El exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García han sido separados y ya no comparten celda en la cárcel madrileña de Soto del Real, justo un día antes de que el Tribunal Supremo determine si continúan en prisión, donde se encuentran internos desde el pasado 27 de noviembre.
Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, ambos pasarán a ocupar a partir de ahora una celda individual. Este jueves, el alto tribunal examinará los recursos presentados contra su ingreso en prisión provisional, acordado por un riesgo "extremo" de fuga ante la cercanía del juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
La Sala de lo Penal ha señalado dos vistas para analizar ambos recursos. A las 10.30 horas está previsto que se estudie el recurso de Ábalos y, a continuación, media hora más tarde, el de Koldo.
En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, Ábalos acusa al magistrado de hacer un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales".
La defensa del exministro reclama al Supremo que acuerde su puesta en libertad, al negar que exista riesgo de fuga y sostener que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de" la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, "tras su paso por un centro penitenciario".
Por su parte, Koldo también solicita al Supremo que le deje en libertad y se ha mostrado dispuesto a abonar una fianza para poder salir de la cárcel. Defiende que el aumento de su patrimonio está "justificado" por sus ingresos y critica que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".
La Fiscalía reclama una pena de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. A su vez, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, piden 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma condena que el Ministerio Público.