El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante su debate de investidura una reforma para que la responsabilidad civil no prescriba en los delitos de abusos sexuales a menores, especialmente en el seno de la Iglesia. Además, prevé crear un Fondo Estatal para el pago de ayudas y compensaciones a víctimas y reforzar la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La iniciativa fue bien recibida por la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), que se muestra optimista y confía en que se avance a lo largo de la legislatura.
“Se han colocado las vías, ahora hay que ajustar los tornillos para que el tren de la justicia y la equidad de las víctimas ruede con solvencia y no descarrile nunca más”, afirma el portavoz de la asociación, Juan Cuatrecasas, en declaraciones a Demócrata.
Cuatrecasas, quien fue diputado del Grupo Socialista en las Cortes Generales durante la XIII y XIV Legislatura, dice recibir el compromiso de Sánchez con “esperanza y optimismo”, puesto que “confiamos abiertamente en que el Gobierno de progreso y avances sociales pueda asumir como propias recomendaciones surgidas de la propia voz de las víctimas y supervivientes de pederastia del ámbito eclesiástico”. En este sentido, espera un trabajo eficaz del Congreso que cristalice en una ley “que devuelva a las víctimas su dignidad, en aras a su reconocimiento, reparación y acompañamiento”.
“Se han colocado las vías, ahora hay que ajustar los tornillos para que el tren de la justicia y la equidad de las víctimas ruede con solvencia y no descarrile nunca más”.
Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR
La Constitución como aval
El portavoz de ANIR recuerda que “no se pide limosna”, y se remite a la Constitución Española. En concreto, al artículo 39, apartado 4:
“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
Cuatrecasas también cita el apartado 1 del mismo artículo, que reza que “los poderes aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”, porque las familias de las víctimas y supervivientes de pederastia también sufren secuelas y consecuencias de estos graves delitos.
“Puedo citar también el Estatuto de la Víctima Ley 4/2015, de 27 de abril, que puede ser también un marco jurídico adecuado, al igual que los convenios y tratados internacionales que velan por el interés superior de la infancia”, remacha.
Pasos futuros
En cuanto a pasos a dar en el futuro más inmediato, la asociación considera que, si bien “vamos en el camino correcto”, “la Iglesia debe asumir su responsabilidad”.
En cuanto a la iniciativa de Sánchez, valoran que se ha asumido el compromiso públicamente, aunque “de momento no han dado detalles”. Cuatrecasas insiste en la importancia del trabajo parlamentario de diputados y diputadas con conocimiento de causa y, en este sentido, exige que se unifiquen criterios.
“Son muchas las medidas a implementar”, dice, pero menciona tres concretas a las que ubica el cartel de urgente:
- Terapias gratuitas desde el Sistema Nacional de Salud.
- Erradicación de la exclusión laboral y estudiantil de las víctimas.
- Protección a las víctimas cuando denuncian.
Varias leyes decayeron en la XIV Legislatura, bien por falta de tiempo ante el adelanto electoral, o por un bloqueo premeditado entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Preguntado por si teme que el anuncio se quede solo en ese, un anuncio que no termine de concretarse, Cuatrecasas esgrime que confía mucho en el trabajo parlamentario”. “Sé que lo que se ve de cara a la galería no es todo. Que hay equipos profesionales que además de diputados y diputadas, trabajan con absoluta dedicación”, apunta. No obstante, admite que en ocasiones “los tiempos no pueden cumplirse” por circunstancias, pero en general, “creo que se ha avanzado mucho”.