El vicepresidente primero de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Federico de Montalvo Jääskeläinen, ha reiterado el compromiso de la entidad con la evaluación de las normas sanitarias tanto en la fase previa como una vez en vigor, insistiendo en que dicha regulación no supone un freno para la innovación.
“La crítica a la regulación responde a que, en ocasiones, regulamos mal”, por lo que es necesario “regular bien”, ha señalado, resaltando que la finalidad es “conjugar protección de derechos con incentivo para la innovación en tecnologías y biotecnologías”. “Puede ser que las leyes no sean buenas a los pocos años”, ha afirmado al defender su revisión periódica, y ha apuntado a “colegios sanitarios” y “pacientes” como actores que deben implicarse en su diseño.
En esta línea, ha advertido de que “hay que denunciar que las memorias de análisis de impacto normativo no se están haciendo como deberían hacerse”. Estos informes, previstos en la Ley del Gobierno para garantizar la participación de los interesados en el proceso normativo, han sido objeto de reproches por parte del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, según ha recordado.
“Una norma no evaluada es mala regulación de inicio”, ha recalcado el representante de la AEDS, quien ha subrayado que “el trámite de audiencia es escuchar para incorporar ideas”. Como ejemplo, ha citado la Ley de Eutanasia, que se tramitó “sin haber escuchado a los profesionales sanitarios”.
De Montalvo Jääskeläinen ha intervenido durante la presentación del documento de conclusiones del XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado el pasado noviembre, donde ha señalado que “la regulación europea está dando pasos” en el ámbito de la salud, lo que mantiene a Europa como “referente”. Esta visión la comparte la presidenta de la AEDS, Ofelia de Lorenzo, que ha subrayado la importancia de una “perspectiva europea” y de armonizar la normativa sanitaria con el resto del continente, adecuándola al contexto tecnológico y social actual.
Las conclusiones del citado Congreso, que volverá a celebrarse los días 19 y 20 de noviembre de este año, se conciben como una “guía estratégica para los desafíos venideros en Derecho Sanitario”, ante los que se pretende “ofrecer soluciones”, ha indicado De Lorenzo, quien ha remarcado que todo ello se produce cuando “Europa está en un punto de inflexión”.
Espacio Europeo de Datos de Salud, IA y nuevas obligaciones regulatorias
Entre las principales líneas de trabajo recogidas en el documento figuran el avance hacia una armonización normativa real con la Unión Europea para afrontar los retos del sistema sanitario; el desarrollo del Espacio Europeo de Datos de Salud, concebido como una oportunidad para optimizar la atención clínica, las políticas públicas y la investigación; y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de apoyo a la decisión clínica, siempre bajo supervisión de los profesionales sanitarios y con una regulación que delimite claramente las responsabilidades.
Asimismo, se plantea la necesidad de actualizar el marco legislativo español a los progresos de la salud digital y las terapias avanzadas; impulsar una Ley de Pandemias y de gestión de emergencias sanitarias; reforzar la colaboración entre el sector público y el privado; fortalecer la regulación de la salud pública, con énfasis en la prevención y la equidad en el acceso a los servicios; y garantizar la protección de los datos cerebrales y neuronales ante el avance de la neurotecnología.
Otra de las conclusiones es la obligación de combatir el anticientificismo y las pseudociencias. Sobre este punto ha incidido el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, quien ha advertido de que este “no es un fenómeno marginal”, sino que está “en auge”. A su juicio, “se aprovecha de la vulnerabilidad del paciente” y “afecta directamente a la salud pública y al Derecho”.
Es requerible “un delicado equilibrio entre libertad de expresión y protección de la salud”, ya que “cuando un sanitario habla públicamente, no ejerce una libertad de expresión ilimitada”, ha proseguido, para remarcar que “los colegios profesionales tienen el deber de actuar de forma proactiva”. También ha puesto “el foco” en la “publicidad sanitaria engañosa”.
Retraso en la Ley Ómnibus europea y necesidad de una Ley de Pandemias
Por otro lado, el CEO del Grupo PROMEDE y presidente del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, ha alertado de que “los pacientes están perdiendo en regulación en Europa”, al considerar que “la Ley Ómnibus va a tardar dos años en implementarse y eso es un retroceso”.
“Si el criterio es demasiado restrictivo, limitaremos la innovación y, si es demasiado laxo, limitaremos derechos individuales”, ha explicado, recalcando la relevancia de regular “para que los pacientes reciban la mejor atención”. A su juicio, este proceso debe hacerse “de forma rápida y con criterio porque la realidad va muy deprisa”.
En la presentación también se han tratado otros asuntos, como la conveniencia de un baremo específico de daños sanitarios y el impulso a la resolución extrajudicial de conflictos. Ha cobrado especial relevancia el reciente Tratado de Pandemias, que, según ha precisado De Lorenzo, no sustituye “la necesidad de una ley” en España, tal y como recogen las conclusiones del Congreso. “Es una reivindicación que llevamos diciendo incluso desde antes de la pandemia”, ha rememorado.
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha puesto “en valor” el trabajo de la AEDS y la importancia de “marcar una estrategia jurídica para cuidar de los que cuidan”, mientras que el director de la Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Juan José Jiménez, ha defendido que “la regulación debe respetar el criterio clínico del veterinario”.
Es necesaria “una integración real en el 'One Health'”, ha añadido. Por su parte, la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podología (CGCOP), Elena Carrascosa, ha señalado que “el 82 por ciento de la población no tiene acceso a cirugía podológica en el sistema público”. A su juicio, resulta imprescindible “un Real Decreto que incluya la Podología de forma homogénea en la cartera de servicios”.
La futura Ley del Medicamento, clave para el acceso y la innovación
Finalmente, el responsable del Área de Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Álvaro Echevarría, ha centrado su intervención en “la futura Ley del Medicamento que se está tramitando para sustituir la actual Ley de Garantías”, una norma que ha calificado de “clave” y “decisiva”, ya que “permitirá reforzar los principios de equidad de acceso”, siempre que se reforme “bien”.
El propósito es “reforzar la importancia del medicamento como bien estratégico”, ha indicado, subrayando que se trata de “una oportunidad para mejorar el acceso a innovación farmacéutica”. “Es clave para asegurar un modelo de precios que garantice la estabilidad del sistema y de la cadena de suministro”, ha enfatizado.
Echevarría ha valorado positivamente que el Ministerio de Sanidad haya decidido no incorporar “el nuevo modelo de copago evitable”, al considerar que tendría “importantes efectos negativos”. Ha insistido en que “debe hacer consenso para la reforma de la ley, con todos los agentes llamados a aplicarla”, con el objetivo último de priorizar “la salud de los pacientes y el abastecimiento”.