QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha manifestado su descontento por la ‘inacción’ e ‘indiferencia’ de las Administraciones sanitarias en relación a las agresiones a trabajadores de centros de salud, las cuales han declarado que provocan una ‘permanente sensación de miedo e intranquilidad’ entre el personal.
‘Las agresiones verbales o físicas no deberían formar parte del trabajo de las enfermeras y fisioterapeutas. Las Administraciones, como empleadores, tienen la obligación de velar por garantizar la seguridad de sus trabajadores’, ha insistido la organización sindical en un comunicado.
En este contexto, ha resaltado la nueva cifra récord de sanitarios agredidos en 2024, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Se contabilizaron 17.163 agresiones, un 12 por ciento más que en 2023 y cerca del 80 por ciento de los afectados fueron mujeres. Investigaciones sucesivas de SATSE revelan que ocho de cada 10 enfermeras han experimentado algún tipo de agresión durante su carrera profesional.
Para abordar este problema ‘grave y recurrente’, el sindicato ha solicitado ‘medidas eficaces’, incluyendo la presencia constante de personal de seguridad en los centros sanitarios, la cual afirman que ‘no existe ni en todos los centros ni en todos los horarios’, y la implementación de un dispositivo de alarma que el profesional pueda activar si percibe un riesgo de agresión.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS: CORRESPONSABLES
SATSE ha señalado que, tanto las Administraciones públicas como las empresas sanitarias privadas, son ‘corresponsables’ de no resolver este grave problema. ‘Por un lado, no proveen los medios y recursos necesarios para prevenir el malestar e insatisfacción de pacientes y familiares que a veces resulta en una agresión’, ha explicado.
Por otra parte, la organización ha criticado la ausencia de un marco regulatorio nacional que facilite la implementación de estrategias en materia de prevención, información, sensibilización y atención a las víctimas. ‘El objetivo es que cualquier profesional, independientemente del centro y territorio en el que trabaje, tenga los mismos recursos, derechos y garantías’, ha aclarado.
Ante esta situación, SATSE ha desarrollado y presentado a las administraciones y partidos políticos una propuesta de Ley estatal, con más de 50 medidas, que ya ha sido debatida y rechazada en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados. ‘Una norma que no ha salido adelante por motivos partidistas que se resumen en oponerse por oponerse al adversario político’, ha lamentado.
DENUNCIAR LA AGRESIÓN
Desde la organización mantienen una campaña permanente de información y sensibilización bajo el lema ‘La agresión no es solución’ y han enfatizado la importancia de que los profesionales que sean víctimas de una agresión lo denuncien para que el paciente o familiar agresor enfrente a las autoridades por sus actos.
‘Es fundamental visibilizar el problema y alzar nuestra voz cada vez que se produce una agresión como una medida también de presión para que las administraciones y empresas sanitarias no minusvaloren una realidad que dinamita la columna vertebral de nuestro sistema, como son sus profesionales’, ha concluido.
