Vox ha presentado de forma simultánea en todos los parlamentos autonómicos donde cuenta con representación, así como en el Congreso de los Diputados y en el Senado, una iniciativa para que estas cámaras rechacen cualquier propuesta del Gobierno “que pretenda imponer la censura en redes sociales”.
El diputado regional de Vox, Alberto Garre, defiende “la libertad de expresión como un pilar esencial de toda sociedad libre y democrática” y sostiene que “se encuentra hoy gravemente amenazada por una arquitectura normativa y política que pretende someter el discurso público al control administrativo y al criterio ideológico del poder”, según han indicado fuentes de la formación en una nota de prensa.
“No hablamos solo de un derecho individual, sino de un presupuesto indispensable para la participación política, el control del poder y la existencia misma de una ciudadanía crítica y responsable”, ha remarcado el parlamentario.
Garre alerta de que en los últimos años se ha producido “un cambio de paradigma profundamente preocupante”, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea, a través de normas como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales o el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
Según ha señalado, “bajo la coartada de combatir la desinformación, se han introducido mecanismos de control del discurso público que desplazan el control judicial y lo sustituyen por decisiones administrativas”. En esta línea, acusa al Gobierno de “pretende ir aún más lejos, otorgando a autoridades dependientes del poder ejecutivo competencias para supervisar, inspeccionar y sancionar a plataformas digitales y medios de comunicación”.
Para el diputado, “que una autoridad administrativa decida qué es un medio de comunicación, qué contenidos son aceptables o qué se considera desinformación supone un riesgo gravísimo para el Estado de Derecho e instaura en la práctica mecanismos de censura incompatibles con cualquier democracia real”.
Asimismo, ha cargado contra el uso del denominado “delito de odio”, que a su entender se ha convertido “en un instrumento para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas”.
En su opinión, “la libertad de expresión está dejando de ser la regla para convertirse en una excepción sometida a una definición ideológica y ambigua de lo que el poder considera aceptable, generando inseguridad jurídica y un clima de autocensura impropio de una democracia madura”.
Garre reprocha además que este concepto se haya extendido fuera del ámbito penal por parte de universidades, administraciones públicas y plataformas digitales, al considerar que se emplea “para cancelar, excluir o silenciar a quienes discrepan del canon ideológico dominante, llegando incluso a impedir actos académicos o debates históricos”.
“El poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar. Estamos asistiendo a una ola represiva auspiciada desde Bruselas contra la libertad de expresión e información en redes sociales, promovida por un consenso ideológico que ve amenazada su hegemonía”, ha añadido.
El diputado también responsabiliza al Ejecutivo central de “pretender extender el control de los medios tradicionales, mediante subvenciones y publicidad institucional, hacia la censura directa de las redes sociales”. Como ejemplo, ha aludido a las manifestaciones de la ministra de Juventud e Infancia, que se ha mostrado partidaria de “limitar y seguramente prohibir” el uso de la red social X, llegando a calificar este espacio digital de “antidemocrático”.