Un informe elaborado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) advierte de que la desinformación en materia sanitaria puede mermar la adherencia a los tratamientos, incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades e incluso provocar fallecimientos, además de acarrear un importante coste económico y un notable desgaste emocional.
“Los cambios en la producción, el consumo y la distribución de la información han favorecido la desinformación, siendo un grave problema de salud pública”, ha indicado la vicepresidenta de ANIS, Susana Fernández, durante la presentación del “Informe ANIS 2026: sobre Desinformación en Salud en España”.
Según los informadores especializados en salud, la desinformación sanitaria ha dejado de ser una “anécdota” para convertirse en una “amenaza real y sistémica”, una situación que, a su entender, se ha afianzado tras la pandemia de COVID-19.
El documento, en el que han colaborado periodistas, asociaciones de pacientes, profesionales de la sanidad y representantes de la industria farmacéutica, señala al cáncer, las vacunas, la nutrición y la salud mental como los ámbitos más vulnerables a la circulación de contenidos falsos.
Asimismo, el informe constata que la desinformación ha aumentado en los últimos años impulsada por la digitalización y por la caída del consumo y de la confianza en los medios tradicionales, en beneficio de nuevos canales sin supervisión ni filtros editoriales.
En este escenario, el texto remarca que la inteligencia artificial (IA) plantea un desafío adicional, al facilitar la generación y difusión masiva de información engañosa, incluidos ‘deepfakes’ y sistemas de desinformación automatizada.
Reconocer la desinformación como reto de salud pública
Para ANIS, las administraciones sanitarias deben asumir la desinformación como un problema de salud pública e impulsar medidas específicas para combatirla. Los informadores sostienen que no puede deteriorarse la confianza en la información contrastada, en la ciencia y en los científicos, en los profesionales sanitarios y en los periodistas, porque “el contenido falso llegue más rápido a la población que la noticia verdadera”.
El informe detalla también las 12 iniciativas promovidas por el Gobierno de España y las 64 acciones emprendidas por las comunidades autónomas para hacer frente a la desinformación, muchas de ellas, según ANIS, diseñadas de forma aislada y sin una coordinación efectiva entre territorios.
Por este motivo, la asociación plantea reforzar la comunicación institucional, avanzar en la regulación de las grandes plataformas digitales y fomentar programas formativos en salud que permitan a la ciudadanía y a los pacientes actuar como agentes activos frente a la desinformación. Del mismo modo, consideran esencial aprobar una Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.
Lecciones de la comunicación institucional sobre el hantavirus
En paralelo, el vicepresidente de ANIS, Javier Granda, ha puesto en valor la evolución de la comunicación institucional durante la gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero “MV Hondius”, al subrayar que se ha respondido “desmintiendo rápidamente los bulos”. Sin embargo, ha matizado que algunos cargos públicos “no han gestionado adecuadamente la comunicación”.
A continuación, el periodista especializado en verificación Guillermo Infantes ha alertado de los peligros asociados a los bulos en episodios como el actual brote de hantavirus. En esta línea, ha señalado que los contenidos falsos se propagan con facilidad porque las personas reaccionan con más intensidad ante mensajes cargados de emoción, mientras que las plataformas digitales tienden a potenciar y amplificar aquellos contenidos que generan mayor interacción.