QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La nueva normativa promovida por el Gobierno regional para regular el funcionamiento de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en áreas urbanas e interurbanas ha obtenido la aprobación de la Asamblea Regional, con un soporte «prácticamente unánime», destacó el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.
García Montoro explicó que esta ratificación «permitirá dotar de un marco legal claro a los servicios de transporte urbano e interurbano de VTC, favorecerá una convivencia equilibrada con el sector del taxi y garantizará los derechos de los usuarios y la movilidad sostenible de los ciudadanos», según un comunicado de prensa de la Comunidad.
El consejero también señaló que «se solventa el vacío legal que existía tras la modificación de la normativa estatal, que limitaba a los VTC al transporte interurbano sin aportar un marco para el ámbito urbano» y agregó que «damos un paso adelante para garantizar que los servicios de VTC se presten con unas reglas claras, respetuosas con el medio ambiente y coherentes con la planificación urbana».
«La norma es fruto de un proceso de diálogo con los sectores implicados que responde a una demanda del propio mercado y permite a los ayuntamientos ejercer sus competencias con criterios de racionalidad y equilibrio», explicó García Montoro.
La regulación establecida en el decreto obliga a los municipios a desarrollar normativas específicas para el servicio de VTC a través de sus ordenanzas municipales, permitiéndoles imponer restricciones basadas en la sostenibilidad y la demanda. Durante los dos años siguientes a la implementación del decreto, no se otorgarán nuevas licencias interurbanas de VTC, aunque se mantendrá la validez de las autorizaciones ya existentes, que también podrán realizar transporte urbano en el municipio donde esté registrado el vehículo.
Adicionalmente, el decreto impone una restricción en los precios durante períodos de alta demanda, asegurando que el costo final del servicio no exceda el doble del precio regular ofrecido por la misma ruta por la empresa operadora o intermediaria, para proteger a los usuarios y el interés general.
«Se trata de una medida de protección al usuario que garantiza que los servicios de VTC se presten con garantías, también en términos económicos», remarcó García Montoro.
