Los continuos roces entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a raíz de los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía o de la ausencia de un registro de objetores de aborto, entre otros asuntos, han marcado la política sanitaria estatal en 2025, junto con las numerosas protestas de profesionales por la reforma del Estatuto Marco.
La difícil relación entre Sanidad y las autonomías ha quedado patente en los sucesivos encuentros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), hasta el punto de que los consejeros 'populares' abandonaron la mesa de negociación en la reunión celebrada a finales de octubre en Zaragoza.
El conflicto estalló después de que las comunidades del PP acusaran a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "intromisión" en sus competencias y de utilizar el CISNS con fines partidistas, tras la petición del Gobierno de los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en plena crisis por los retrasos en las mamografías en Andalucía.
En un primer momento, García reprochó a las autonomías 'populares' su negativa a facilitar esta información e incluso amagó con emprender acciones legales. Actualmente, solo la Comunidad de Madrid mantiene pendiente la remisión completa de los datos, aunque su Consejería de Sanidad ha asegurado que la entrega se está realizando "en tiempo y forma" conforme avanza el trabajo de la Comisión de Salud Pública.
El choque por los programas de cribado se suma al desencuentro entre Sanidad y la Comunidad de Madrid por el registro de objetores de conciencia al aborto. El Ejecutivo regional se ha opuesto a ponerlo en marcha, al entender que vulnera la libertad de objeción, mientras que el Ministerio insiste en que se trata de un listado anónimo destinado a afrontar la falta de servicios públicos de interrupción voluntaria del embarazo en determinadas zonas.
AMENAZAS DE ACCIONES JUDICIALES
En este contexto, Sanidad remitió un requerimiento formal a Madrid, Aragón y Baleares para que cumplieran la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023, y advirtió a la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso de que podría iniciar un procedimiento judicial frente a una "rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid".
A comienzos de diciembre, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, afirmó que no había recibido ninguna de las denuncias anunciadas por el Ministerio por no presentar el registro de objetores de conciencia al aborto, ni tampoco la derivada de la Alta Inspección Médica sobre el Hospital de Torrejón, el episodio más reciente de los conflictos del año.
Este caso saltó a los medios tras la difusión de unos audios del entonces CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en los que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas que no resultaran rentables en este hospital de titularidad pública y gestión privada. La compañía ha defendido su actuación con los usuarios y sostiene que se trata de un audio sacado de contexto.
HUELGAS SANITARIAS Y ESTATUTO MARCO
La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario ha sido otro de los focos centrales del año. El Ministerio ha tenido que lidiar, por un lado, con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) y, por otro, con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Con las primeras organizaciones, que han impulsado distintas movilizaciones y paros, se ha alcanzado ya un preacuerdo que suprime las guardias de 24 horas, rebaja la jornada semanal a 35 horas, fija OPEs obligatorias cada dos años e introduce mejoras en la jubilación parcial y anticipada cuando se cumplan los requisitos legales.
En cambio, CESM y SMA han rechazado el documento al reclamar un Estatuto específico para los médicos, algo a lo que Sanidad se opone por "romper" la cohesión del SNS. Esta discrepancia ha motivado también la convocatoria de huelgas y protestas propias, al margen del resto de sindicatos del Ámbito.
En paralelo, el PP ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retirar la reforma del Estatuto Marco impulsada por Sanidad, profundizando así en el enfrentamiento político sobre este asunto.
Las fricciones entre los 'populares' y el departamento de Mónica García se reprodujeron igualmente tras la aprobación en el Consejo de Ministros de 172 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, 39 millones para salud mental y otros 18 millones destinados a la prevención del suicidio.
El PP juzgó que estas cantidades eran insuficientes y reclamó al Ministerio que afrontara el déficit de profesionales en Atención Primaria. Además, enlazando con el escaso avance de las negociaciones del Estatuto Marco en ese momento, acusó a Sanidad de no querer mejorar las condiciones laborales de los médicos generales y de familia.
APROBACIONES LOGRADAS
Pese a los desencuentros, el Ministerio ha conseguido consensuar con la mayoría de los grupos parlamentarios la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo destinado a reforzar la capacidad de preparación y respuesta ante riesgos y amenazas graves para la salud, que superó un rechazo inicial motivado por el veto del Gobierno a varias enmiendas vinculadas a otra norma.
Asimismo, se ha dado luz verde al Plan de Salud Mental 2025-2027, al Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, a la incorporación de nuevos cribados neonatales en la cartera de servicios del SNS, a la distribución de fondos adicionales para la lucha contra el cáncer y al Plan VEO, orientado a financiar gafas y lentillas para menores de 16 años.
Finalmente, se han asignado 500 millones de euros a la ley ELA para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atender a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras patologías complejas, después de un año desde su aprobación en el Congreso sin haber contado aún con dotación económica.