El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le exima de acudir en persona a la vista preliminar del juicio por las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas y que, del mismo modo que su exasesor Koldo García, se le permita seguir la sesión por videoconferencia desde el centro penitenciario.
Así se recoge en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el letrado de Ábalos expone que los desplazamientos desde prisión, donde el exministro permanece interno desde noviembre, “suponen un deterioro anímico y físico” para el acusado.
“Entendemos que el sufrimiento que supone no puede sino justificarse con la necesidad imperiosa de dicho traslado a sede judicial, que entendemos --respetuosamente-- no se da en el caso que nos ocupa”, argumenta el abogado Marino Turiel.
Críticas a las condiciones de los traslados
En el mismo documento, Turiel subraya que los internos “son trasladados en furgones blindados diseñados para la seguridad, no para la comodidad” y, “a menudo”, compartiendo habitáculos “reducidos y en condiciones de higiene más que mejorables”.
Recuerda asimismo que el Defensor del Pueblo “ha recomendado en ocasiones la revisión de los protocolos para evitar desplazamientos innecesarios y mejorar las condiciones”.
En paralelo, la defensa de Koldo presentó otro escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que destaca que su conducción a la Audiencia Nacional el pasado 21 de enero desde la prisión de Soto del Real (Madrid) —para la entrega de un disco duro con información de varios dispositivos intervenidos por la Guardia Civil— se llevó a cabo “sin proporcionarle un sistema de retención compatible” con su complexión física.
Ese dispositivo, según la abogada Leticia de la Hoz, le provocó “erosiones en ambas muñecas y traumatismos dorsales”. Unos perjuicios que, a su juicio, “resultan a todas luces gratuitos y desproporcionados, por cuanto no existe riesgo de fuga ni antecedentes de resistencia”, añade.
Tras la solicitud de Koldo, el Supremo reclamó a los servicios médicos del centro penitenciario un informe sobre su situación clínica antes de pronunciarse sobre la posibilidad de que el exasesor comparezca en la audiencia preliminar por videoconferencia.
Obligación de comparecer y trámite de la vista
La vista se celebra al amparo de la Ley de Eficiencia de Poder Judicial. El artículo 785 establece que la audiencia preliminar “requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”, de modo que Ábalos, Koldo y el empresario Aldama estarían obligados a comparecer.
El precepto precisa que las partes “podrán exponer lo que estimen oportuno” antes del juicio oral, en relación con “la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas”.
“Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa”, recoge asimismo el artículo.
Una vez concluida la audiencia, el juez o tribunal “examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás”. Esta decisión se adoptará “de forma oral”, salvo que, “por la complejidad de las cuestiones planteadas”, resulte necesario dictarla por escrito.
Las penas solicitadas por las acusaciones
En el plano penal, la Fiscalía interesa 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que el Ministerio Público.