El Ministerio de Sanidad ha avanzado un paso más en su hoja de ruta para desarticular el bautizado como Modelo Alzira: el sistema impulsado por el Gobierno de José María Aznar que, hasta ahora, amparaba la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.
Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a propuesta del departamento de Mónica García, al anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el que el Gobierno busca blindar la gestión pública de los servicios sanitarios y revertir lo que critican como una "proliferación de modelos privados" en las últimas décadas.
La futura norma sustituirá a la Ley 15/1997, esa con la que se reformuló la gestión de hospitales como el de la Ribera (Alzira, Valencia), Torrejón (Madrid) o la Fundación Jiménez Díaz, centros bajo control de compañías con ánimo de lucro. Según ha detallado García, la finalidad no es suprimir por completo la colaboración público-privada, sino poner fin a los “desmanes”: "Esta ley me parece un triunfo de la sociedad civil, de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras".
Si logra superar los correspondientes trámites parlamentarios, la nueva normativa limitaría la privatización a escenarios muy concretos.
Gestión privada: solo cuando no sea posible la prestación pública
Antes de observar con detalle el anteproyecto, conviene distinguir dos conceptos clave en la materia: la "gestión directa" de los centros sanitarios, que se ejerce por la propia administración pública, y la indirecta: aquellos centros de titularidad pública pero controlados por entes privados.
Precisamente, es sobre estos úlitmos donde se pone el foco. El texto busca restringir la gestión indirecta a situaciones excepcionales: cuando no sea posible la prestación directa y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y el cumplimiento de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Para ello, se establece un procedimiento de evaluación previa obligatorio, que incluye una memoria justificativa de la administración sanitaria, el análisis de un comité de evaluación con expertos, representantes profesionales y de la sociedad civil, y la publicación del informe y la resolución en los canales oficiales.
Viabilidad económica
En el caso de concesiones, será además preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación sobre su viabilidad económica. La norma elimina, asimismo, las fórmulas contractuales mixtas que vinculaban infraestructuras y prestación de servicios.
Regulación de los consorcios
Por otro lado, el anteproyecto regula de forma específica los consorcios sanitarios, que deberán adscribirse a una administración sanitaria concreta, someterse a la normativa de estabilidad presupuestaria y control de cuentas, auditar obligatoriamente sus estados financieros y ajustar su régimen de personal al marco público correspondiente.
Refuerzo de los mecanismos de control
En materia de buen gobierno, la ley busca reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán dotar a sus centros de instrumentos de gobernanza, se fijarán indicadores comunes de salud y calidad en el Consejo Interterritorial.
También se exigirá la publicación periódica de información sobre contratación, conciertos y resultados asistenciales; y se prevé la externalización de auditorías, con garantías de independencia para evitar conflictos de interés.
El texto contempla además la elaboración, en el plazo de un año, de un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997 y el asesoramiento técnico de la Alta Inspección a las administraciones que quieran revertir servicios externalizados.
¿Cuando verá la luz?
Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el texto continuará su recorrido normativo: se abrirá un periodo de consulta pública, regresará posteriormente al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, a continuación, será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
El departamento que dirige Mónica García trabaja en este texto desde el año 2024 y, el pasado mes de diciembre, la ministra de Sanidad ya avanzó su propósito de elevarlo al Consejo de Ministros a comienzos de 2026.
Lo hizo tras la polémica generada en el Hospital de Torrejón por las supuestas órdenes de la empresa concesionaria del centro para “aumentar su beneficio económico”.