La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha manifestado su inquietud por la posible homologación de más de 30.000 títulos de Medicina procedentes de fuera de la Unión Europea en 2025, y se alinea con la propuesta de la Organización Médica Colegial (OMC) de incorporar una prueba adicional de competencias clínicas antes de que estos facultativos puedan colegiarse.
Según la federación, es imprescindible reforzar el sistema vigente de reconocimiento de títulos extracomunitarios para salvaguardar la calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes. Por ello, reclama que se exija una evaluación de competencias clínicas, del idioma y un periodo de práctica supervisada, en línea con lo que ya se aplica en otros países de la Unión Europea (UE). FACME ofrece a las administraciones la experiencia técnica de las sociedades científico-médicas para diseñar y poner en marcha esta evaluación.
En la actualidad, el procedimiento de homologación del título de Medicina se limita a una revisión documental por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. “La propuesta de la OMC de incluir la evaluación adicional de competencias clínicas previa a la colegiación supone un aval al cumplimiento de los estándares de calidad necesarios en una profesión regulada como es la profesión médica y seguiría el modelo garantista que ya aplican países como Alemania o Francia con un examen similar”, indican desde FACME.
La iniciativa plantea que todos los médicos formados fuera de la UE, con independencia de su nacionalidad, tengan que acreditar sus capacidades mediante un examen oral-práctico. Esta prueba se desarrollaría a través de estaciones clínicas simuladas, con escenarios estandarizados y evaluadores específicamente formados. Aquellos profesionales que no superen el examen no podrán ejercer de forma autónoma ni acceder a puestos en la sanidad pública o privada.
FACME advierte además del peligro de que el aumento de homologaciones favorezca la contratación de médicos sin la especialidad correspondiente para realizar tareas propias de un especialista. La federación insiste en su rechazo a estas prácticas, sobre todo en áreas como la Medicina Familiar y Comunitaria y la Pediatría.
En coherencia con la oposición ya expresada por las sociedades de Medicina de Familia y de Pediatría, así como por el Foro de Médicos de Atención Primaria, FACME remarca que este tipo de contrataciones carece de respaldo legal y pone en riesgo la seguridad del paciente, además de generar consecuencias negativas a medio y largo plazo para el sistema sanitario.