España tiene un problema de competitividad industrial ajeno al coste energético, la formación de sus trabajadores o a la normativa laboral. Lo tiene en la propia Administración.
Ese es el diagnóstico realizado por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, una patronal de patronales de sectores que aglutina el 55% del Producto Industrial Bruto, tras realizar una encuesta a 145 empresas de nueve sectores industriales sobre los procedimientos administrativos.
El resultado es un retraso generalizado en todos los trámites, con un plazo real de resolución que casi triplica los plazos legales. El retraso acaba siendo de años en algunos de los trámites, dilatándose incluso diez veces el plazo legal, como es el caso de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración de impacto ambiental (DIA).
La patronal también lamenta las diferencias entre los requisitos de las administraciones y la documentación exigida, la falta de coordinación entre departamentos y niveles administrativos o de digitalización en estos procesos.
A ello, la Alianza suma también como causa de retrasos la inseguridad del funcionariado ante posibles denuncias, lo que dificulta la toma de decisiones y la resolución de trámites.
El resultado es la pérdida de inversiones e incluso la marcha de actividad a otras jurisdicciones más diligentes.
La situación es especialmente crítica, alertan en la patronal, en un momento clave para el desarrollo industrial en el país, de ejecución del Plan de Recuperación y de competición por atraer inversiones con vistas a garantizar autonomía estratégica.
Junto al diagnóstico, la Alianza ha presentado junto a la consultora KPMG un informe con propuestas para la optimización de los procesos administrativos que se resumen en las siguientes medidas:
Ventanilla única y digitalización de procesos
La propuesta de una ventanilla única para centralizar los procedimientos simplificaría la labor tanto a empresas y particulares como a las propias administraciones
La Alianza propone la realización de un formulario para cribar la documentación necesaria, identificar proyectos para derivar a la unidad correspondiente. El sistema permitiría que el solicitante no tendría que dedicar tiempo a informarse o investigar normativa aplicable para cumplir con la documentación y los requisitos, sino que automáticamente recibiría un documento con los informes, evaluaciones y demás documentación a aportar.
Con el fin de rebajar los tiempos de resolución, la Alianza propone usar informes únicos entre administraciones, la tramitación conjunta de distintos procedimientos en una misma iniciativa empresarial y el uso de medios electrónicos.
También pide que sea obligatorio la publicación de plazos medios de tramitación de expedientes.
Silencio positivo y declaraciones responsables
La Alianza propone actuar sobre trámites específicos como la licencia urbanística (obra), la licencia de actividad, la evaluación del impacto ambiental y la autorización ambiental integrada, si bien quedarían fuera documentos indispensables para verificar el cumplimiento de requisitos o aquellos que por normativa no sea posible sustituir.
En todo caso, ven posible sustituir la licencia de obra por una comunicación previa con silencio positivo, y aumentar los supuestos para la declaración responsable en lugar de la licencia de actividad, eximiendo de la misma en aquellos proyectos o actividades que cuenten con una declaración de impacto ambiental favorable previa.
En el caso de la autorización ambiental integrada (AAI), propone limitar el plazo máximo a 30 días para el período de información pública del proyecto por parte del órgano competente para reconocerlo. El plazo máximo para emitir el informe del organismo de cuenca por parte del órgano competente se limitaría a tres meses.
El mismo plazo máximo de tres meses es el que la patronal propone para la resolución de la autorización del proyecto sometido a informe de impacto ambiental (IIA) por parte de la autoridad competente, procedimiento para el que propone también la aplicación del silencio administrativo positivo.
Respecto a la declaración de impacto ambiental (DIA), propone un plazo máximo de tres meses para resolver la autorización del proyecto sometido a la misma, la aplicación del silencio positivo y un plazo plazo de tres meses hábiles para que el órgano ambiental formule la citada declaración.
Finalmente, la Alianza defiende reducir el plazo máximo para que las administraciones afectadas y personas interesadas del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental (EIA) se pronuncien, y la aplicación del silencio positivo una vez se supere el plazo.
Nueva figura de coordinador de proyectos
Esta figura facilitaría al inversor un contacto directo con la Administración y ofrecería asesoramiento además de realizar seguimiento durante todo el procedimiento.
Algunas comunidades como Andalucía o Cataluña han adoptado medidas similares de acompañamiento, celebran en la Alianza, apuntado también al tratamiento preferente que da País Vasco a los proyectos que identifica como estratégicos.
Respaldo y protección del funcionariado
La Alianza considera que las obligaciones al funcionariado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público trasladan mayor inseguridad para la resolución de autorizaciones por las numerosas consecuencias en caso de denuncia.
Por ello propone que la Administración asuma en mayor medida la responsabilidad de los errores, se revisen las consecuencias y sanciones derivadas de sus errores y se ponga a disposición de los empleados públicos asesoramiento para el correcto desempeño de su función y le acompañe durante el procedimiento abierto por supuestas infracciones.
¿Y los recursos de la Administración?
Además de la digitalización de los medios de los que dispone la Administración, en la Alianza también ven con buenos ojos un aumento de sus recursos humanos. De hecho, llama a “romper el tabú” de la necesidad de menguar la plantilla de empleados públicos, máxime ante el aumento de exigencias y de actividad.