Aún en los primeros compases de la batalla judicial por el nuevo gravamen temporal a las entidades financieras, la patronal bancaria avisó este miércoles en el Congreso de otro frente. Este por la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación se recoge en el proyecto de ley que tramita la Cámara Baja.
El secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, confirmó las advertencias lanzadas por CEOE y Cepyme durante la tramitación previa, el riesgo de inconstitucionalidad de varios de sus preceptos.
Por ejemplo, la falta de relación de la tasa que deben asumir las entidades por cada reclamación –250 euros fija el proyecto–, algo que no se ajusta a la propia doctrina constitucional y que, recuerda la patronal, motivó la anulación de parte de las tasas judiciales por parte del alto tribunal.
La AEB esgrime que una tasa se justifica por la prestación de un servicio y que, en este caso, aquí lo asume la parte que no lo solicita. Además, critica la obligación de asumir su importe independientemente de si la resolución es favorable o contraria: «Obligar a quien tiene razón a hacerse cargo de los costes del litigio es algo que no tiene sentido», lamentó Pellitero.
También ve riesgo de inconstitucionalidad en la atribución de competencias, «tan intensas», destaca, en el ámbito judicial, pudiendo llegar a vulnerar el principio de exclusividad e integridad de la función jurisdiccional del artículo 117 de la Carta Magna.
Durante la tramitación de la iniciativa como anteproyecto, la CEOE también llamó la atención sobre la adecuación al derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.3) por la obligatoriedad para la banca de someterse a un proceso de resoluciones vinculantes (para reclamaciones de hasta 20.000 euros).
De seguir para adelante con este modelo –su posición es la de retocar el sistema actual–, proponen rebajar sustancialmente este umbral para las resoluciones vinculantes. Señalan, como referencias, que el Banco de España sitúa bajo el límite de los 1.000 euros el 90% de las reclamaciones, y que en la jurisdicción civil se exige abogado procurador para reclamaciones a partir de los 2.000 euros
Precisamente, la regulación propuesta separa la vía judicial, al derivar los recursos ante resoluciones vinculantes al orden contencioso-administrativo y los no vinculantes a la jurisdicción civil. Una solución que alimenta el riesgo de pronunciamientos contradictorios.
«No hay ninguna materia que sea común a dos órdenes jurisdiccionales», ha alertado Pellitero, cuestionando además que, sin rango de ley orgánica, pueda alterarse la distribución de competencias entre ambas órdenes. Todo ello, ha incidido, sin contar con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la tramitación.
Finalmente, la banca considera que la extensión como beneficiario del sistema a todo cliente de las entidades puede vulnerar el principio de igualdad. Concede la necesidad de configurar un marco beneficioso para el consumidor, tal y como establece la directiva europea de la que emana esta autoridad, pero no amparar en él a grandes empresas o inversores institucionales como plantea el proyecto.