La ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido este jueves una carta al Comité de Huelga médico en la que anima a las organizaciones convocantes a utilizar otros cauces, entre ellos las iniciativas parlamentarias, para sacar adelante un Estatuto específico para el colectivo médico y facultativo. En la misiva sostiene que recurrir a la huelga como herramienta para esta reclamación provoca una afección prolongada en la asistencia sanitaria y en la ciudadanía.
La carta se envía en el contexto de la convocatoria de huelga médica estatal promovida por el Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).
El paro comenzará el lunes 16 de febrero y está previsto que se repita durante una semana al mes hasta junio. Su finalidad es reclamar un Estatuto Marco que recoja las singularidades del personal médico y expresar su rechazo al acuerdo normativo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, que aún debe tramitarse antes de su envío al Consejo de Ministros.
En su escrito, la responsable de Sanidad recuerda al Comité de Huelga que la Mesa del Ámbito de Negociación es el órgano legitimado para el diálogo y la adopción de acuerdos en materia de relaciones laborales, con presencia de las organizaciones sindicales elegidas democráticamente en las elecciones sindicales y que representan al conjunto de profesionales, incluidos los facultativos.
No obstante, subraya que el Ministerio de Sanidad ha mantenido más de 20 reuniones con sindicatos del Comité de Huelga, tanto con CESM, que también forma parte del Ámbito, como con organizaciones de APEMYF. “En el seno de dichas reuniones se alcanzaron numerosos puntos de convergencia que quedaron reflejados en el texto. El Ministerio de Sanidad llegó a remitir, en diciembre de 2025, un documento con propuestas orientadas a la consecución de un posible acuerdo, sin recibir una contrapropuesta”, señala.
Respecto al acuerdo de Estatuto Marco, que permitiría su actualización tras 23 años, la ministra recalca que implica una “mejora sustancial” de las condiciones laborales del conjunto de profesionales sanitarios e incorpora un capítulo específico y diferenciado para el colectivo médico facultativo que atiende a la “gran mayoría” de sus reivindicaciones, algo que los sindicatos convocantes de la huelga han aceptado de forma “expresa” en diversas reuniones.
En este sentido, indica que las peticiones que exceden las competencias del Ministerio de Sanidad o el ámbito propio de una ley marco estatal se han derivado a las comunidades autónomas, responsables de materias como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas, la planificación de plantillas y su aumento.
Por este motivo, sostiene que la insistencia en retirar el texto consensuado tras más de tres años de negociación para empezar desde cero un estatuto médico exclusivo para el personal facultativo “no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, ya que implicaría “la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas, la ruptura de un sistema basado en el trabajo multidisciplinar, el desconocimiento de la legislación vigente en materia de negociación colectiva y el desaprovechamiento del extenso trabajo desarrollado en más de 60 reuniones”.
Mecanismos legítimos alternativos a la huelga
En la carta, García expresa en nombre del Ministerio de Sanidad su “máximo respeto” al derecho de huelga, pero advierte de que utilizarlo con el propósito de que su departamento lidere la elaboración de un estatuto propio “plantea serias dificultades”. Por ello, propone al Comité de Huelga que recurra a otras herramientas previstas en el ordenamiento jurídico.
Entre estas vías menciona la proposición de ley, de la que disponen los grupos parlamentarios para promover leyes y normas en el Congreso de los Diputados; la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), mediante la cual la sociedad civil puede impulsar propuestas normativas con el respaldo directo de la ciudadanía; y las iniciativas legislativas que pueden aprobar los parlamentos o asambleas autonómicas.
Además, recuerda que los sindicatos tienen la posibilidad de negociar las condiciones laborales que son competencia de las comunidades autónomas en las mesas sectoriales de los distintos servicios de salud, como ya ha ocurrido recientemente en alguna región.
Igualmente, alude al trámite de audiencia e información pública y, posteriormente, al propio trámite parlamentario del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad, en el que el texto se somete al debate y a la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios para su revisión y eventual mejora.
Sobre estas opciones, asegura que los plazos no serían más largos que los que se producirían en el hipotético caso de que el texto se impulsara directamente desde el Ministerio de Sanidad, por lo que “no cabe invocar razones de plazo como justificación del recurso a una huelga indefinida”.
“Por todo ello, consideramos que focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no resulta la opción más adecuada, cuando existen mecanismos legales suficientes y plenamente accesibles para canalizarlas, especialmente teniendo en cuenta que la decisión en cuestión ha sido adoptada legítimamente en el marco del diálogo social”, destaca.
Para concluir, Mónica García reitera su “firme voluntad” de mantener el diálogo, dentro de los cauces legales y desde la responsabilidad institucional, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, salvaguardar el interés general y proteger la salud de la población.