La Asamblea Regional ha dado luz verde por unanimidad a una moción del Grupo Mixto destinada a promover la elaboración de planes municipales de accesibilidad y de un Plan Regional de Accesibilidad, con la finalidad de acelerar la aplicación real de la normativa autonómica en esta materia.
La propuesta ha sido presentada por el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos (Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde), quien ha defendido la necesidad de fijar prioridades y concretar calendarios para que tanto el Ejecutivo autonómico como los consistorios avancen en la planificación de la accesibilidad.
Álvarez-Castellanos ha remarcado que estos planes resultan imprescindibles para ordenar las intervenciones y aprovechar mejor los recursos disponibles, y ha planteado limitar a un año el plazo para que el Gobierno regional presente el Plan Regional, mediante una transacción que haya permitido “pedir cuentas” antes de que concluya la legislatura.
En el debate, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha censurado los retrasos acumulados en el desarrollo reglamentario y ha instado a los parlamentarios a “ponerse en el lugar” de quienes sufren problemas de accesibilidad. Marín ha recordado que la ley se ha aprobado en 2017 y ha citado ejemplos concretos de obstáculos en el transporte y en edificios públicos, incluido el propio hemiciclo.
Por el PSOE, la diputada Toñi Abenza ha reclamado acortar los plazos y ha denunciado “ocho años de retraso” en la puesta en marcha de la ley. Abenza ha insistido en que la accesibilidad “no ha sido un lujo” sino una responsabilidad de las instituciones, y ha exigido que el Plan Regional y los planes municipales se hayan aprobado antes de que termine el año o, como máximo, en un plazo de un año.
Desde Vox, Pascual Salvador ha respaldado la moción y ha criticado la demora en la tramitación del reglamento, subrayando que, en ausencia del plan, los ayuntamientos no han podido actuar con la eficacia necesaria.
En nombre del PP, Sonia Ruiz ha defendido que hablar de accesibilidad ha sido hablar de “derechos, autonomía y dignidad”, aunque ha reclamado que se tenga en cuenta la capacidad técnica y financiera de los municipios de menor tamaño.
Puesta en marcha del CIAR de Águilas
El Pleno ha respaldado igualmente por unanimidad una moción del PSOE para exigir la apertura del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas. El diputado socialista Juan Andrés Torres ha indicado que su grupo ha incorporado enmiendas de otras formaciones para completar el acuerdo y ha defendido que el centro se haya puesto en funcionamiento “con el cien por cien de los servicios”.
La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha apoyado la iniciativa y ha tildado de “indignante” que el edificio haya estado terminado y, sin embargo, cerrado, reclamando que se haya fijado un plazo concreto para su apertura.
Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos también ha votado a favor de la moción y ha cuestionado la planificación sanitaria del Gobierno regional.
La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha sostenido que el CIAR “ha sido una realidad” al encontrarse ya construido y ha explicado que estaba en fase de equipamiento y dotación tecnológica previa a su puesta en marcha.
En la misma sesión, el Pleno ha aprobado una moción de Vox para la creación de una zona franca en Cartagena. La propuesta ha salido adelante pese al rechazo de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde y del PSOE en una de sus partes. El diputado de Vox Rubén Martínez ha defendido que la implantación de la zona franca ha supuesto “una iniciativa de alto valor estratégico” para la Región, al ofrecer ventajas fiscales y simplificación aduanera, además de reforzar un polo logístico-industrial ligado al puerto de Cartagena.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Santiago López, ha apoyado la iniciativa, pero ha remarcado la conveniencia de encuadrarla en una estrategia industrial más amplia. López ha insistido en que la zona franca no ha debido concebirse como un objetivo aislado, sino como un instrumento integrado en el plan industrial regional y conectado con el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y con la mejora de las infraestructuras ferroviarias.
Por el PSOE, la diputada Carmina Fernández ha avanzado que su grupo votaría a favor de la primera parte de la moción, al entender que Cartagena ha precisado herramientas para ganar competitividad y atraer inversión. Sin embargo, el Grupo Socialista ha rechazado la segunda parte al exigir una mayor planificación, dotación presupuestaria y precisión en las medidas.
El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha votado en contra y ha reclamado un estudio de viabilidad exhaustivo, defendiendo que antes de solicitar una zona franca se haya impulsado de forma efectiva el desarrollo de la ZAL de Cartagena y otras infraestructuras ya contempladas.
Debate sobre el acuerdo UE-Mercosur
En este mismo Pleno, la Asamblea ha tumbado una moción de Vox relativa al rechazo del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. La iniciativa solo ha contado con los votos favorables de Vox, mientras que el resto de grupos se han posicionado en contra. También han decaído la enmienda de totalidad del PSOE y las enmiendas de totalidad del PP y del Grupo Mixto.
El diputado de Vox Antonio Martínez ha sostenido que el acuerdo ha supuesto “una declaración de guerra” al sector primario y ha acusado a PSOE y PP de no haber defendido adecuadamente a agricultores y ganaderos.
Martínez ha puesto en duda la efectividad de las cláusulas de salvaguarda aprobadas en el ámbito comunitario, al entender que no han sido automáticas y han dependido de trámites administrativos complejos.
Desde el PSOE, Fernando Moreno ha justificado el voto en contra de su grupo y ha asegurado que Vox ha afrontado el debate con “desinformación”, además de criticar la postura del PP respecto al acuerdo.
El diputado del PP Jesús Cano ha señalado que su formación “no ha apoyado ningún acuerdo comercial que no haya protegido” al sector primario y ha defendido la aplicación de cláusulas de salvaguarda y de controles reforzados en frontera.
Por su parte, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha recordado que su grupo había registrado antes una moción en términos similares y ha acusado a Vox de “copiar” la iniciativa. Además, ha reprochado que la propuesta de Vox no haya incluido la reprobación de eurodiputados murcianos que han votado a favor del acuerdo ni la petición al Gobierno de España de rechazar su aplicación provisional.
Retirada de la moción sobre la línea Cartagena-Murcia-Albacete
Durante la sesión, el PP ha decidido retirar su moción en la que pedía al Gobierno central la reapertura al tráfico de pasajeros de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado esta retirada denunciando que el cierre del servicio en febrero de 2022 se ha sucedido con promesas de reapertura, primero para finales de 2023, después para 2024 y más tarde para 2025, y ha asegurado que “en 2026” la línea ha seguido sin trenes de viajeros.
Asimismo, ha criticado al Ejecutivo central por los retrasos en las infraestructuras ferroviarias de la Región y ha advertido de que, si a finales de 2026 no se ha reabierto la línea y no se ha completado la electrificación y modernización en los términos en que, según ha indicado, se ha comprometido el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, éste “deberá asumir su responsabilidad política y dimitir”.
El parlamentario popular ha añadido que, tras retirar la moción, ha registrado un texto alternativo para tramitarlo como declaración institucional y ha recalcado que su grupo mantiene la reclamación de una reapertura “inmediata”, junto con la electrificación integral y un servicio “de primera categoría”.