Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública valenciana Imelsa y conocido como 'yonki del dinero', ha regresado este lunes a la Ciudad de la Justicia de València para enfrentarse de nuevo a un juicio por supuestos amaños en contratos del Ayuntamiento de València. A su llegada, ante los periodistas, ha recalcado: “Yo no soy zombie. Los zombies son otros”.
Benavent ha accedido al edificio judicial sobre las 9.45 horas. Desde este lunes será enjuiciado por la sección quinta de la Audiencia de Valencia en la pieza E del caso Taula, centrada en presuntas irregularidades en la adjudicación de distintos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007, etapa en la que la ya fallecida María José Alcón asumía responsabilidades en el área.
En declaraciones a los medios, justo antes de entrar a la sede judicial, Benavent ha insistido en que no se considera un trabajador fantasma: “Yo no soy un trabajador zombie, los zombies son otros”. Preguntado por si realmente acudía a su puesto, ha respondido: “Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro” --en referencia a su declaración en la Sala--.
Junto a Benavent se sientan en el banquillo otros cuatro procesados por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación: Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just, y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias.
Los contratos bajo sospecha se refieren a trabajos de limpieza, consolidación, restauración y mantenimiento de diversos monumentos de València, entre ellos La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y de la Trinidad. El procedimiento también abarca la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la XXVII edición del festival de cine de la Mostra.
Las penas solicitadas por Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción reclama para el 'yonki del dinero' una condena de seis años de prisión. Al exgerente de Imelsa, que previamente trabajó en la Fundación Jaume II el Just, se le atribuyen los delitos de cohecho --como cooperador--, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, el ministerio público solicita para él una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
Para Vicente Burgos, exmarido de Alcón, el fiscal pide cinco años de prisión, mientras que para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent interesa tres años de cárcel a cada uno.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama que Benavent y Burgos indemnicen de forma conjunta a la Generalitat Valenciana con 164.626,08 euros por el supuesto desvío de fondos públicos realizado a través de la Fundación Jaume II El Just.
“Colocado” por el PP, comisiones y pérdidas millonarias
En su escrito de acusación provisional, el fiscal sostiene que Benavent fue “colocado” por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la citada fundación, “el cual, a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales”.
La Generalitat acordó extinguir la Fundación Jaume II el Just el 26 de diciembre de 2017, asumiendo unas pérdidas superiores a 13 millones de euros con cargo a las cuentas públicas, “la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando presenta su primer informe”, según detalla el ministerio público.
Durante esos años --siempre conforme al relato fiscal--, “Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, de tal forma que aseguraban a las empresas ser las adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato”.
Ese dinero, de acuerdo con la acusación, era recaudado por Benavent y posteriormente repartido: “En algunas ocasiones suponía un incremento en los costes de la obra para que el dinero ilícitamente obtenido supusiera una mayor cantidad”. Además de las cantidades en efectivo, en el contrato de la Mostra el empresario Enrique Aleixandre llegó a entregar un vehículo a Benavent.