La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional de Murcia ha puesto en marcha este lunes una ronda de tres audiencias legislativas para comenzar el estudio de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas por agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema público regional, promovida por el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar ha intervenido la secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Francisca Sánchez, que, pese a valorar positivamente la elaboración de esta norma, ha advertido de que la ley resulta “insuficiente” si no se acompaña de una estrategia integral que refuerce las plantillas, mejore la organización de los servicios y garantice una atención sanitaria digna, según ha informado el Parlamento autonómico.
Sánchez Salmerón ha relacionado el incremento de agresiones con la sobrecarga asistencial, las listas de espera y la saturación de los servicios de urgencias, subrayando que únicamente se denuncia alrededor del 40% de los episodios. Asimismo, ha puesto el acento en la perspectiva de género, al remarcar que casi el 60% de las personas agredidas son mujeres, circunstancia que ha asociado a la feminización del sector y a la desvalorización social de las tareas de cuidado.
La dirigente sindical ha cuestionado que el articulado incluya conceptos jurídicos “indeterminados” y que determinadas sanciones tengan un alcance limitado, al tiempo que ha lamentado que las organizaciones sindicales “no hayan sido escuchadas durante la redacción de la ley”, reclamando además que los procedimientos sancionadores puedan iniciarse de oficio.
A continuación ha tomado la palabra el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, quien ha respaldado la Proposición de Ley por su “necesidad real”, aunque ha recalcado la conveniencia de perfeccionar su redacción técnica.
Desde la representación colegial se ha incidido en la importancia de blindar la seguridad jurídica, reducir al mínimo las dudas interpretativas y garantizar que la futura norma pueda aplicarse de forma eficaz en el día a día.
Miralles ha remarcado que las agresiones a sanitarios no constituyen hechos puntuales, sino una problemática estructural y en aumento que repercute directamente tanto en la calidad de la atención como en la organización interna de los servicios.
Por este motivo, ha pedido que la ley permita actuar con contundencia frente a conductas que, aun sin alcanzar relevancia penal, requieren una regulación clara y detallada, contemplando la ampliación de los sujetos responsables y la capacidad de la Administración para intervenir de oficio.
La última intervención ha correspondido al secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO Región de Murcia, Miguel Ángel López, que ha presentado varias propuestas de modificación del texto.
Entre sus aportaciones, ha planteado ajustar la denominación de la ley para dejar claro que ampara a todos los profesionales que desarrollan su labor en el sistema sanitario público y ha defendido la puesta en marcha de un Observatorio Regional de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad, adscrito a la Consejería de Salud, como instrumento para registrar, estudiar y visibilizar las agresiones con la participación de la administración, los profesionales, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y las asociaciones de usuarios.
López Lozano también ha planteado ampliar el ámbito de protección de la norma, de forma que no se centre solo en la integridad física, sino que abarque la integridad moral, el patrimonio personal y de la administración, la intimidad y el entorno digital, insistiendo en que los procedimientos de protección se activen de oficio para evitar posibles represalias o presiones emocionales sobre la persona trabajadora afectada.
La sesión se ha cerrado con un turno general de intervenciones en el que han participado los diputados María Soledad Sánchez (PSOE), Eugenia Sánchez y María José Ruiz (Vox), María Marín (Grupo Mixto) y María del Carmen Ruiz (Grupo Parlamentario Popular).