QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que ciertos aspectos de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) podrían no alinearse con el derecho comunitario, como el período de dos meses para decidir sobre su aplicabilidad en casos específicos. Sin embargo, ha rechazado que la ley constituya una “autoamnistía” o que interfiera con la normativa de la UE contra el terrorismo o con los intereses financieros de la Unión.
La opinión del Abogado General, aunque no vinculante, suele influir significativamente en las decisiones del TJUE. Además, ha advertido sobre el levantamiento de medidas cautelares mientras se resuelve la situación en Luxemburgo.
El TJUE ha tratado preguntas prejudiciales vinculadas con la aplicación de la amnistía en cuatro casos, habiendo celebrado audiencias para dos de ellos hasta la fecha, según Dean Spielmann, abogado general en Luxemburgo.
VULNERACIÓN DEL DERECHO A TUTELA JUDICIAL
Respecto al Tribunal de Cuentas, el Abogado General ha concluido que la amnistía no afecta los intereses financieros de la UE, ya que “no existe un vínculo directo entre los actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos del presupuesto de la Unión”. No obstante, ha señalado que el plazo de dos meses podría ser insuficiente para determinar la cobertura de la LOA, lo que podría comprometer la independencia judicial. Aunque el Gobierno español ha indicado que este plazo es “estrictamente indicativo”, nadie ha contradicho este punto.
Otra preocupación es que solo el Ministerio Fiscal y las administraciones públicas pueden apelar el archivo de los casos, excluyendo a las acusaciones populares de debatir los elementos clave del caso, lo que podría vulnerar el Derecho comunitario.
NO HAY COLISIÓN CON LA DIRECTIVA ANTITERRORISTA
En relación con los miembros de los CDR acusados de terrorismo, el Abogado General ha confirmado que no hay conflicto con la directiva europea anti-terrorista, subrayando que la normativa española no impide la efectividad de la ley europea. Asimismo, ha descartado que la LOA constituya una “autoamnistía” y ha afirmado que se ajusta a los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al haberse aprobado en un contexto de reconciliación y no incluir violaciones graves de derechos humanos.
