El exministro de Transportes José Luis Ábalos comparecerá mañana ante el Tribunal Supremo en el juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, después de que ya hayan prestado declaración los otros dos procesados, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Tras unos interrogatorios a Koldo y Aldama que se prolongaron durante dos jornadas completas —una para cada uno—, está previsto que la declaración de Ábalos ocupe las sesiones de mañana y tarde de este lunes.
Con su testimonio, el juicio que se desarrolla en el Salón de Plenos del alto tribunal desde el pasado 7 de abril quedará prácticamente visto para sentencia, a falta de la práctica de la prueba documental y de los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que el próximo martes podría quedar concluso.
Ábalos, que llegó a ser secretario de Organización del PSOE —el 'número tres' del partido—, declarará como principal acusado después de que Koldo reconociera que recibió billetes de 500 euros del partido que consideró “totalmente legal” y a los que admitió que llamaba “chistorras”.
En su declaración, Koldo defendió su “inocencia”, insistiendo en que no participó en la decisión de comprar mascarillas y que el entonces ministro únicamente le encargó volcarse cuando el material sanitario aterrizara en España.
También relató que mantuvo trato con Pedro Sánchez hasta su llegada al Palacio de la Moncloa, cuando era solo líder del PSOE: “Yo no hablaba con el presidente del Gobierno”.
Además, el exasesor ministerial rechazó haber cobrado 10.000 euros mensuales de Aldama, señalado como presunto conseguidor, y desveló que Ábalos fue objeto de amenazas por parte de su expareja Jéssica Rodríguez, quien habría intentado presionarle con hacer pública su vida privada.
De su lado, Aldama sostuvo que Sánchez era “el uno” en una estructura criminal jerarquizada y que “todo lo sabía”; afirmó que Koldo y Ábalos pretendían que constructoras contribuyeran a “la financiación del PSOE”, y aseguró haber abonado a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros.
Acusación de organización criminal y ánimo de lucro
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos, Koldo y el empresario “convinieron” aprovecharse del cargo del entonces ministro, nombrado en junio de 2018 al frente del Ministerio de Fomento, posteriormente rebautizado como de Transportes.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, afirma que se asociaron para “favorecer”, “a cambio del correspondiente beneficio económico”, la contratación con la Administración “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería” el empresario, todo ello, según su criterio, con “ánimo de enriquecimiento”.
En su escrito, Anticorrupción subraya que los tres “acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando” y que contaron con el apoyo “puntual o continuo tanto por otras autoridades y funcionarios” de Transportes como por personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.
La Fiscalía destaca que la presunta trama nació “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, ya que “estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida” de Ábalos y Koldo del Ministerio de Transportes en julio de 2021.
Penas de hasta 30 años de prisión
Para Luzón, esa “cohesión” entre los tres “no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación” a Aldama de una “interlocución privilegiada” en sus contactos con Transportes y “otros departamentos ministeriales”, así como con “diferentes administraciones públicas”.
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, además del pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una sanción económica de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, lo que lleva al Ministerio Público a aplicar la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares encabezadas por el PP elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma pena que la fijada por la Fiscalía.
“El jefe”, el “alter ego” y la interlocución de Aldama
Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los procesados “asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz”, y señala que tanto Koldo como Aldama “consideraban” a Ábalos como “el jefe”.
Luzón detalla que el exministro “aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa” y que, para el resto de gestiones, se apoyaba en Koldo como “su hombre de confianza”.
A juicio de la Fiscalía, Koldo terminó siendo “más en asistente que en asesor”, al realizar para Ábalos “un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”, antes, durante y después de los tres años de etapa ministerial.
“Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor”, describe Luzón.
En particular, la Fiscalía pone el acento en que “Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama”.
Sobre Aldama, Anticorrupción lo define como “un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos”, subrayando su “acceso preferente” al exministro.
Esa “interlocución privilegiada” habría permitido a Aldama conocer de primera mano las necesidades de compra de material sanitario en plena crisis del Covid, localizar la empresa adecuada y diseñar la oferta precisa para hacerse con los contratos, primero en Transportes y sus entes dependientes y, posteriormente, en las administraciones de Canarias y Baleares.
La Fiscalía sostiene que Aldama “era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo”.
En este contexto, Luzón repasa las supuestas contraprestaciones que habrían recibido de Aldama y sus socios, empezando por “el pago continuado de elevadas cantidades de dinero” —10.000 euros mensuales— y continuando con el alquiler de viviendas para ellos o sus parejas, algunas de las cuales también fueron contratadas en empresas públicas.