El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica. La norma busca “reforzar la equidad” en el acceso a los fármacos mediante la creación de tres nuevos tramos de aportación para la población activa, que pasa a contar con seis niveles de renta y con topes mensuales según ingresos. En el caso de los pensionistas, se introduce un tramo adicional, de manera que se pasa de tres a cuatro, con el objetivo de ajustar mejor el gasto a su situación económica.
La titular de Sanidad, Mónica García, ha explicado que la reforma se sustenta en la “equidad y la progresividad” y pretende corregir “las desigualdades muyevidentes del sistema actual”. Según ha indicado, el nuevo esquema protege de forma especial a los pacientes crónicos con rentas bajas o medias, adaptando “el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias”.
Para las personas en activo y sus beneficiarios, se amplía la escala de renta de tres a seis tramos. En los ingresos anuales por debajo de 35.000 euros se introducen límites máximos mensuales. Así, para quienes ganan menos de 9.000 euros se mantiene un copago del 40% con un tope de 8,23 euros al mes; entre 9.000 y 17.999 euros se aplica igualmente un 40% con un máximo de 18,52 euros; y entre 18.000 y 34.999 euros el porcentaje se eleva al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros. A partir de 35.000 euros anuales se conservan los porcentajes del 45%, 50% y 60% para los tramos de 35.000-59.999, 60.000-99.999 y más de 100.000 euros, respectivamente, sin límite mensual en estos tres últimos grupos.
Hasta ahora, los trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros abonaban el 40% del precio del medicamento; quienes se situaban entre 18.000 y 99.999 euros pagaban el 50%; y los que superaban los 100.000 euros asumían el 60%, sin ningún tope mensual que acotara el desembolso en tratamientos de larga duración o en situaciones de polimedicación.
En cuanto a los jubilados, se reordenan igualmente los tramos. Los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros seguirán pagando el 10% con un máximo de 8,23 euros mensuales. Se crea un nuevo segmento entre 18.000 y 59.999 euros en el que también se mantiene el 10%, pero el tope mensual se reduce a 13,37 euros. Para rentas de entre 60.000 y 99.999 euros se aplica igualmente un 10% con un límite de 18,52 euros, mientras que para quienes superan los 100.000 euros se fija un copago del 60% con un techo de 61,75 euros al mes. Además, se establece la exención automática de los complementos por mínimos, de forma que la revalorización de las pensiones no afecte a esta protección.
Antes de este cambio normativo, los pensionistas y sus beneficiarios afrontaban una estructura más sencilla: en términos generales, abonaban el 10% del coste del medicamento con tres límites mensuales en función de la renta. Los que percibían menos de 18.000 euros anuales no superaban los 8,23 euros al mes; quienes tenían ingresos entre 18.000 y 100.000 euros contaban con un tope de 18,52 euros; y los que rebasaban los 100.000 euros pagaban el 60% del precio del fármaco, con un máximo mensual de 61,75 euros, manteniéndose ciertas exenciones para pensionistas con menos recursos.
“Es importante señalar que la reforma que planteamos no supone un aumento de lo que pagan a día de hoy los ciudadanos por los medicamentos, esto es muy importante señalarlo, es al contrario, es el Estado, el que se hace cargo de una mayor cuantía de lo que cuestan los medicamentos, reducimos lo que deben aportar las rentas bajas y las rentas medias”, ha subrayado la ministra tras la reunión del Consejo.
Impacto presupuestario y objetivo de la reforma
El texto aprobado contempla un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, “el objetivo de esta norma es reforzar la equidad de este sistema, garantizando que las condiciones económicas no supongan una barrera para acceder a los medicamentos necesarios en el caso especialmente de personas con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica”.
La modificación del copago, diseñada de forma conjunta por los ministerios de Sanidad y Hacienda, persigue “garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, especialmente en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la incertidumbre económica internacional”. El Ejecutivo considera imprescindible actualizar el modelo vigente para corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados grupos, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar exentos, soportaban una carga económica elevada por tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. Con la reforma, se implanta un sistema de copago más progresivo sin aumentar la aportación que venían realizando los distintos colectivos.
En esta línea, García ha remarcado que el principal problema se encontraba en la adherencia a los tratamientos, “donde había pacientes que no podían pagarse la medicación, aquellos activos que tenían rentas bajas”; además, ha apuntado que era “un sistema que penalizaba especialmente a muchos trabajadores con algunas enfermedades que necesitaban tratamientos crónicos o tratamientos prolongados”.
Los análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han evidenciado que ciertos niveles de aportación “pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos”, con el consiguiente efecto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
La reforma mantiene las exenciones ya vigentes para colectivos vulnerables, como las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida o afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Asimismo, se incorpora de forma expresa la exención para las personas que reciben el complemento de ayuda para la infancia.