El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero censuró que el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo ordenara su traslado al castillo de La Palma, en la comarca gallega de Ferrol, a una celda “llena de humedad” situada “a 650 kilómetros” de Madrid y sin que mediara resolución de un juez.
Estas quejas constan en un escrito presentado por su defensa ante el Ministerio de Defensa, fechado el 28 de julio de 1981, pocos meses después del intento de golpe de Estado, y que el Ejecutivo ha hecho público ahora bajo la denominación “Traslado de peticiones de los abogados de los condenados”.
En ese documento, su letrado formula “protesta por las infracciones procedimentales cometidas en la tramitación del proceso”, y reprocha que el cambio de prisión se ejecutara “de forma claramente anticonstitucional”.
Tejero estaba "enfermo, afectado de reuma"
El abogado subraya que “a mayor abundamiento, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares no atribuye al Ministerio de Defensa competencia para trasladar por su propia iniciativa, sino que la iniciativa en todo caso tiene que ser de la autoridad judicial competente”, dejando constancia de que, a su juicio, se vulneraron las normas aplicables.
Según detalla el escrito, Tejero se hallaba “enfermo, afectado de reuma, en una prisión militar llena de humedad y, asimismo, de anemia”, lo que, a criterio de la defensa, agravaba las condiciones de su internamiento en el castillo ferrolano.
El letrado añade además que fue “testigo de la sorpresa del Juez Especial Instructor cuando se enteró del traslado por televisión”, lo que, según sostiene, evidenciaría que la decisión no partió de la autoridad judicial encargada del caso.
Queja por la distancia y petición de traslado a Alcalá de Henares
En el mismo documento, la defensa incide en que “el traslado a más de 650 kilómetros del domicilio de su letrado y del domicilio del tribunal, origina una evidente indefensión. No fue acordado por la autoridad judicial competente, sino por un órgano del Poder Ejecutivo manifiestamente incompetente, en virtud de un acto nulo de pleno derecho”, reiterando así la crítica al papel asumido por el Ministerio de Defensa.
El abogado de Tejero invoca igualmente “la necesidad, como el resto de los letrados defensores, de estar en permanente consulta y cambio de impresiones con su cliente”, algo que, según argumenta, quedaba seriamente dificultado por la lejanía del penal gallego respecto a Madrid.
En esa línea, remarca que “y esa necesidad, que cualquiera de los restantes letrados tiene fácilmente resuelta por encontrarse todos los procesados en el mismo territorio jurisdiccional de Madrid, será un grave obstáculo, dada la distancia a que Tejero se encuentra, tras su arbitrario e inconstitucional traslado al castillo de La Palma, creándose de esta forma una total indefensión, aberrante en cualquier Estado de derecho”, poniendo el foco en las consecuencias prácticas del cambio de centro penitenciario.
Por todo ello, el escrito concluye reclamando que Tejero sea conducido al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid), “donde tenía que estar en la actualidad”, al entender que ese destino respetaría las garantías procesales y facilitaría la comunicación con su defensa.