En España vivimos casi 4,5 millones de personas con discapacidad, según los últimos datos del INE. Somos alrededor de un diez por ciento de la población que, con nuestras familias y entornos más cercanos, superamos los doce millones, lo que significa que aproximadamente uno de cada cuatro ciudadanos tiene una relación muy directa con la discapacidad.
Para nuestra Constitución, esa convivencia se realiza con “disminuidos” que requieren “atención especializada”, según se recoge textualmente en el artículo 49 de la Carta Magna.
En España vivimos casi 4,5 millones de personas con discapacidad, según los últimos datos del INE, alrededor de un diez por ciento de la población
Vaya por delante nuestra defensa de la magnífica Constitución que nos rige, un espacio de encuentro, de igualdad y de garantías sociales que ha demostrado en 45 años un compromiso real y efectivo con quienes lo tenemos un poco más difícil y ha posibilitado el periodo más largo de convivencia de la historia de España.
Ponencia en el Congreso
De hecho, cuando se planteó el anteproyecto constitucional y su ponencia en el Congreso de los Diputados, esta cuestión no requirió apenas debate y se aprobó con rotundidad, en una demostración de la sensibilidad de los constituyentes hacia este sector específico de la población.
No estamos ante una crítica ni un revisionismo histórico descontextualizado, estamos ante la necesaria actualización de una terminología que hoy resulta extemporánea porque no está a la altura del impulso social, político y jurídico necesarios para las transformaciones que aún nos quedan por desarrollar.
La evolución de la sociedad española en todos los ámbitos de la vida no excluye el lenguaje, importante también para tratar de mostrar no solo lo que somos, también a lo que aspiramos. No somos ni nos consideramos “disminuidos” y sólo queremos que nos denominen, por encima de todo, personas.
La nomenclatura es clave para hacernos mejores, aunque quiero dejar bien claro que las personas con discapacidad no vivimos de ello y sí de nuestro esfuerzo y de tratar de salir a la calle cada día, codo a codo junto al resto de ciudadanos y ciudadanas, a ganarnos el futuro y el respeto.
No estamos ante una crítica ni un revisionismo histórico descontextualizado, estamos ante la necesaria actualización de una terminología que hoy resulta extemporánea
Sin embargo, las personas con discapacidad hemos sido denominadas a lo largo de la historia de muy diversas maneras: solo en España, a lo largo del pasado siglo XX, existieron un “Real Patronato de sordomudos, ciegos y anormales”, un “Cuerpo de inválidos militares”, un “Patronato de cultura para deficientes”, la “Asociación de inválidos para el trabajo”, el sistema de “atención a subnormales” y en la Constitución se utiliza los términos “disminuidos” y “minusvalía”, mientras que algunos ámbitos cegados de buenismo hablan ahora de “diversos y diversas funcionales”.
Nosotros no vivimos de esto, no nos da de comer, pero estarán conmigo en que querer acceder a la educación o al empleo con el cartel de inválido, disminuido, tullido, contrahecho y otras lindezas, no es la mejor de las garantías para la inclusión a la que aspiramos.
Reconocimiento de la ONU
Celebramos el 3 de diciembre el Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que viene avalada por Naciones Unidas, que dedica una especial importancia a esta cuestión.
Fíjense si será importante que, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de Derechos del Niño, la ONU cuenta con una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en 2008), la primera y única hasta el momento del siglo XXI, y esa es precisamente la denominación internacionalmente aceptada por todos, sobre la que basamos nuestra reivindicación, además de sobre las muchas capacidades de un importante grupo de ciudadanos.
No podemos entender que se acumulen casi 20 años solicitando el cambio de denominación desde las asociaciones, lideradas por el CERMI y que, a pesar de haber logrado en varias ocasiones el consenso de todos los grupos parlamentarios, no se haya conseguido. Desde luego, tampoco veríamos bien que esta modificación constitucional trate de aprovecharse políticamente para otras pretensiones que nada tienen que ver.
Las personas con discapacidad pedimos respeto y que no se nos utilice para cualquier otra intención -que puede ser legítima- pero sin ninguna relación con nuestra más que justa pretensión.
No podemos entender que se acumulen casi 20 años solicitando el cambio de denominación desde las asociaciones y que no se haya conseguido
Las personas con discapacidad, sus familias y toda la ciudadanía hemos luchado mucho para superar el modelo médico, rehabilitador, asistencial e incluso de beneficencia al que hemos estado ligados demasiado tiempo. De ahí que la reforma vaya más allá de la palabra “disminuido”, porque nos hemos ganado el respeto a la dignidad de la persona desde la no discriminación, la participación e inclusión plenas o la igualdad de oportunidades. Y queremos ser iguales en derechos y deberes, desde el máximo respeto a la diferencia y la diversidad, que es lo que nos enriquece.
Aumento del IRPF para fines solidarios
Las formas de referirse a las personas con discapacidad que les he citado anteriormente duelen en nuestros oídos y aún más en los de una familia a la que acaban de diagnosticar un hijo pequeño con autismo, que tienen una niña en silla de ruedas o, como es mi caso, un hijo con síndrome de Down.
Todos somos personas, pero, en el asunto que nos ocupa, 4,5 millones tenemos una discapacidad y merecemos que nuestros políticos se pongan de acuerdo para cambiar, de una vez, el artículo 49 de la Constitución.
Seguiremos utilizando cada resquicio para reivindicar esta y otras cuestiones que nos lleven a lograr la inclusión real de las personas con discapacidad y del resto de personas en riesgo de exclusión, como hacemos cada día, desde hace ya 85 años, en el Grupo Social ONCE.
De hecho, permitan que cierre estas líneas haciendo otra petición que considero también importante: elevemos del 0,7% al 1% el porcentaje solidario del IRPF dedicado a fines sociales, porque muchas personas en situaciones muy difíciles, que viven al lado nuestro, lo agradecerán.
SOBRE LA FIRMA Miguel Carballeda es presidente del Grupo Social ONCE desde 2019. Inició su relación laboral con la ONCE en Baleares en marzo de 1978. En julio de 2003 resultó elegido presidente del Consejo General de la ONCE. Desde 2003 es vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y en 2004 es elegido presidente del Comité Paralímpico Español.