El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo como principal acusado en el 'caso mascarillas' por las presuntas comisiones irregulares en contratos de material sanitario durante la pandemia.
Su comparecencia se produce en la recta final de un juicio que arrancó el pasado 7 de abril y que entra ya en su última fase, a la espera de la prueba documental y de los informes finales de acusaciones y defensas, tras lo cual quedará visto para sentencia.
Durante su declaración, Ábalos ha asegurado que los sobres con gastos del PSOE y del Ministerio de Transportes eran gestionados por su exasesor Koldo García y posteriormente restituidos, y ha defendido que nunca ha utilizado el término “chistorras” o “folios” para referirse a dinero en metálico.
En este sentido, el exministro ha cuestionado el alcance económico de la causa al afirmar que las investigaciones solo han detectado 94.000 euros en una década. “El gran caso de corrupción de las mascarillas”, ha ironizado, asegurando que no existen pruebas de ingresos adicionales.
Ábalos, que permanece en prisión preventiva desde noviembre junto a su exasesor Koldo García, se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, una cifra que las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan hasta los 30 años.
Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años de prisión, mientras que el empresario Víctor de Aldama se enfrenta a una petición de siete años. Sobre él, José Luis Ábalos ha defendido la “lealtad” que mantiene con su exasesor al afirmar que a algunos les ha “decepcionado” que no se hayan “matado ni traicionado”.
“Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos. Todo este tiempo han intentado que así fuera y que apuntáramos para otros”, ha señalado Ábalos ante el tribunal.
La declaración del exministro llega después de una semana clave en el procedimiento. El empresario Aldama señaló en su comparecencia a Ábalos como pieza central de una supuesta “banda organizada”, mientras que Koldo García defendió la legalidad de sus actuaciones, negó la existencia de corrupción y reconoció haber recibido “chistorras”, término con el que se habría referido a billetes de 500 euros.
Por su parte, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostuvieron en sede judicial que “sin Ábalos” la trama “no hubiera realizado ninguna de las cuestiones que emprendieron”, reforzando la tesis de la acusación sobre el papel del exministro en la presunta red investigada.
Niega haber recibido dinero de Aldama
En otro tramo de su declaración, Ábalos ha negado este lunes haber recibido dinero del empresario Víctor de Aldama y ha asegurado que su relación con él fue “siempre indirecta”. También ha afirmado que “no hay evidencia” de entregas de dinero en mano, como sostiene la acusación.
Así, ha asegurado que en ningún momento dio la orden de contratar la adquisición de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario acusado. Al mismo tiempo, ha defendido que la decisión de comprar 13 millones de unidades partió de él, motivada por "la necesidad de generar una reserva estratégica" de material sanitario.
“Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello”, ha señalado en su declaración de este lunes, en la que comparece como principal acusado en el juicio por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.
Sobre el término “el jefe”, utilizado por Aldama para referirse a él, Ábalos ha sostenido que se trataría de una forma de “alardear” del empresario, sin corresponder a una relación real de jerarquía o confianza.
Admite su enfado por la auditoría de Transportes
Por otro lado, Ábalos ha reconocido que se enfadó “mucho” al conocer que su sucesor en el Ministerio de Transportes impulsaría una auditoría sobre los contratos de mascarillas, una decisión que, según ha defendido, le pareció “muy mal” por considerarla inédita y fuera de lo habitual.
Asimismo ha argumentado que este tipo de informes no son habituales cuando existe una causa penal abierta y ha sostenido que, según el manual de la Administración General del Estado, cuando aparece un posible delito la inspección debe paralizarse y trasladarse a la autoridad competente.
A su juicio, la auditoría no puede considerarse como tal porque, según ha dicho, debe ser externa, imparcial e independiente, y además invade competencias del Tribunal de Cuentas. En este sentido, ha afirmado que el proceso tenía un “sentido político”.
Discos duros y presuntas filtraciones
En otro punto de su declaración, Ábalos ha explicado que, tras su salida del Ministerio, se produjo una mudanza rápida en la que sus dispositivos acabaron en poder de su exasesor Koldo García. Ha señalado que no recordaba que los tenía hasta la detención de este, momento en el que informó al juez de la Audiencia Nacional de que eran suyos, aunque sin obtener respuesta.
El exministro ha denunciado además la filtración de información sensible, como datos sobre un inmueble que posee en Perú, que, según ha dicho, aparecieron en los discos duros intervenidos. Ha sostenido que dichas filtraciones se produjeron “tres días antes” de ser investigado y ha criticado una dinámica de divulgaciones durante toda la instrucción.
Ábalos también ha aludido a la difusión de un vídeo del comité federal de 2016, que solo habrían tenido él y el presidente del Gobierno, y que estaba almacenado en unos pendrives incautados en su domicilio, como ejemplo de las filtraciones que, según él, han acompañado el proceso.
Una relación de cuentas cruzadas
El exministro también ha explicado que, en ocasiones, era él quien asumía gastos de Koldo García, como suministros básicos de su vivienda, y que posteriormente “hacían cuentas”, aunque ha asegurado que “siempre era él el que me debía más dinero a mí”.
En ese contexto ha encuadrado mensajes intervenidos por la UCO como “te mando el dinero” o “déjalo, ya nos pelearemos después”.
Ábalos ha admitido además que su exasesor gestionaba sus gastos mediante “tres sobres”: uno para el partido, otro para el Ministerio y un tercero para gastos personales. Según su relato, esta separación respondía a instrucciones suyas para diferenciar los conceptos.
En otro orden de cosas, se ha negado a responder a las acusaciones populares y a la defensa del empresario Víctor de Aldama, a quien ha calificado de “ornitorrinco procesal”, acusándole de actuar de forma inusual como acusado y de “disparar a todas partes” para eludir responsabilidades.
“No voy a atender a la acusación popular por un principio de coherencia… Se viene a hacer una acción de oposición al Gobierno. Con todo el respeto, no puedo atender a las preguntas”, ha afirmado, tras denunciar lo que considera una instrumentalización de la Justicia.
Sobre el rescate de Air Europa, Ábalos ha defendido la actuación del Gobierno, asegurando que se trató de un préstamo devuelto y no de un rescate encubierto, y que la operación se realizó en un contexto de urgencia económica.