El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha defendido ante el Tribunal Supremo que en ningún momento dio la instrucción de contratar la adquisición de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario acusado Víctor de Aldama. A la vez, ha sostenido que la decisión de adquirir 13 millones de mascarillas partió de él, motivada por “la necesidad de generar una reserva estratégica” de material sanitario.
“Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello”, ha señalado en su comparecencia de este lunes, en la que declara como principal acusado en el juicio por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.
Según ha explicado, asumió la “orden política” de garantizar el suministro de mascarillas, pero la ejecución del encargo recayó en Puertos del Estado —responsable de 8 millones de unidades— y en Adif —encargado de 5 millones—, los organismos dependientes de Transportes a los que se encomendó la operación. Ha remarcado que ambos actuaban “en plenitud de su competencia y de su responsabilidad” como “órganos de contratación”.
Ha matizado, no obstante, que él no determinó el volumen total de compra, aunque sí intervino para que Puertos adquiriera ocho millones de mascarillas para 30 días, en lugar de cuatro millones para 15 días, porque de otro modo era “como no pedir nada” en un contexto en el que “era muy difícil encontrar material, cada vez más disputado”.
“Tienen que contratar como ellos crean conveniente. Yo no he contratado jamás, no he formado parte de ningún órgano de contratación. Tienen el mandato de comprar, pero no el de contratar con nadie en concreto. Tienen que contratar a quien crean, porque al final son ellos los que van a tener que responder de quien contraten”, ha recalcado al describir el margen de decisión de Puertos y Adif.
Respecto a la elección de Soluciones de Gestión por parte de estos entes públicos, Ábalos ha sostenido que, si “no les gustaba” esa propuesta, “podían haber cogido otra”. A su juicio, “el problema es que las otras podían merecerles bastante menos confianza, y sobre todo es que igual les tocaba adelantar un dinero que no querían arriesgar”, ha apuntado sobre las alternativas disponibles.
Ha insistido en que no tuvo conocimiento directo de “ninguna” de las ofertas presentadas y que se enteró de que “hubo varias”, hasta “cuatro coetáneas” a la de Soluciones de Gestión”, por la información que le trasladó su asesor, también acusado, Koldo García.
“Este tema solamente lo despaché con el subsecretario, con nadie más, y él me dijo que, aunque la ley de contratos del sector público para situaciones de emergencia y el propio decreto del estado de alarma creado para esta situación no exigía la concurrencia, quedaría bien si hubiera algunas ofertas más”, ha relatado sobre cómo se gestionó el procedimiento.
Ante esa sugerencia, Ábalos asegura que ordenó “buscarlas” y se ha mostrado “convencido” de que “al menos algunas hubo”: “Por mi mano no pasó ninguna, por lo tanto no sé ni quiénes, pero a mí, por lo que se me respondió y lo que me consta, es que más de una hubo seguro”.
Nada especial, “un contrato más de Transportes”
El exministro ha asegurado que no mantuvo conversaciones con Aldama, el tercer acusado en la causa, antes de que se adjudicaran los contratos a Soluciones de Gestión, aunque ha admitido que es “probable” que supiera que estaba buscando material. “Pero en ese momento uno lo interpreta casi como una ayuda, en aquel momento es que necesitábamos de todo el mundo”, ha explicado, subrayando que no trató “con nadie” y “en ningún contrato”.
Ha remarcado que su “obsesión” era disponer de “equipos de protección ya”, y ha defendido que “la preselección se podía hacer perfectamente y es legal, ya que la legislación permitía eso” en el marco de la emergencia sanitaria.
Ábalos ha recordado que estaba al frente de uno de los ministerios designados como autoridad para la gestión de la pandemia y que todo el sistema de transporte fue declarado servicio esencial, lo que obligaba a “proteger” a sus trabajadores. “De ahí deriva, básicamente, la necesidad de la protección de los trabajadores esenciales para garantizar a este país el suministro, el abastecimiento, de la alimentación, de las medicinas, y garantizar una mínima movilidad controlada en el país y tengo que decir que fue un éxito, porque este país no tuvo ningún problema”, ha sostenido.
Ha aludido a su “inquietud” por “encontrar un proveedor” y ha negado haber facilitado información privilegiada, alegando que “el problema estaba en quién conocía dónde vendían y cómo hacerlas traer”. “Fue una odisea traer mascarillas para todas las administraciones y al menos nosotros las pudimos traer los primeros y a un precio bastante inferior a la media”, ha reivindicado.
El exministro ha añadido que recomendó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretar el estado de alarma lo antes posible y ha recalcado que la adjudicación de las mascarillas no tuvo un carácter excepcional dentro del departamento, ya que Transportes contrata “por cantidades bárbaras”.
“No me he metido jamás en nada de contratación y éste para mí no era un contrato especial, salvo en el objeto de la compra. Todo lo demás, para mí era un contrato más del Ministerio”, ha concluido ante el tribunal.