La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha dado luz verde este martes a una moción que insta al Gobierno central a poner en marcha un plan específico para reactivar e impulsar el comercio y la hostelería de Lorca, sectores que están sufriendo de lleno las consecuencias de las obras de soterramiento del AVE.
La propuesta, registrada por el PP, solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la puesta en marcha inmediata de una línea de ayudas directas, a fondo perdido, dirigida a los negocios lorquinos más afectados, y que estas subvenciones se mantengan vigentes hasta que concluyan por completo los trabajos.
La diputada del PP, Josefa Carreño, encargada de defender la iniciativa, ha tildado de “inaceptable la gestión que se está haciendo del proceso” y ha alertado de que “los lorquinos se encuentran en una situación de clara discriminación respecto al resto de españoles, atrapados en una isla ferroviaria sin soluciones ni certidumbres”.
Carreño ha admitido que el soterramiento del AVE en Lorca es positivo a largo plazo, pero ha subrayado que “no podemos permitir que para llegar a ese futuro tengamos que sacrificar el presente de cientos de autónomos y familias lorquinas”, a quienes, según ha denunciado, se “les están generando perjuicios económicos graves”.
La parlamentaria popular ha criticado igualmente que el Ayuntamiento “esté asumiendo en solitario el coste del refuerzo de la limpieza intensiva, la regulación del tráfico y la reparación constante de aceras y pavimentos dañados por el paso de maquinaria pesada”, reclamando al Ejecutivo central que “financiar estos gastos extraordinarios”.
Al mismo tiempo, ha exigido “la publicación de un informe técnico actualizado para conocer el estado real de ejecución del proyecto”, así como “que se expliquen las causas de los retrasos acumulados” y que se fije un nuevo calendario oficial de finalización que sea vinculante.
Reparto de responsabilidades y convenio a tres bandas
El Grupo Parlamentario Socialista ha respaldado la necesidad de apoyar a comerciantes y hosteleros, pero defiende que ese esfuerzo económico debe ser compartido por las tres administraciones: nacional, regional y local.
En este sentido, el diputado socialista José López Hernández ha planteado una enmienda parcial para que se firme un convenio de colaboración entre las tres instituciones, al entender que el Gobierno central ya está realizando un importante esfuerzo al financiar “íntegramente el valor de esas obras, que son 327,9 millones de euros”, mientras el Ayuntamiento asume el mantenimiento y los daños derivados de los trabajos en el municipio, pero el Ejecutivo regional “no pone nada”, máxime cuando, ha recordado, “el comercio es una competencia de carácter regional”.
Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha reprochado igualmente la escasa implicación del Gobierno autonómico con los comerciantes de Lorca, y le ha reclamado “ayudas directas” para el sector en el municipio.
Arcas ha señalado que su grupo parlamentario ya registró “hace ya varios meses” una iniciativa en la que pedían al Gobierno de la Región de Murcia “que ayudara a los comercios afectados por las obras del AVE en Lorca”.
En la misma línea se ha manifestado el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, quien ha criticado que el reciente Plan estratégico de apoyo al comercio 2026-2030 no contemple un apartado específico dedicado al comercio de Lorca, “directamente afectado por esta cuestión de las obras”.
No obstante, Álvarez Castellanos ha puntualizado que la crisis del comercio de proximidad en Lorca “no nace ni surge con las obras del AVE. Tiene el mismo origen que otros muchos núcleos urbanos que también sufren problemas del pequeño comercio por la instalación de grandes superficies que trasladan el comercio, sobre todo de las grandes firmas, fuera”.
Ante estas acusaciones, la diputada popular Josefa Carreño ha recordado que la Dirección General de Comercio ya concede subvenciones directas tanto al Ayuntamiento de Lorca para la promoción del comercio como a la Asociación de Comerciantes del Lorca, por lo que, a su juicio, ahora lo que falta es que “cumpla el Gobierno de España”.
Por este motivo, el PP ha rechazado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al considerar que “es de justicia que sea el Gobierno de España quien asuma aquí sus responsabilidades”, ha concluido Carreño.