La psiquiatra María Eugenia Herrero ha subrayado que el vínculo de apego resulta esencial para el desarrollo infantil y ha alertado de que su carencia en los primeros compases de la vida puede desembocar, en los casos más extremos, en trastornos psiquiátricos graves, entre ellos el trastorno límite de la personalidad.
Ha detallado que, cuando no se establece un apego adecuado, los signos psicopatológicos se manifiestan de forma muy precoz, pudiendo identificarse incluso antes de cumplir el primer año mediante alteraciones del sueño y de la alimentación, marcada irritabilidad, llanto intenso y difícil de consolar o, en el extremo opuesto, apatía y exceso de sueño.
“A medida que el niño crece, pueden aparecer desconfianza y miedo, dificultades en las relaciones interpersonales, así como inseguridad, baja autoestima y conductas agresivas de defensa”, ha indicado la experta durante su intervención en el “XXVII Ateneo de Bioética”, una jornada de la Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) centrada en la biología y la bioética del apego.
La literatura científica ha puesto también de manifiesto otras consecuencias a largo plazo: el maltrato y las alteraciones tempranas del apego elevan la probabilidad de padecer trastornos ansioso-depresivos, conductas de abuso de sustancias y diversas patologías médicas –desde dolencias cardiovasculares hasta diabetes tipo II–, llegando incluso a acortar la esperanza de vida.
Desde el enfoque de la bioética, Herrero ha recalcado que el personal sanitario tiene la obligación de identificar de forma temprana estas situaciones. “La responsabilidad y la ética de máximos que nuestra profesión médica exige nos invita a estudiar y conocer este tipo de problemas para hacernos conscientes de su enorme repercusión en la salud general a lo largo de la vida del individuo”. Por este motivo, ha reclamado que pediatras, médicos de familia, obstetras y neonatólogos vigilen de manera especial la díada madre-bebé, sobre todo en contextos como la depresión posparto.
“EL APEGO ES UNA REALIDAD BIOLÓGICA”
Durante la jornada, especialistas en neurociencia, psiquiatría, psicología y protección de menores han analizado cómo la falta de vínculos seguros está dando lugar a una generación de adultos más expuestos a los trastornos mentales y a situaciones de exclusión social.
El profesor Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, ha remarcado la necesidad de tratar el apego no solo desde la investigación empírica, sino también desde la reflexión ética y social.
“El apego no es solo una categoría psicológica, sino una realidad biológica con profundas implicaciones éticas. Cuando falla, se resiente no solo la vida emocional del niño, sino también su salud integral y, en consecuencia, nuestra responsabilidad social”, ha asegurado.
Por su parte, el catedrático emérito de Anatomía Humana y Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Avendaño, ha señalado que el avance en el conocimiento del apego y de sus trastornos está permitiendo comprender mejor los mecanismos del desarrollo cerebral y de la conducta, así como los factores que más influyen en estas etapas iniciales.
“Por otra parte, permite apreciar más claramente el daño duradero que la adversidad o el maltrato precoces pueden acarrear no solo al individuo que lo ha padecido sino a su descendencia. Muchas de las alteraciones neurales generadas son duraderas, y probablemente algunas pueden ser permanentes y quizá irreversibles. No obstante, el cerebro posee capacidades adaptativas compensatorias y vicariantes que, reclutadas y estimuladas adecuadamente mediante mejores estrategias preventivas y terapéuticas, pueden reorganizar o rescatar funciones y conductas distorsionadas o perdidas”, ha comentado Avendaño.
EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y EL DERECHO AL APEGO SEGURO
La segunda mesa de trabajo se ha centrado en la vertiente jurídica y social del apego, con especial referencia al sistema español de protección de menores. En ella han intervenido Helena García, psicóloga del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, y Salomé Adroher, profesora de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas, bajo la moderación de Blanca Morera, psiquiatra e integrante del Área de Bioética de la Fundación de Ciencias de la Salud.
Adroher ha recordado que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor recoge desde 2015 que deben priorizarse las medidas de carácter familiar frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas, pero ha advertido de que “en un número muy elevado de los casos no se cumplen ninguna de estas condiciones. De hecho, según los últimos datos oficiales de 2024, solo un 45 por ciento de los niños del sistema de protección estuvieron en acogimiento familiar”.
En este sentido, ha incidido en la relevancia de fomentar vínculos seguros desde los primeros años, resaltando el papel de las familias y de los centros educativos en la creación de lazos afectivos sólidos. “Es evidente que solo las familias pueden ofrecer un apego seguro a los niños; el sistema residencial, por muy pequeños que sean los centros y estupendos sus profesionales, no puede jamás cumplir el papel de las familias”, ha subrayado.
Ha pedido, además, un compromiso firme de las instituciones con el acogimiento familiar y con la continuidad de los vínculos cuando un acogimiento pueda convertirse en adopción. “Hasta hace poco en toda España esto era prácticamente imposible, produciéndose situaciones en las que muchos niños eran ‘arrancados’ de sus familias de acogida con las que llevaban años de convivencia y entregados a familias adoptivas. No siempre y en todo caso una familia acogedora puede convertirse en adoptante del niño que tiene acogido, pero debe existir esta posibilidad legal y la familia con la que el niño está viviendo, si es idónea, debería tener prioridad frente a otras familias. Algunas leyes autonómicas han avanzado sobre ello, pero todavía queda mucho camino por recorrer”, ha sostenido.
Desde el plano ético y jurídico, se ha recordado que la legislación establece de forma nítida que ha de prevalecer el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo concurrente, sin dejar de ponderar los derechos fundamentales de las demás personas afectadas. Por ello, los especialistas han reclamado reforzar los recursos de apoyo a la infancia e incorporar el conocimiento sobre el apego a las políticas públicas de protección.