El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la proposición no de ley (PNL) registrada por Vox con el objetivo de instar al Gobierno a anular el Real Decreto que garantiza la atención sanitaria pública a las personas extranjeras que residen en España sin autorización legal, y a establecer la “prioridad nacional” en el acceso al sistema de salud.
La propuesta, con la que Vox pretendía denunciar el “colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España”, obtuvo 33 votos a favor, 315 en contra y ninguna abstención en la votación celebrada en el Pleno de la Cámara Baja. El texto se votó “en sus propios términos” después de que el grupo de Vox rechazara la enmienda de sustitución presentada por el Partido Popular.
En el debate de la PNL, celebrado el martes, la diputada Blanca Armario defendió la iniciativa sosteniendo que la “crisis del sistema sanitario” no es “repentina” ni un “colapso inesperado”, sino resultado “de la acumulación de decisiones erróneas, de la ausencia de planificación, de mala gestión y de la obstinación ideológica de este Gobierno”. En el documento, Vox señala a las “políticas de inmigración masivas” como “una de las causas de este empeoramiento”.
Armario acusó a los ejecutivos del PP y del PSOE de haber permitido que los servicios de salud de las comunidades autónomas se transformen en “distintos destinos turísticos para los extranjeros”, donde reciben asistencia “a coste cero sin haber contribuido jamás al sistema, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos”, lo que, según afirmó, se traduce en “más impuestos para los españoles”, que no verían reflejado su esfuerzo fiscal en una mejora de los servicios públicos.
En este marco, reprochó a la ministra de Sanidad, Mónica García, que esté ya centrada en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid en lugar de afrontar la situación del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde, según indicó, se “necesitan más profesionales sanitarios y más profesionales médicos”.
Con esta PNL, Vox pretendía fijar la prioridad de los ciudadanos españoles en el acceso al SNS como “una máxima innegociable y de sentido común”. El texto también reclamaba la deportación de los extranjeros que, a su juicio, no aportan a la economía nacional, así como condicionar el uso de los servicios públicos por parte de inmigrantes con residencia legal a sus años de cotización.
Del mismo modo, la iniciativa exigía “combatir el fenómeno del turismo sanitario”, “revertir el deterioro y el colapso” del Sistema Nacional de Salud; “atender de forma urgente y prioritaria las necesidades reales” en materia de personal, financiación y recursos; y hacer públicos los datos sobre “el impacto y el coste que tiene la inmigración masiva” en la sanidad.
El Partido Popular presentó una enmienda de sustitución, finalmente descartada por Vox. En su intervención, el diputado ‘popular’ Antonio Román afirmó que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en sanidad” y reclamó la dimisión de la ministra de Sanidad.
No obstante, Román consideró que el texto de Vox ofrecía una visión “reduccionista” y “simplista” al achacar únicamente a la inmigración el deterioro del SNS, extremo con el que dijo no coincidir. “Hay otras muchas razones que debemos de atacar si queremos garantizar la sostenibilidad”, señaló, para añadir que “hacen falta políticas de luces largas, consensuadas con todos los agentes y con una financiación adecuada”.
Acusaciones de racismo y defensa de la sanidad universal
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE María Luisa Faneca sostuvo que responsabilizar al Gobierno y, “sobre todo”, a las personas migrantes del “colapso” de la sanidad pública supone una “bajeza enorme e inmoral”. Aseguró, además, que el Ejecutivo no permitirá derogar el derecho a la asistencia sanitaria de la población migrante para “volver al pasado de las políticas racistas y discriminatorias”.
Faneca subrayó que el actual Gobierno ha incrementado el gasto sanitario en 300.000 millones de euros respecto al Ejecutivo anterior. “La pregunta es dónde han ido los recursos adicionales transferidos a las comunidades autónomas donde gobernáis”, planteó a PP y Vox.
Desde Sumar, Alda Recas admitió que su grupo coincide con uno de los planteamientos de Vox, “que el bipartidismo es el responsable de muchas de las cosas que nos ocurren”. Sin embargo, dejó claro su desacuerdo con “el resto” de la propuesta “porque es racista” y advirtió de que no se derogará el real decreto de universalidad, ya que “hay evidencia” sobre su “necesidad”.
El diputado de Podemos Javier Sánchez censuró que Vox utilice la situación de la sanidad pública “como excusa” para hablar de “lo que de verdad le interesa” a la formación, “criminalizar a las personas migrantes”. “Además de racista, su propuesta es profundamente irresponsable y estúpida porque negar la sanidad a un colectivo supone poner en riesgo la salud de todos”, añadió.
Por último, la diputada de Més-Compromís Águeda Micó definió la proposición de Vox como “basura racista” y recalcó que “no colapsa la sanidad quien llega en patera”, sino “quien hace recortes y quien hace privatizaciones”.