QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En una reciente reunión con el Ministerio de Justicia, la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha planteado su interés en colaborar como entidad especializada en adicciones para contribuir con su perspectiva técnica y su comprensión de la situación social de individuos afectados por adicciones en la formulación y evaluación de políticas públicas.
Durante este diálogo, UNAD abogó por un enfoque de justicia que promueva la reinserción social de las personas que pudieron haber incurrido en delitos. Esta red sostiene que la privación de libertad no debería implicar la pérdida de derechos esenciales como salud, educación, empleo, acceso a información o la relación con la familia. «El único derecho que debe limitarse como consecuencia de una sentencia penal es el de la libertad», enfatizó.
UNAD también destacó que las cárceles no deberían ser la solución a problemas sociales fundamentales. Según explicaron, los delitos a menudo están enraizados en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, y es crucial abordar estas causas subyacentes para prevenir el delito y su repetición.
La organización argumentó que la mejor forma de progresar es mediante una inversión continua en políticas sociales que busquen una igualdad efectiva entre los ciudadanos. Propusieron expandir las alternativas actuales a la encarcelación, como la ‘probation’, la ‘diversion’ o la suspensión de la sentencia, reservando el encarcelamiento para los casos más severos.
Además, la red reafirmó que los centros penitenciarios no son el ambiente adecuado para tratamientos efectivos contra la drogadicción, sugiriendo que estos se realicen en entornos terapéuticos externos. Resaltaron la importancia de ofrecer siempre tratamiento a las personas con adicciones como un paso esencial hacia la rehabilitación.
En términos de beneficios sociales y económicos, UNAD defendió que es más rentable y efectivo promover alternativas a la prisión y mecanismos de mediación penal, además de subrayar la importancia de la justicia restaurativa como medio de reparación y pacificación social, permitiendo la participación de la víctima y la responsabilidad del infractor.
Finalmente, reiteraron la necesidad de reformas legislativas, incluyendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, para evitar la criminalización de las personas con adicciones y fomentar un marco legal que apoye la justicia restaurativa y alternativas a la prisión. El Ministerio de Justicia ha expresado su disposición a considerar estas propuestas.
