Durante la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP11), más de 1.600 delegados de gobiernos, organizaciones internacionales y grupos civiles han decidido promover acciones legales civiles y penales contra la industria del tabaco por los perjuicios que ocasiona a la salud y al medio ambiente.
Andrew Black, secretario interino del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, ha confirmado que las medidas acordadas por los participantes “contribuirán a salvar millones de vidas y a proteger el planeta de los daños ambientales del tabaco”.
En los debates, que se extendieron por seis días, se trató también la necesidad de combatir la “interferencia” de la industria tabacalera, en especial su promoción de productos emergentes con supuestos beneficios sanitarios sin evidencia científica, lo que subraya “la necesidad de aplicar estrictamente” el artículo del tratado que prohíbe estas prácticas.
Adicionalmente, se ha solicitado una regulación más completa de los componentes de los productos tabacaleros y de los dispositivos electrónicos relacionados, con un enfoque en minimizar su impacto contaminante y en la protección de la salud pública. Esto incluye abordar cómo las “trillones de colillas” liberan sustancias químicas tóxicas al entorno.
Finalmente, se ha reafirmado el compromiso de movilizar recursos financieros internos para asegurar un soporte económico estable y continuo para los programas de control del tabaco a nivel nacional. Además, se ha establecido una prohibición sobre el uso y la venta de productos de tabaco tradicionales, calentados y emergentes, como los ENDS y ENNDS, en todas las instalaciones del sistema de la ONU globalmente.










