo, sea con las licencias de taxi que existen.
Auxilio en carretera
En este proceso de enmiendas, Taxi Project también defiende ante los grupos atender a la situación del servicio de grúas para reconocerles como servicio esencial.
Critican la posición de desventaja de estos trabajadores, fundamentalmente autónomos, frente a las aseguradoras y la precariedad de sus condiciones.