Las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han exigido este lunes que se garantice la aplicación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en respuesta a las continuas ‘trabas’ que enfrentan las mujeres al ejercer este derecho.
Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, y Lola Navarro, vicesecretaria general y responsable de igualdad de UGT, se reunirán con la ministra de Sanidad, Mónica García, el próximo martes 30 de septiembre para tratar estos asuntos.
Los sindicatos han señalado las variaciones en el acceso a este derecho dependiendo de la región y la provincia, destacando zonas donde no se proporciona este servicio, forzando a las mujeres a viajar y asumir costos adicionales.
Reconocen avances gracias a la Ley Orgánica 1/2023 que regula los registros de objetores de conciencia, pero critican que algunas comunidades aún no la han puesto en práctica. Destacan la ‘rebeldía’ de Madrid y las ‘dudas razonables’ en otras comunidades como Andalucía, Castilla y León o Extremadura, donde la mayoría de procedimientos se realizan en clínicas privadas.
Además, expresan preocupación por la limitada libertad de las mujeres para elegir entre métodos quirúrgicos o farmacológicos y por la ‘persistencia del estigma y los prejuicios’ que sufren los profesionales sanitarios involucrados en estos procedimientos, así como la falta de formación adecuada.










