La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha presentado varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, al entender que el texto no asegura una protección suficiente frente a la privatización ni concreta de forma precisa los mecanismos para revertir los modelos privatizadores ya existentes.
La FADSP hace una valoración globalmente positiva del anteproyecto, que a su entender implica un giro relevante en la política sanitaria "tras décadas de políticas privatizadoras", al derogar la Ley 15/1997, dar prioridad a la gestión directa, considerar la gestión indirecta como algo excepcional y reforzar las obligaciones de transparencia y de evaluación de resultados.
No obstante, la organización sostiene que el contenido sigue siendo insuficiente y plantea un conjunto de propuestas para "aprovechar plenamente el potencial de esta ley". Entre sus demandas, pide restringir mucho más las circunstancias en las que se pueda recurrir a la gestión indirecta, reforzando su carácter verdaderamente excepcional, estableciendo límites cuantificables (como un porcentaje máximo de actividad externalizada y topes de gasto en conciertos) y evitando que los contratos de menor importe queden exentos de la evaluación previa.
Asimismo, la Federación reclama que se imponga a las comunidades autónomas la obligación de aprobar planes específicos para reforzar los recursos propios y reducir de forma progresiva conciertos y externalizaciones, con metas cuantificadas y un seguimiento sistemático en el Consejo Interterritorial del SNS.
En la misma línea, propone utilizar el informe estatal sobre las experiencias de gestión desde 1997 como base para elaborar, con participación social, una hoja de ruta que permita la reversión de los modelos privatizadores y la recuperación de la gestión pública directa en el conjunto del SNS. También pide consolidar el carácter público y homogéneo de las condiciones laborales en consorcios y entidades públicas de gestión, garantizando la subrogación y la equiparación de derechos del personal en los procesos de reversión, y evitando la creación de nuevas bolsas de precariedad.
La organización plantea, además, que se aborde de manera expresa el papel de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), incorporando el compromiso de avanzar en su integración progresiva en la sanidad pública, con el objetivo de eliminar circuitos asistenciales paralelos sufragados con fondos públicos y fortalecer un único sistema público, universal y solidario.
Finalmente, exige asegurar la participación de las organizaciones defensoras de la sanidad pública y de la ciudadanía en el grupo de trabajo encargado de analizar las experiencias de gestión, en los comités que evalúen la gestión indirecta y en la definición de los indicadores para la evaluación del sistema.
La FADSP subraya que este anteproyecto "abre una ventana de oportunidad" para avanzar hacia un "verdadero blindaje" de la sanidad pública, y se ofrece al Ministerio y a las distintas fuerzas políticas para colaborar en la mejora del texto y garantizar que el Sistema Nacional de Salud sea "plenamente público, universal, equitativo y de calidad, al servicio del interés general".