El sindicato CCOO ha vuelto a poner el foco en la situación de Sanidad Exterior, al advertir de que se están gestionando alertas sanitarias, entre ellas el brote de hantavirus, con equipos mermados, plazas sin cubrir y falta de medios que “comprometen” su capacidad de actuación.
Según detalla CCOO, a este escenario se añade la intención de la Administración de dejar fuera a la enfermería de las guardias destinadas a atender este tipo de emergencias sanitarias, una propuesta que el sindicato considera carente de justificación técnica y que “debilitaría aún más un servicio ya tensionado”.
En relación con los recursos humanos, la organización sindical destaca que en Canarias, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, los dispositivos de Sanidad Exterior solo disponen de cuatro profesionales de enfermería y tres médicas en cada centro. En el conjunto del Estado, advierte de que únicamente hay 80 profesionales de enfermería y 51 médicos operativos, mientras persiste un 20 por ciento de vacantes en enfermería y un 30 por ciento en el colectivo médico. “Esta falta de personal limita la capacidad operativa de los equipos y aumenta la presión sobre las y los profesionales que sostienen el servicio”, añade.
CCOO también denuncia que a esta insuficiencia de personal se suman carencias materiales que se mantienen en el tiempo. “En numerosos centros los Equipos de Protección Individual no se revisan adecuadamente o presentan faltas de elementos esenciales como gafas, capuz, calzado adecuado o guantes largos, lo que compromete la seguridad de los profesionales y la eficacia de la respuesta ante situaciones de riesgo”, apunta.
El sindicato recuerda que Sanidad Exterior es un “pilar fundamental” para la vigilancia y el control de amenazas sanitarias de origen internacional. Por ello, considera imprescindible conservar equipos mixtos de personal médico y de enfermería en todas las guardias, cubrir las plazas vacantes y garantizar que los centros dispongan de los recursos materiales necesarios para responder con solvencia.
“La salud pública exige decisiones basadas en evidencia y no en recortes que debilitan un servicio esencial para la protección de la ciudadanía”, finaliza.