Expertas del Comité de Cuidados reclaman que la ley de ratios enfermeras ajuste las plantillas a la complejidad asistencial

Expertas reclaman que la ley de ratios enfermeras abandone los cupos fijos y adapte las plantillas a la complejidad asistencial para mejorar seguridad y calidad.

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La directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud Carlos III, María Teresa Moreno, ha defendido que la proposición de ley sobre ratios de enfermeras sustituya el esquema clásico de ratios fijos enfermera-paciente y adapte las plantillas a la complejidad asistencial.

“Desde el Comité de Cuidados en Salud, y respaldados por la evidencia internacional, defendemos un enfoque dinámico, adaptado a las necesidades reales de cada persona, basado en su complejidad individual y en la intensidad de cuidados necesaria para garantizar calidad, teniendo en cuenta también las competencias de los profesionales”, ha explicado Moreno en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La Comisión se ha reunido este miércoles para celebrar dos comparecencias en el marco de la proposición de ley sobre ratios de enfermeras, destinada a reforzar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros dispositivos. En la sesión han intervenido la directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-ISCIII), Teresa Moreno, y la asesora del secretario de Estado de Sanidad, Paloma Ángela Calleja, que han presentado los trabajos del Comité de Cuidados en Salud del Ministerio sobre la atención de enfermería ajustada a la complejidad asistencial.

La norma sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos procede de una iniciativa legislativa popular (ILP) apoyada por 660.000 firmas. Registrada en 2018, proponía en un inicio un sistema de ratios fijas enfermera-paciente, un planteamiento que, según Moreno, ha ido evolucionando con el tiempo.

“La ratio fija no es para nosotros una forma de legislar en el momento actual. Posiblemente podría ser en el momento que se hizo la iniciativa popular, pero no es el momento actual tras el COVID-19”, ha apuntado.

La experta ha recalcado que vincular el número de enfermeras a la complejidad asistencial implica un cambio de paradigma respaldado por la literatura científica. “En su momento, algunos países hicieron una ley de ratios basados en ratios fijos, sin considerar la agudeza, la complejidad o las personas que se están atendiendo en la práctica clínica”, ha detallado, precisando que esta visión se ha modificado en la actualidad.

En estos momentos, el Comité de Cuidados en Salud estudia cómo han puesto en marcha este modelo otros países del entorno, con especial atención al caso de Irlanda. “El modelo de Irlanda aplica un sistema flexible en tres fases que ajusta la dotación diaria en función de las necesidades de cada paciente. Nos hemos fijado especialmente en este enfoque porque permite a las instituciones sanitarias adaptarse sin depender de ratios fijos y reajustar tanto el personal como su dotación de forma periódica, según lo establezca la ley”, ha subrayado Moreno.

En este sentido, ha señalado que la evidencia científica confirma que una dotación insuficiente de personal de enfermería incrementa el riesgo para la salud del paciente, elevando las tasas de mortalidad y morbilidad. “En especial, diversos estudios subrayan el impacto en la mortalidad evitable, uno de los indicadores más relevantes de calidad asistencial. Una mejora en la dotación también contribuiría a reducir los efectos adversos y, en consecuencia, a reforzar la seguridad de la atención sanitaria”, ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que este modelo redundaría en mejores condiciones laborales para las enfermeras: “El impacto de una ley como la que se presenta reduciría el 'burnout' y el síndrome de desgaste profesional”.

Herramienta para las comunidades autónomas

Por su parte, la asesora del secretario de Estado de Sanidad, Paloma Ángela Calleja, ha explicado que el Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), está impulsando un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que participa la Organización Mundial de la Salud (OMS), para reforzar la capacidad del sistema sanitario español en el ámbito de la atención enfermera ajustada a la complejidad asistencial.

“Se trata de crear una herramienta que el Ministerio, dentro de sus competencias, pone a disposición de los distintos territorios para que la utilicen en el ejercicio de sus propias competencias también”, ha detallado Calleja.

La secretario de Estado de Sanidad ha señalado que el objetivo es culminar esta herramienta incluso si finalmente la ley no prospera. “Yo creo que contar con ese aval técnico, con organizaciones internacionales detrás y con el peso de la evidencia científica, es un plus (...) que no sé si todas las normativas y legislaciones cuentan con ese calado técnico y científico detrás”.

Para estimar este nivel de complejidad en España, Moreno ha indicado que se ha solicitado apoyo a la Organización Mundial de la Salud y a la Unión Europea para conocer cómo realizan este cálculo los países del entorno. “Necesitamos compararnos y saber si estamos haciendo las cosas bien”, ha agregado.

Dudas entre los grupos parlamentarios

La diputada de Sumar Alda Recas ha señalado que las enmiendas registradas por su grupo respaldan el sistema de ajustar las plantillas a la complejidad asistencial. “Lógicamente, esos números cerrados que había en la ILP, les hemos dado otro enfoque”, ha resaltado.

Aunque la mayoría de portavoces de los grupos han expresado su apoyo a la propuesta presentada por las investigadoras, también han aflorado interrogantes. El diputado de Vox Tomás Fernández ha puesto en duda si este modelo es viable en España en la coyuntura actual. “No tenemos ni siquiera un registro, a nivel nacional, homogéneo, que nos diga cuántos enfermeros, dónde están y qué cualificación tienen”, ha indicado.

Por otro lado, la diputada del PP Julia Parra ha incidido en que su grupo quiere abordar las ratios tras escuchar a los profesionales de enfermería, sociedades científicas, comunidades autónomas y gestores. “Porque legislar sobre ratios sin consenso, sin planificación y sin financiación suficiente puede convertir una buena intención en una frustración más, que empeore la realidad que vivimos”, ha finalizado.