La organización Salud por Derecho ha realizado un llamamiento este lunes para eliminar las barreras comerciales que impiden el acceso al lenacapavir en las regiones donde es más necesario, solicitando la expansión de licencias, la aceleración en los registros nacionales y la fijación de precios accesibles que faciliten la integración del tratamiento en los sistemas de salud públicos.
En el contexto del Día Mundial del VIH/sida, la entidad también ha destacado la necesidad de fortalecer la financiación multilateral y asegurar que entidades como el Fondo Mundial dispongan de los recursos necesarios para continuar con los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
De acuerdo con los datos de ONUSIDA, para 2024 se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones por VIH y un total de 40,8 millones de personas vivían con el virus a nivel global. El porcentaje de personas con acceso a tratamiento antirretroviral se mantiene en torno al 77% para 2023, dejando a millones sin tratamiento.
Salud por Derecho también ha indicado que los recortes en la financiación internacional están impactando negativamente, reduciendo o suspendiendo programas de atención en varios países. Más de 2,5 millones de personas han perdido acceso a PrEP durante 2025 y más del 60% de todas las organizaciones de VIH lideradas por mujeres han visto reducida su financiación o han tenido que cesar sus actividades.
En la última ronda de financiación del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, se lograron reunir 11.340 millones de dólares, una cifra relevante, pero aún distante de los 18.000 millones estimados como necesarios. Algunos donantes, incluidos varios países africanos, India e Irlanda, aumentaron sus contribuciones, mientras que otros las redujeron y la Unión Europea aún no ha anunciado ninguna cifra. España confirmó 145 millones de euros, un aumento respecto a la ronda anterior, aunque desde Salud por Derecho han pedido que se incremente hasta los 200 millones.
Lenacapavir, aunque aprobado en Estados Unidos y la Unión Europea para uso preventivo, sigue siendo inaccesible para muchos debido a una licencia voluntaria restringida gestionada por Gilead Sciences que excluye a 26 países. En España, el coste anual del tratamiento supera los 40.000 euros, a pesar de que su producción se estima en solo 25 dólares al año.
Para 2025, se han pactado acuerdos con fabricantes de genéricos en India para producir versiones económicas a partir de 2027, con un coste estimado de 40 dólares por persona al año. Estos acuerdos, apoyados por Unitaid y complementados por mecanismos de compra conjunta del Fondo Mundial, buscan negociar precios más bajos y asegurar el abastecimiento.
Salud por Derecho aplaude estas iniciativas, pero recalca que no solucionan completamente los problemas inmediatos de acceso en los países no incluidos en la licencia o donde el precio actual impide su incorporación en los sistemas públicos de salud.