Podemos-IU-AV exige tramitar de urgencia la reforma del Mar Menor contra las macroplantas fotovoltaicas

Podemos-IU-AV reclama tramitar por urgencia la reforma de la Ley del Mar Menor para frenar macroplantas fotovoltaicas y mejorar la accesibilidad universal.

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Los diputados de Podemos-IU-AV han registrado en la Asamblea Regional de Murcia la petición de que su iniciativa de modificación de la Ley del Mar Menor se tramite por la vía de urgencia y mediante el procedimiento de lectura única, con la finalidad de reforzar la protección de la laguna frente a la expansión de las macroplantas fotovoltaicas.

Así lo han explicado los parlamentarios María Marín y José Luis Álvarez Castellanos tras la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica. Ambos han incidido en que estas grandes instalaciones energéticas se añaden a otros elementos de presión ambiental que ya soporta el ecosistema del Mar Menor, entre ellos los residuos generados por las grandes explotaciones agrarias, lo que, según han advertido, está agravando su deterioro ecológico.

Marín ha remarcado que su grupo defiende las energías renovables y, de forma específica, la energía fotovoltaica, pero ha cuestionado el modelo de despliegue que se está impulsando en la Región de Murcia.

En esta línea, ha reivindicado la agrivoltaica como opción más sostenible, al integrar la agricultura tradicional con instalaciones solares que proporcionen suministro eléctrico a pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Los diputados han recordado las protestas vecinales en núcleos como Los Belones y El Algar frente a la instalación de macroplantas y han exigido coherencia al resto de partidos. “Si de verdad apoyan las reivindicaciones de los vecinos, que se retraten y apoyen esta reforma por el procedimiento de urgencia”, han afirmado, advirtiendo de que el Mar Menor “no resiste un envite más” después de haber estado al borde de nuevos episodios de mortandad de peces el pasado verano.

Por último, Álvarez Castellanos ha instado al Gobierno regional a realizar avances efectivos en materia de accesibilidad universal, tanto en el parque de viviendas como en los servicios públicos, con especial atención a las personas con discapacidad.

Ha criticado los retrasos en el desarrollo de la normativa y la escasa ejecución de los fondos destinados a mejorar la accesibilidad, y ha reclamado un plan integral que garantice el acceso universal a servicios esenciales, como la atención sanitaria en situaciones de urgencia.